DOS DIRECTIVOS, CITADOS A DECLARAR

Valencia abre la vía penal contra altos cargos por falta de material sanitario de protección

Un juzgado cita a declarar a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad y al gerente del Área de Salud del Hospital General de Alicante tras una querella

Foto: Material sanitario procedente de China, almacenado en Valencia por la Generalitat. (EFE)
Material sanitario procedente de China, almacenado en Valencia por la Generalitat. (EFE)

El Juzgado de Instrucción 1 de Valencia ha incoado diligencias previas por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por falta de material sanitario en la Comunidad Valenciana durante los primeros meses de la pandemia, a raíz de la querella interpuesta por un grupo de abogados que se han personado en la causa como acusación popular.

El magistrado titular de este órgano ha citado a declarar en calidad de investigados al director gerente del Área de Salud del Hospital General de Alicante, Miguel Ángel García, y a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López, el próximo 3 de diciembre a las 11 y las 11:30, respectivamente, según informaron fuentes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Se trata de la primera causa abierta por la vía penal contra altos cargos de una Administración por el suministro de material de protección entre el personal sanitario de hospital y centro de salud. Al igual que ocurrió en otros territorios de España, la Comunidad Valenciana no fue ajena a las carencias de elementos de seguridad (EPI, mascarillas, etc.) durante las primeras semanas de la pandemia que estalló el pasado mes de marzo. Ese déficit fue cubierto progresivamente a través de compras realizadas principalmente en China por parte de la Generalitat, pero ha dado lugar a varias denuncias por parte de colectivos profesionales.

El Sindicato Médico CESM-CV también anunció el pasado mes de mayo otra querella contra la 'consellera' de Sanidad, Ana Barceló, y otros cinco altos cargos del departamento por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al ser la 'consellera' aforada por su condición de diputada autonómica.

La querella se extendió, además de a la 'consellera', a Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público; Amparo García Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria; Ofelia Gimeno, directora general de Salud Pública y Adicciones; David Fernández, subsecretario de la 'conselleria', y Carmen López Delgado, directora general de Recursos Humanos, ahora citada como investigada en la denuncia que instruye el Juzgado de Instrucción 1, en una diligencia adelantada por 'Las Provincias'.

La vía penal

Las deficiencias en la protección de los trabajadores sanitarios y las consecuencias físicas para ellos acumulan el grupo de denuncias que más visos tiene de prosperar en la vía penal. Diseminadas por todo el territorio nacional contra los responsables autonómicos, se encuentran también en poder del Tribunal Supremo, que espera aún el posicionamiento de la Fiscalía al respecto. Es decir, la decisión del juzgado de Valencia puede ser solo el prólogo de lo que vendrá, como han ido ya señalando condenas por estos mismos hechos en otro orden, el social.

La pionera en este último fue una magistrada de Teruel que dictó en junio la primera condena contra una Administración pública por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales, al no proporcionarles los equipos de protección individual (EPI) adecuados para protegerse contra el SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio e infección por la enfermedad del covid-19.

El juzgado condenó a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por poner en riesgo grave la vida, integridad física y salud de los sanitarios y lesionar su derecho a la integridad física y a la protección de la salud. La resolución concluía que la pandemia no es un supuesto de fuerza mayor, es decir, no era imprevisible e inevitable, y que no se tomaron las debidas precauciones frente a un riesgo evidente.

Comunidad Valenciana

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