NO HAY UN INVENTARIO SEIS AÑOS DESPUÉS

La Audiencia Nacional busca 69 kilos de joyas incautadas por la Policía del caso Oro Direct

El juez Ismael Moreno libra un oficio a la Brigada Provincial de Valencia para que identifique y ubique 11 millones en metales preciosos decomisados en 2014 de los que no hay inventario

Foto: Lingotes de oro. (EFE)
Lingotes de oro. (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional libró el pasado 17 de diciembre un oficio a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia para que busque y localice metales preciosos por valor de más de 11 millones de euros incautados a la empresa Oro Direct, intervenida en febrero de 2014 en el marco de una operación por un presunto caso de blanqueo de capitales ligado a decenas de empresas de compraventa de oro, con presencia en 12 provincias españolas. La providencia del magistrado Ismael Moreno se produce seis años después del inicio de la instrucción y revela la ausencia de un inventario y una valoración del contenido de las sacas, que incluían lingotes y monedas de oro y todo tipo de joyas que terminaron repartidos entre la sede del Banco de España en Valencia y la Jefatura de Policía de esta misma ciudad. En concreto, el juez quiere saber cuál ha sido el destino de bolsas con 69 kilos de joyas decomisadas a Oro Direct.

La valoración de todos esos metales preciosos es importante al efecto de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de esta causa. Aunque la investigación nació como una operación contra un entramado de empresas presuntamente conectadas para falsificar facturas y ocultar el origen de las joyas y piezas de oro, finalmente quedó dividida en un docena de piezas con distintos actores, distintas responsabilidades e imputación de delitos. Varias empresas están siendo investigadas en la parte baja e intermedia de la cadena de valor de la comercialización del oro. En la cumbre de esta pirámide, se encontraba la empresa valenciana Oro Direct, un mayorista que contaba con red propia de tiendas minorista, pero que básicamente basaba su negocio en la compra de metales a terceros para fundirlos y revenderlos a su vez al gigante suizo del oro Argor Heraeus y al Banco Nacional de Austria.

Seis años después de iniciarse la instrucción, no hay un inventario actualizado y una tasación de todos los metales preciosos incautados a Oro Direct

De la pieza relativa a Oro Direct se han caído los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, y actualmente la Fiscalía imputa delitos de fraude fiscal y, subsidiariamente, falsedad documental. La acusación se sustenta en informes periciales de la Agencia Tributaria que cuestionan los márgenes con los que trabajaba la empresa de metales y hablan de manipulación de precios en las facturas. Según Hacienda, Oro Direct declaraba un beneficio de entre el 1% y el 3%, cuando debería haber declarado entre el 16% y el 19%. Por esta razón, y por declaraciones de IVA presuntamente irregulares con empresas clientes también investigadas, imputa delito fiscal y reclama 14,6 millones de euros.

Sede de la Audiencia Nacional. (EFE)
Sede de la Audiencia Nacional. (EFE)

La posición de la Agencia Tributaria ha sido cuestionada por la defensa y por actores personados en el procedimiento. Como consecuencia de la intervención judicial, Oro Direct, una empresa que llegó a facturar 1.000 millones de euros, entró en concurso de acreedores y ha sido llevada a liquidación. La defensa aportó a la causa un informe pericial de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) que describe cómo la compañía fijaba los precios y los márgenes y se relacionaba con sus proveedores en línea con el resto de grandes mayoristas. Además, ha incorporado informes de Ernst & Young en el mismo sentido, una declaración testifical de Bernhard Schnellmann, director comercial de Argos Heraeus, y dos 'due dilligences' de Deloitte solicitadas por el fondo estadounidense JZ International que sirvieron para valorar la operación de compra del 55% de las participaciones algo más de un año antes de la intervención judicial. Estos informes contradicen la posición de la Agencia Tributaria y fijan el margen medio de las empresas mayoristas del sector, que trabajan por volumen, en un rango de entre el 1% y el 3%, el que presentaba Oro Direct.

Cómo se resuelvan esas dos posiciones será clave para determinar la culpabilidad en caso de apertura de juicio oral. Gran parte de la responsabilidad económica en caso de condena se cubrirá con el oro y las joyas incautadas en el procedimiento. Si hubiera absolución, deberían reintegrarse a la masa del concurso de Oro Direct, principalmente las piezas que fueron decomisadas en las dependencias de la propia compañía, con un secretario judicial delante. Esta es la razón de la necesidad de que exista un inventario y una valoración de los lotes, algo que no ha ocurrido aún seis años después. De hecho, durante los primeros meses de instrucción, se abrieron sacas del material incautado que fueron expuestas por si se encontraban piezas denunciadas por robos.

La defensa, que estima que al precio actual del oro lo incautado podría elevarse a 11 millones de euros, ha presentado recursos en los que sostiene que se ha quebrado gravemente la cadena de custodia y está insistiendo para tratar de dilucidar dónde está —y en qué condiciones el material— que se llevaron los investigadores en presencia del secretario judicial.

Hasta ahora, los peritos judiciales de joyas designados por el juez de la Audiencia Nacional han inventariado lingotes, granalla, recortes y láminas de oro que están depositados en la sede del Banco de España en Valencia, pero no han incluido una tasación y valoración económica de los mismos. Tampoco han comprobado e inventariado el contenido de seis bolsas de monedas de oro que también tuvieron como destino en teoría el Banco de España y cuyo contenido podría superar el medio millón de euros. La última providencia dictada por el juez pide a la Policía Judicial que determine la ubicación y contenido del material incautado que fue a parar a la Jefatura Superior de Policía de Valencia el 7 de abril de 2014. Se trata de 69 kilos de joyas de oro que no fueron consignados en las dependencias del supervisor bancario y cuyo valor puede alcanzar los dos millones de euros.

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