Envían al banquillo a los difusores del caso Bar España, el mayor bulo contra políticos
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Envían al banquillo a los difusores del caso Bar España, el mayor bulo contra políticos

Un juez de Castellón inicia el procedimiento para abrir juicio oral contra 11 personas por inventar y dar publicidad a un caso de pederastia y asesinato que implicaba a cargos del PP

Foto: Francisco Camps (i) conversa en una imagen de 2011 con el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. (EFE)
Francisco Camps (i) conversa en una imagen de 2011 con el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado como primer paso para la apertura de juicio oral contra once personas por hacer difusión pública durante años del mayor bulo difamatorio contra políticos, jueces y personalidades españolas, el conocido como caso del Bar España. El magistrado considera que los investigados, entre los que figura el cineasta Valentí Figueres, dieron publicidad y alimentaron el invento de una supuesta red de pederastas y asesinos que tenía como lugar de encuentro un local de hostelería de Benicarló, donde se habrían producido asesinatos y violaciones de menores. Les imputa delitos contra la integridad moral, contra la administración de justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Entre las personas a las que trataron de implicar en esas acusaciones, ya demostradas falsas en actuaciones judiciales anteriores, están el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el capitán de la Guardia Civil, Carlos Yacoub; o la magistrada Sofía Díaz. Además, los mismos promotores del bulo achacaban a altos cargos de la Administración autonómica actual como la vicepresidenta, Mónica Oltra, o la 'consellera' de Justicia, Gabriela Bravo, que no persiguiesen los delitos fabulados y tratasen de encubrirlos.

placeholder La actual vicepresidenta y Portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en una imagen reciente. (EFE)
La actual vicepresidenta y Portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en una imagen reciente. (EFE)

Este caso delirante tiene su origen en los primeros bulos inventados por Reinaldo Colás, quien llegó a presentar denuncias por la existencia de esta presunta red de peredastia que, según fabuló, tenía como víctimas a niños del centro de menores Baix Maestrat que "eran arrancados de sus casas y llevados al centro con la finalidad de utilizarlos como carne para tráfico sexual". Colás, fallecido en 2017, ya fue condenado por denuncia falsa, al igual que uno de los ahora investigados Joaquín Crespo. Entre el material que crearon para dar similitud a sus bulos incluso hicieron uso de testimonios inventados de menores del mismo centro a los que obligaron a "aprenderse unos textos grabándolos en la parte superior de su local de peluquería ubicado en Benicarló o en sus propios domicilios conteniendo las acusaciones después publicadas y mantenidas por los demás investigados".

Gran parte de ese material audiovisual y documental inventado sigue circulando por Internet vía redes sociales. YouTube incluso mantiene en abierto un canal denominado 'Las cloacas del sistema' que recopila parte de los bulos, así como otros vinculados al caso de las niñas de Alcàsser.

Foto: Jordi Évole en 'El hormiguero'. (7yAcción)

Los once investigados a los que el juez de Castellón quiere enviar al banquillo son Joaquín Crespo, Nuria Carque, María Pilar Teresa Baselga, Juan Lankamp, Virginia Mota, Ramón Valero, Valentí Figueres, Carlos García Viejo, José Eduardo Sánchez, Javier Fernández Torres y Santiago Cordido García, este último como responsable civil del periódico 'Aquí Actualidad'. Para Crespo y Lankamp, el juez mantiene, no obstante, el sobreseimiento provisional al encontrarse en paradero desconocido y no haber participado en la instrucción.

Entre las formas de difusión del bulo, el auto judicial cita por ejemplo al cineasta Figueres, quien ha mantenido en distintas entrevistas la certeza de los hechos cometidos sobre los menores por parte de los perjudicados. Según difundió de forma presuntamente difamatoria, los políticos o jueces constituían "una trama de pederastia identificada por él mismo como 'La Manada', resaltando la realidad de violaciones e incluso muertes de menores del centro de menores Baix Maestrat (…) y la utilización de jueces y fiscales para ocultar lo ocurrido en el Bar España", señala el auto. "En dichas entrevistas, mencionaba un documental por él mismo grabado manifestando que 'España era un país en el que no se permitía investigar este tipo de casos'", dice el magistrado.

Foto: Dolores Delgado, fiscal general del Estado desde el pasado mes de enero. (EFE)

También se cita en el auto de procedimiento abreviado el caso de Virginia Mota San Máximo, licenciada en Historia y, redactora del medio digital 'Aquí Actualidad' cuyo responsable era Cordido García. Mota publicó en la edición del periódico correspondiente al día 14 de noviembre de 2016 un artículo titulado 'Una red de pedofilia implica a políticos muy conocidos'. En el texto afirmaba literalmente, que "casi un centenar de niños fueron violados de forma continuada en Castellón durante más de una década. Hoy, todo sigue en silencio".

En idénticos términos, Jose Enrique Sánchez Juan, a través de diversas publicaciones y vídeos de YouTube y esencialmente a través del medio digital 'La Tribuna de España' del que era editor, vino hablando y manteniendo la imputación de los bulos: "Así y, a título de ejemplo, en fecha 13 de octubre de 2018, se publicó en la 'Tribuna de España' y, escrito por Josele Sánchez (José Enrique Sánchez Juan), un artículo bajo la rúbrica: 'Abogados contra la corrupción se persona en el caso Bar España'".

"Ninguno de los anteriores ha realizado labor alguna de contrastación y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas", advierte el auto judicial. El Ministerio Fiscal y la acusación particular tienen ahora diez días para solicitar la apertura de juicio oral o solicitar la instrucción de diligencias complementarias.

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