Ximo Puig responde a la cuesta de enero con un plan de choque anticovid de 340 millones

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, está tratando de recuperar la iniciativa en la respuesta de la Administración autonómica al impacto económico del coronavirus a la vez que gana tiempo en la batalla para doblegar la curva de contagios y fallecimientos. Pese a las peticiones de alcaldes de municipios muy afectados y de sus socios de Gobierno para que eleve las restricciones y solicite al Ministerio de Sanidad el cierre domiciliario con el fin de frenar el incremento de la curva, el barón socialista sigue resistiéndose.

Este lunes, volvía a insistir en que cree que las medidas impuestas en la Comunidad Valenciana están todavía por evaluar, aunque admitió que "son insuficientes" y que "si es necesario" podría ser conveniente que el Gobierno revisase el alcance del estado de alarma para poder ampliar los horarios de toque de queda u obligar a los ciudadanos que se queden en su casa salvo causa justificada, como reclaman Castilla y León, Andalucía, Murcia o Asturias.

Por la noche, el 'president' convocó la mesa interdepartamental para la prevención el covid, en lo que se augura un nuevo debate de ampliación de restricciones. La presión asistencial sigue creciendo en los hospitales valencianos, con varios centros al borde del colapso y desviando pacientes a clínicas privadas y con los hospitales de campaña ya en marcha. La jornada marcó un nuevo récord de fallecimientos, 95 muertos desde la última actualización. La incidencia acumulada de casos por en catorce días roza los 900 positivos por cada 100.000 habitantes. No es descartable que el Consell valenciano solicite anticipos del toque de queda o, incluso, algún tipo de ampliación de los confinamientos al Gobierno.

A la espera de conocer si el plan actual de la Generalitat logra frenar la incidencia del virus, el Consell valenciano ha consensuado internamente, con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Confederación Empresarial Valenciana (CEV, integrada en la CEOE), un plan de choque para ayudar en la medida de lo posible a los sectores económicos más golpeados para la pandemia. Con el turismo prácticamente en cuidados intensivos, bares y restaurantes cerrados desde las cinco de la tarde y con fuertes limitaciones de aforo y las industrias asociadas a fiestas y eventos populares con la actividad congelada, la previsión es que PIB regional sufra un importante mazazo en el primer trimestre del año. Solo el turismo representa más del 15% del producto interior bruto en una autonomía con un tejido compuesto en un 90% por pequeñas y medianas empresas inmersas desde marzo en expedientes de regulación temporal de empleo y con miles de trabajadores autónomos que han suspendido su actividad.

El llamado Plan Resiste, dotado con 340 millones de euros, es la herramienta con la que la Administración valenciana busca colaborar en la red de seguridad para 21.000 empresas y más de 43.000 autónomos susceptibles de beneficiarse. Entre las medidas que contempla están los 120 millones de euros que Puig ya pactó con diputaciones provinciales y ayuntamientos para generar un plan de ayudas directas.

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Ximo Puig presentó el plan de choque tras la reunión mantenida con el secretario general de CCOO-PV, Arturo León; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro, a la que también han asistido el 'conseller' de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; el 'conseller' de Economía Sostenible, Rafa Climent, y el 'conseller' de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà. En la comparecencia ante los medios, Navarro valoró la propuesta, pero reclamó "agilidad" a la Administración a la hora de implementarla. El atasco burocrático en la puesta en marcha de estos planes es una de las deficiencias que más señalan los posibles beneficiarios, si bien fuentes del Consell apuntan a los problemas de coordinación y cruces de información con el Gobierno central como una de las causas principales de los posibles atascos.

Ese es el riesgo en el caso de las ayudas a los afectados por ERTE, que el Plan Resiste ampliará para contrarrestar los decensos en las rentas, o en una línea de apoyo al pago de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas, anunciado por el 'president' para tratar de colaborar en el sostenimiento de los costes laborales.

El dinero para implementar el plan procede de cuantías todavía no asignadas en el presupuesto de la lllamada inciativa React-EU, dotada de fondos europeos dirigidos a reactivar la economía y blindar la prestación de servicios públicos con la pandemia. De los 10.000 millones que el Ministerio de Hacienda ha asignado a las autonomías, la Comunidad Valenciana ha presupuestado 1.250 millones de euros.

Durante su intervención, el 'president' ha asegurado que el Consell está concentrando su gestión en la superación de la pandemia y la reactivación económica, porque la prioridad ahora es "salvar vidas, salvar trabajos y empresas, y salvar familias", todo ello "de manera simultánea", dijo.

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Los sectores afectados concentran el 30% de la pérdida del valor añadido y el 59% de la destrucción del empleo de la Comunitat Valenciana, según explicó.

Durante su intervención el 'president' explicó que el plan de choque se articula en cuatro bloques: ayudas directas a empresas, autónomos y trabajadores afectados por ERTE, dotado con 105 millones de euros; ayudas específicas para sectores con un perjuicio sostenido durante toda la pandemia, con ocho millones de euros; nuevos instrumentos financieros del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por importe de 100 millones de euros, y el Fondo de Cooperación Covid-19, acordado con diputaciones y ayuntamientos, que alcanzará los 127 millones de euros.

En concreto, dentro del primer bloque de ayudas, las principales medidas establecidas en el plan son una línea de 80 millones de euros de ayudas directas de la Generalitat dirigidas a bonificar hasta el 100% las cuotas a la Seguridad Social de las más de 21.000 empresas y 43.000 autónomos de los sectores de alojamiento y hostelería, agencias de viaje, actividades artísticas, recreativas y de ocio.

Asimismo, se contempla conceder ocho millones de euros para los 26.000 autónomos más afectados por el cierre total de su actividad o la reducción drástica de los ingresos. Se trata de una ayuda autonómica que será complementaria a la prestación que ya han recibido de la Seguridad Social.