El TSJ valenciano no es el vasco: mantiene cerrada (por ahora) la hostelería por el covid
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RECHAZA LA CAUTELARÍSIMA

El TSJ valenciano no es el vasco: mantiene cerrada (por ahora) la hostelería por el covid

La Sala de lo Contencioso rechaza la cautelarísima que pedían hosteleros de Castellón para que la Generalitat explique las razones sanitarias del cierre y decidir si es proporcionado

placeholder Foto: Protesta de hosteleros de Castellón. (EFE)
Protesta de hosteleros de Castellón. (EFE)

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido mantener el cierre temporal de la hostelería decretado por la Generalitat valenciana el pasado 19 de enero con el fin de tratar de frenar la transmisión del coronavirus, y que fue prorrogada el 12 de febrero. En un auto conocido este martes, el tribunal desestima la suspensión cautelarísima del cerrojazo que había solicitado la Asociación de Hosteleros de Castellón (Ashocas), que esta misma semana había desconvocado, además aperturas de protesta contra la medida del Gobierno de Ximo Puig a la espera de la decisión judicial.

La resolución, que no es firme y se puede recurrir por las partes, no se pronuncia sobre el contenido de la decisión administrativa, sino que entiende que no es fundada la solicitud de suspensión "cautelarísima" que pretendían los hosteleros cuando su escrito llegó a la Sala con fecha de 15 de febrero, ayer lunes, es decir, 25 días después de que la Generalitat publicase su decreto. "Por consiguiente, dadas las particulares circunstancias concurrentes, procede dar curso a la medida cautelar instada por el trámite ordinario, si bien reduciendo el plazo general de díez días, a cuyo efecto procede conferir a la Generalidad plazo hasta las 14 horas del día 18 de febrero de este mes". Es decir, la Administración autonómica, a través de la Abogacía, podrá argumentar ante el juez las razones epidemiológicas y de crisis sanitaria que le llevaron a considerar una medida excepcional como el cierre de bares y restaurantes.

Foto: El 'lehendakari', Íñligo Urkullu. (EFE)

La respuesta del TSJCV a Ashocas supone una jarro de agua fría a la estrategia de los hosteleros, que confian en que los tribunales valencianos sigan la vía vasca y tumben el cerrojazo administrativo para poder reabrir sus negocios. Es algo que, no obstante, podría ocurrir si finalmente el tribunal entiende no justificada la medida restrictiva, pero ya no será de forma inmediata.

El TSJ vasco dictó el pasado 9 de febrero un auto que permitía abrir a todos los locales por entender que su funcionamiento “no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”. De esta forma, atendió la solicitud de suspensión cautelar presentada por las tres asociaciones de hostelería de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa contra el decreto del lehendakari, Íñigo Urkullu, aprobado el 10 de diciembre (y prorrogado el 22 de enero) que impedía las aperturas en los municipios clasificados en alerta roja. El auto concluía que “no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”. De todas formas, tomó esta decisión después de haber hecho lo mismo que el tribunal valenciano. Es decir, primero denegó la cautelarísima, y después escuchó los argumentos del Gobierno vasco, que no creyó proporcionados.

Esta resolución ha sido polémica por las opiniones que el presidente de la Sala de lo Contenciosos del TSJ vasco, Luis Ángel Garrido, había expresado previamente sobre la capacitación médica de los epidemiólogos, que calificó como médicos de cabecera "con un cursillo", y por el hecho de que su perfil de WhatsApp estuviese encabezado por el eslogan negacionista 'no más confinamientos'. Garrido ha pedido perdón públicamente, pero el Gobierno vasco ha decidido no recurrir la repaertura de los negocios de hostelería, que Garrido justificó por entender que las restricciones eran "las que se daban en la Edad Media". El Ejecutivo de Urkullu ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que refuerza la cobertura jurídica de las autonomías para poder implantar medidas restrictivas sin estar al albur de las interpretaciones de los tribunales autonómicos.

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