ANTES DE LA VENTA DE ZETA AL GRUPO MOLL

El banco de la Generalitat autorizó el pago de dividendo del diario del que cobra Ximo Puig

El Instituto de Finanzas validó con el resto de acreedores de Zeta el reparto de beneficios a los minoritarios de 'Mediterráneo' antes de la venta con descuento a Moll. Puig cobró 18.000 euros

Foto: El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE)
El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE)
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El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)autorizó a la empresa Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), editora del periódico ‘Mediterráneo’ de Castellón, el reparto de dividendos durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 por importe de aproximadamente 1,6 millones de euros. El llamado banco público de la Generalitat, que era acreedor del Grupo Zeta, accionista mayoritario del diario (85%), hasta su venta el año pasado con un descuento del 70% a Prensa Ibérica, dio luz verde como integrante de un préstamo sindicado a una operación de la que se benefició el presidente valenciano, Ximo Puig, accionista del periódico, que en esos tres ejercicios recibió la suma de 18.000 euros por esos dividendos.

Según refleja una de las resoluciones del director del IVF, Manuel Illueca, a las que tuvo acceso El Confidencial, en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, el banco agente del préstamo sindicado del Grupo Zeta, CaixaBank, comunicó al resto del ‘pool’ el deseo de la empresa de proceder al reparto de dividendos en la sociedad editora de 'Mediterráneo', por importe de alrededor de 560.000 euros cada año. De estos, algo más de 85.000 euros correspondían a los accionistas minoritarios (15%). El presidente valenciano posee cerca del 1,2% del capital, un patrimonio que tiene su origen en la capitalización de su indemnización por despido como redactor de ‘Mediterráneo’ en la década de los ochenta y algunas compras posteriores.

La solicitud de distribución de beneficios era producto de varios requerimientos de algunos de estos accionistas minoritarios, entre los que figuran empresarios de la provincia de Castellón, pues el último reparto en la empresa se había producido en 2007. Tras recibir informes favorables de los técnicos del instituto autonómico, su director general autorizó el dividendo.

"La posición del IVF fue siempre la de posicionarse junto a la mayoría de las entidades del 'pool' bancario", explica el director del banco público

A preguntas de El Confidencial, Illueca explicó que el acuerdo de restructuración de la deuda del Grupo Zeta incorporaba una serie de cláusulas que “restringían de forma severa la capacidad de la empresa para la toma decisiones”. “De ahí la continua sucesión de ‘waivers’ [dispensas] que constan en el expediente de la operación. La autorización de estas dispensas requería la mayoría simple del ‘pool’ bancario, siendo en la práctica irrelevante la decisión del IVF, cuyo porcentaje sobre la deuda sindicada total se situaba por debajo del 2%. La posición del IVF fue siempre la de posicionarse junto a la mayoría de las entidades del 'pool' bancario”, señaló.

Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas. (EFE)
Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas. (EFE)

El director del banco de la Generalitat insistió en que durante los tres ejercicios en que la empresa editora solicitó repartir beneficios, el IVF condicionó su autorización a la decisión de la mayoría de los bancos que formaban parte del 'pool'. “Si la banca privada no hubiera considerado económicamente justificada la decisión, el IVF no habría podido, ni habría querido, autorizar el reparto de dividendos a los socios minoritarios”.

Sobre esos dividendos, Illueca argumentó que su desembolso en 2016, 2017 y 2018 por parte de Pecsa, una empresa que era rentable dentro de Zeta, no afectó al calendario de vencimientos de deuda con los acreedores. Además, aseguró que la autorización al pago de estos beneficios estaba “plenamente justificada desde una perspectiva económica, pues en caso de no producirse el reparto de dividendos, los minoritarios podrían haber ejercido su derecho de separación, contemplado en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, resultando todo ello en un desembolso a su favor de 2,3 millones de euros, cifra con capacidad real para impactar de forma negativa en la capacidad de repago del grupo”.

Los responsables de riesgos advirtieron de que el porcentaje de recuperación para el IVF podría ser inferior en caso de liquidación del Grupo Zeta

El Instituto Valenciano de Finanzas fue uno de los acreedores del Grupo Zeta que aceptaron en la primavera del año pasado la oferta presentada por Javier Moll (Prensa Ibérica) para quedarse con el conglomerado de medios de Antonio Asensio, entre los que figuran, además de ‘Mediterráneo’, ‘El Periódico de Cataluña’ o ‘Sport’. Moll desembolsó casi 30 millones de euros por toda la deuda del grupo (más de 100 millones de euros) con sus distintos acreedores, entre los que estaba la Generalitat a través del IVF. El banco público autonómico ingresó 553.027 euros y aceptó así un descuento o quita del 70% sobre su deuda pendiente de cobro, 1,8 millones en total. CaixaBank, Banco de Sabadell, BBVA, Popular (Santander) o el Institut Català de Finances también eran acreedores y aceptaron la propuesta de Moll.

La firma del acuerdo de traspaso de la posición acreedora del IVF se justificó con un informe del departamento de riesgos, al que tuvo acceso este periódico, que advertía de la posibilidad de que la recuperación fuera todavía menor en el caso de que Grupo Zeta, que ya acumulaba refinanciaciones y aplazamientos en sus pagos a Hacienda, entrase en liquidación. Un análisis encargado a Deloitte calculaba que en caso de quiebra del conglomerado de Asensio, los acreedores apenas podrían cobrar entre un 18,3% y un 30,5% de la deuda total, en el peor y el mejor escenario. Para el IVF, las posibilidades eran inferiores, entre un 13,5% y un 28%. Finalmente, recuperó un 30% con el traspaso a Prensa Ibérica.

Los escenarios de cobro de los acreedores en caso de liquidación del Grupo Zeta. (Deloitte)
Los escenarios de cobro de los acreedores en caso de liquidación del Grupo Zeta. (Deloitte)

Los responsables de riesgos del IVF calcularon, además, que la aceptación de la oferta de compra “no tendría ningún impacto negativo” en la cuenta de resultados del organismo, pues las provisiones prudenciales efectuadas por este cliente superaban los 1,32 millones de euros, cantidad similar a la quita ofertada por Moll.

Puig se niega a renunciar a una participación accionarial a la que da más valor sentimental que económico. Ha supuesto 18.000 euros en tres años

Para reforzar y blindar legalmente esta operación y otras similares en el futuro, el Consell de Ximo Puig aprobó un decreto de reglamento del IVF que lo autorizaba a participar en acuerdos de descuento y recuperaciones parciales en sindicatos bancarios. Este hecho, su participación accionarial en ‘Mediterráneo’ y la buena sintonía del barón socialista con los periódicos de Moll han llevado a la oposición a denunciar un trato de favor en la aceptación de la oferta de Prensa Ibérica.

Aunque técnicamente la venta de la deuda parece irreprochable, el hecho de que Ximo Puig cobre dividendos del periódico de un grupo que ha visto reducida sustancialmente su deuda con el cambio de propietario sigue generando un conflicto al menos estético, cuando no directamente de intereses. En los tres años que declaró haber recibido 18.000 euros por su participación minoritaria, Presidencia de la Generalitat ha desembolsado a ‘Mediterráneo’ más de 600.000 euros en inserciones publicitarias. Puig se ha negado hasta ahora a renunciar a esos ingresos o a desprenderse de su participación, que valora en unos 177.000 euros y a la que atribuye un valor más sentimental que económico. La normativa autonómica de incompatibilidades permite a los altos cargos de la Generalitat poseer hasta el 10% de la participación en empresas que se benefician de contratos o subvenciones con la Administración autonómica.

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