La incertidumbre jurídica ensombrece el optimismo económico de las CCAA
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DESCONCIERTO AUTONÓMICO

La incertidumbre jurídica ensombrece el optimismo económico de las CCAA

La inseguridad sobre la respuesta de los jueces a las medidas de las autonomías solapa el deseo de ir abriendo espacios a la normalidad gracias a las vacunas y el descenso en los contagios

placeholder Foto: Presidentes autonómicos, en los actos del Doce de Octubre en Madrid. (EFE)
Presidentes autonómicos, en los actos del Doce de Octubre en Madrid. (EFE)

"Hemos pasado del estado de alarma al estado de confusión". El mensaje es del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), y da cuenta del caos en que se ha sumido la desescalada en España. Son las comunidades y los jueces los que deben autorizar las restricciones que afecten a derechos fundamentales, pero los pronunciamientos están yendo en sentido inverso incluso dentro de una misma comunidad, como Andalucía, con resoluciones a favor y en contra según la provincia donde se solicitan cierres perimetrales de municipios. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra y el Gobierno de Pedro Sánchez ignora la presión de las comunidades, que han lanzado un grito de auxilio ante el desconcierto por medidas contradictorias de la Justicia y preocupados por las imágenes de desmadre del fin de semana.

El último en pronunciarse fue el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que se ha negado a que el Gobierno foral pueda imponer restricciones que afecten a los derechos fundamentales. El alto tribunal navarro no ha autorizado el toque de queda que dictó el Gobierno autonómico al considerar que no está justificada su “necesidad y proporcionalidad” para evitar concentraciones como los botellones y los problemas de control que ocasionan. Los jueces tampoco han ratificado el horario de cierre de las terrazas de los bares a las 22:00, al considerar que es una medida “ligada al toque de queda”. Sí han autorizado la limitación de reuniones a un máximo de seis personas en espacios públicos y privados.

Los jueces tumban el toque de queda y el horario de la hostelería en Navarra

Desde el domingo, los tribunales superiores de cinco autonomías han resuelto con criterio contradictorio sobre regulaciones del toque de queda, el cierre perimetral o la limitación de las reuniones sociales. Los tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y Baleares han avalado esas restricciones, mientras que los del País Vasco, Canarias y Navarra las han rechazado. En Andalucía, el TSJ da una de cal y otra de arena: ha autorizado el confinamiento de tres municipios de Sevilla y Cádiz, pero ha denegado el de otro en Granada, aunque en todos se pedía el cierre perimetral por una elevada incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta incertidumbre judicial y la inseguridad a la hora de fijar medidas en esta nueva fase de la pandemia, una vez superado el estado de alarma, están ahogando los discursos más optimistas. Gobierno central y autonomías comparten la impresión de que el avance de la vacunación permite vislumbrar el final de la pandemia. Este martes, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en el mensaje del lunes del presidente Pedro Sánchez de que en 100 días se alcanzará la inmunidad de rebaño en España. Ese factor y otros como la posibilidad de que sectores tan castigados como el turismo se recuperen con la reanudación de la llegada de visitantes británicos a finales de mayo, como ha pronosticado la ministra de Industria, Reyes Maroto, alimentan una sensación de optimismo en algunas regiones.

Foto: Pedro Sánchez junto al presidente de Argentina en Moncloa. (Reuters)

Un caso claro es el de la Comunidad Valenciana. La autonomía acumula las mejores cifras de contagios de España, presenta ratios hospitalarias mucho más relajadas que en el pico de crisis que sufrió en enero y ha reducido la mortalidad a los índices más bajos desde el inicio de la pandemia.

Pese a estos indicadores epidemiológicos, la Generalitat optó por mantener el toque de queda a partir de las 12 de la noche tras el final del estado de alarma el pasado domingo, limitar las reuniones en espacios públicos y privados a un máximo de 10 personas, un aforo del 50% en el interior de la hostelería, que podrá cerrar a las 23:30, y acotar al 75% el aforo en lugares de culto. Se trata de asegurar una "apertura progresiva que gracias a la vacunación no tendrá marcha atrás".

