El contratista de los hospitales de campaña reclama 8 M a la Generalitat valenciana

Empezó bien, pero puede terminar mal y en los tribunales. La liquidación de los contratos de construcción y equipamiento de los hospitales de campaña que la Generalitat valenciana anunció en el arranque de la primera ola de la pandemia de coronavirus, el pasado 19 de marzo, ha generado una importante discrepancia entre el contratista, una filial del grupo Hispano Vema, y las 'conselleries' de Sanidad y Justicia, responsables de formalizar los acuerdos y realizar los desembolsos. La razón del conflicto hay que buscarla en parte en las lagunas que genera el uso continuado de la vía de emergencia para realizar compras y contratos en esta era pandémica, donde pueden realizarse encargos verbales sin mediación de presupuestos o concurrencia de ofertas, dando lugar a que después se produzcan diferencias en las certificaciones y facturas, que la Intervención examina con lupa.

Esto es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de los contratos de la Generalitat que preside Ximo Puig con la mercantil Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT). Justicia y Sanidad suscribieron sendos contratos, uno por tres hospitales de campaña en las ciudades de Valencia, Castellón y Alicante, y otro por el equipamiento de material médico y asistencial, de algo más de cuatro millones de euros cada uno. Sin embargo, desde el inicio de las obras y la provisión de los suministros, surgieron nuevos encargos que han elevado la cifra final hasta alrededor de 16 millones de euros.

De estos, 11 millones se corresponden con el coste que la empresa contratista ha trasladado a la Generalitat como consecuencia de varias ampliaciones que han ido encareciendo la factura. Una de ellas es la extensión de las carpas a través de 'fingers' para conectar las instalaciones desmontables con los hospitales en cuyos terrenos anexos se levantaron de forma provisional. Estas ampliaciones se produjeron a petición de la Conselleria de Sanidad de forma verbal y, cuando se han documentado los trabajos ya realizados, el contratista ha cifrado su coste en algo más de 2,6 millones de euros, avanzó 'Valencia Plaza'. Sin embargo, el departamento que dirige la socialista Ana Barceló solo reconoce de esta cantidad unos 700.000 euros, una discrepancia que ha atascado el resto del los procedimientos de pago a IDAT, según ha podido saber El Confidencial y admiten tanto en Sanidad como en Justicia, consejería comandada por Gabriela Bravo.

Los documentos emitidos por la empresa a la Generalitat elevan a ocho millones de euros el importe sin cobrar, entre otros, el desembolso del 25% pendiente de pago del contrato original de los hospitales, por más de un millón de euros. Justicia no acepta cubrir más que esa cantidad y pasa la pelota a Sanidad por el resto de trabajos encargados de forma verbal.

Este departamento ha iniciado una negociación con el contratista para tratar de alcanzar un acuerdo. Se trata de un procedimiento administrativo, todavía no judicializado. No es el único. IDAT todavía no ha cobrado el importe completo del contrato de suministro de material médico de 4,1 millones suscrito con la comisionada de la Presidencia para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección del covid-19. La empresa ha alegado que los acuerdos de compra contemplaban un primer pago del 50% del material en la formalización del contrato, fechado el 30 de marzo, y el resto un mes después, el 30 de abril, y que la entrega del material médico se ejecutaría conforme a la disponibilidad del mismo. El contrato, que no fue publicado en la Plataforma de Contratación del Estado hasta el pasado 11 de noviembre, está cumplido, pero Sanidad no ha procedido a una parte importante del desembolso del dinero.

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Víctor Romero. Valencia

Otro de los puntos de fricción es quién corre con el gasto de los baños y duchas. Estos elementos ya generaron problemas durante la fase de construcción, porque una empresa subcontratista, no IDAT, no cumplió con los estándares de calidad exigidos por la Conselleria de Justicia. Los primeros sanitarios fueron desechados y el contratista ofreció poner los nuevos. ¿En alquiler?, ¿como venta? Eso es lo que no está claro: quién se hace cargo de esta parte de la infraestructura, con un coste superior a medio millón de euros que tampoco ha asumido la Administración pública.

Fuentes de Sanidad y Justicia confían en que se produzca un acuerdo, al tiempo que la empresa, cuyos responsables no quisieron hacer declaraciones públicas, está también a la espera de encontrar una solución para cubrir gastos ya adelantados de su propia caja.

Los hospitales de campaña fueron adquiridos en una decisión liderada por el propio presidente de la Generalitat ante la posibilidad de que las hospitalizaciones por coronavirus desbordasen la red hospitalaria. Afortunadamente, no llegaron a ser necesarios, pero siguen montados por precaución y han servido para atender otras necesidades. Por ejemplo, en la infraestructura de Alicante, es el lugar en el que pasan la cuarentena los migrantes que llegan en pateras procedentes de Argelia a las costas alicantinas cuando dan positivo en la prueba PCR de covid que realiza Sanidad en colaboración con Cruz Roja. La Generalitat encargó los hospitales de campaña para tenerlos en propiedad y poder desplegarlos en cualquier otra situación de emergencia.