El caso de las ayudas del hermano de Puig le cuesta un juicio a un cargo de Compromís

La polémica en torno a las ayudas al fomento del valenciano recibidas por las empresas del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está cerca de cobrarse en un alto cargo de Compromís a su primera víctima política. Ruben Trenzano, director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educacion. El juzgado de instrucción número 9 de Valencia ha dictado un auto para la conversión en procedimiento abreviado (el paso previo a la apertura de juicio oral) por considerar que existen indicios suficientes de delito de falsedad en documento público en la firma que Trenzano puso en un documento remitido a la secretaria general regional del Partido Popular, Eva Ortiz, en el que descartó irregularidades en los expedientes de Francis Puig, hermano del barón socialista.

Los hechos se remontan al 8 de abril de 2018, cuando el alto cargo de Compromís, estampó su firma en un escrito en el que sostenía que las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, beneficiarias beneficiarias de una subvención en las convocatorias de los ejercicios 2015 y 2016, "presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias” y que la administración de la Generalidad había "realizado las actuaciones de control que le corresponden conforme con el que establecen las ordenes citadas y la ley 1/2015, de 6 de febrero, sin que se haya detectado cualquier indicio que haga dudar de la veracidad de la documentación acompañada ni que justifique el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas”.

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La dirigente popular consideraba que esa afirmación, la de que las empresas habían superado de forma positiva las actuaciones de control, eran inciertas y decidió denunciar a Trenzano por falsedad documental. La causa fue inicialmente archivada por el instructor, con respaldo de la Fiscalía, al considerar que considerada el caso dentro de un ilícito penal y que la disconformidad de Eva Ortiz debía resolverse por la vía del contencioso-administrativo.

Sin embargo, tras un recurso de los populares, la Audiencia Provincial de Valencia obligó a reabrir la causa y practicar nuevas diligencias. La principal fue tomar declaración como testigo al jefe del departamento de promoción lingüística, Vicent Tortosa, subordinador de Trenzano. Este funcionario público admitió que había sido él el quien redactó el documento y explicó que, efectivamente, se habían realizado controles de evaluación a los expedientes de las empresas del hermano de Ximo Puig. Pero relató que estos controles se realizaron a partir de junio, cuando llegaron las quejas y petición de explicaciones de los populares. Es decir, aunque los controles internos no habían detectado irregularidades en los expedientes, Tortosa admitió que el escrito exonerador suscrito por su superior se había elaborado antes de ejecutar los controles internos.

Po esta razón, el juzgado considera que existen "indicios racionales suficientes para establecer un juicio de probabilidad de conocimiento y voluntad de falsear la realidad que se ha expresado en un documento oficial respecto a una información solicitada por la parte legitimada para efectuar la pregunta en la representación indicada", escribe el instructor en un auto al que tuvo acceso El Confidencial. Por esta razón, ha dado diez días de plazo a las partes y al Ministerio Fiscal para que soliciten la apertura de juicio oral contra el alto cargo de Compromís.