Otro caso del PP que salpica al PSOE: Rus y el exsubdelegado del Gobierno, procesados

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dado otro paso para desatascar la situación procesal de las numerosas piezas que surgieron del llamado caso Taula, la operación policial que puso patas arriba al Partido Popular de la provincia de Valencia, con el testimonio del llamado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, como principal reclamo. La magistrada instructora, que sustituye al titular por enfermedad, ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, y los que eran sus principales colaboradores, Emilio Llopis, Máximo Catura y el propio Benavent, a los que se imputan delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.

En las dos piezas para las que dicta auto de procedimiento abreviado (B y F) se investiga la presunta contratación irregular de personas vinculadas a los populares en la empresa provincial Imelsa (hoy Divalterra), pero también en Ciegsa, sociedad autonómica encargada de la construcción de colegios e institutos de la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 12 años de prisión para Rus, Caturla y Llopis y rebaja la pena para Benavent por arrepentimiento y colaboración, a nueve años y seis meses.

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El caso forma parte de una causa más amplia de la que queda pendiente por dictar auto de procesamiento o archivo de la presunta financiación irregular de campañas de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, un caso que le costó la salida del PP y el paso al grupo mixto del Senado antes de fallecer en noviembre de 2016 en el Hotel Villa Real. Su muerte supuso la extinción de la responsabilidad penal de la veterana política conservadora, pero no la de los concejales que presuntamente participaron en una operación de 'pitufeo' o blanqueo de capitales haciendo aportaciones a la campaña tras recibir previamente billetes de 500 euros.

Aunque se trata de un caso vinculado a los años de gestión del PP, la causa ha alcanzado también a los socialistas. Entre los procesados está Rafael Rubio, el exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana que fue detenido la semana pasada en el marco de la operación Azud por, presuntamente, haber recibido comisiones del promotor Jaime Febrer para ganarse su complicidad cuando era concejal en la oposición en el Ayuntamiento que dirigía Barberá. El teniente de alcalde de la exalcaldesa Alfonso Grau, también está en prisión provisional, al igual que Febrer.

Ahora, Rubio se enfrenta por el caso Imelsa a seis años de cárcel —según reclama Anticorrupción— por un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial, y un delito continuado de prevaricación administrativa. Su situación por esta pieza era la misma que en Azud, formaba parte de la oposición como diputado provincial en la Diputación de Valencia y la instructora y la acusación creen que fue cómplice de las contrataciones irregulares.