Foto: Tribunal Constitucional. (EFE)

Como ha ocurrido con Baleares, el TSJ valenciano no ha tumbado la propuesta y ha avalado las medidas, que buscan combinar prudencia y apertura para evitar un repunte que obligue a rectificar antes de que se completen las pautas de vacunación para obtener la inmunidad.

Ximo Puig pide todavía prudencia, aunque atisba la existencia de una “alegría en la atmósfera”. En el entorno del ‘president’ son conscientes de que la población está acumulando una fatiga pandémica importante y está empezando a reclamar signos de relajación de las restricciones si se dan las condiciones sanitarias. Muchos barones, también socialistas, han tomado nota del resultado electoral de Madrid. Y, aunque no se confiesa en público, son conscientes de que el mensaje de menor control por parte del poder público en una población que lleva más de un año con algunas libertades recortadas ha sido un factor que ha contribuido a la victoria de la popular Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez considera que el estado de alarma es el pasado

En esa clave y en la confianza de que la situación epidemiológica consolide su mejora se explica, por ejemplo, que se haya habilitado la primera semana de septiembre para celebrar fiestas populares pendientes como las Fallas de Valencia o la Magdalena de Castellón. Esta es la mejor señal de que la alegría, aunque contenida, ha comenzado a instalarse en algunos territorios.

Andalucía es otra de las comunidades que se sumaron con ímpetu a la apertura, dando por finalizadas todas las restricciones que caían con el estado de alarma, y que ahora admiten "preocupación" por las consecuencias de lo ocurrido el fin de semana a partir de junio, en pleno estreno del verano turístico. El Gobierno de Moreno Bonilla ha ido cambiando su posición. Primero se sumó a pedir una prórroga del estado de alarma durante un mes para asegurar el control de la pandemia. Después, mientras los datos mejoraban en la comunidad y se controlaba la cuarta ola, este gabinete autonómico insistía en que la "dejación de funciones" del Gobierno de Pedro Sánchez iba a abocar a las autonomías a una situación muy complicada y reclamó una reforma legal urgente para dotar de mayor seguridad jurídica a los presidentes en la toma de decisiones para mantener a raya los contagios.

Foto: Montefrío. (EFE)

En la antesala de la caída del estado de alarma, finalmente el Ejecutivo andaluz de PP y Cs anunció la situación en que quedaba la comunidad tras el 9 de mayo y situó Andalucía en el club de las que menos restricciones adoptaban en España. El Gobierno andaluz no hizo recomendación alguna sobre las reuniones en domicilios, en otras comunidades limitadas a seis personas, no pidió toque de queda al TSJA, permitió la hostelería abierta hasta las 12 de la noche y abrió el ocio nocturno, con discotecas hasta las dos de la madrugada.

El giro de guion del Gobierno andaluz se produjo tras arrasar Isabel Díaz Ayuso en Madrid, con los datos de la pandemia entre las comunidades que más habían controlado la enfermedad y con un guiño claro a la temporada turística. Sin embargo, ahora admiten que hay "preocupación" y no descartan volver a endurecer las restricciones si la incidencia empeora en los próximos días.

La única petición que de momento Andalucía ha puesto sobre la mesa no es al TSJA, sino al Gobierno de la nación, para solicitar, una vez más, una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes para pactar un marco común en toda España, que se fije una hoja de ruta para la desescalada. Pese a confesar ese temor de que los datos empeoren, el Ejecutivo autonómico descartó de momento solicitar a los jueces permiso para imponer un toque de queda.

Este martes, la sorpresa vino de la mano de resoluciones judiciales contradictorias sobre el confinamiento perimetral en municipios con una tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno andaluz recibió del TSJA indicaciones distintas el mismo día ante peticiones prácticamente idénticas. Algo que llevará directamente al Supremo, mientras insiste en denunciar la ausencia de planificación por parte del Gobierno de España.

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