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Valencia abre la vía a Garzón para recaudar 1.000M de las casas de apuestas 'online'
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RESTRICCIONES EN LA NUEVA LEY DEL JUEGO

Valencia abre la vía a Garzón para recaudar 1.000M de las casas de apuestas 'online'

El PSPV enmienda la ley autonómica para que las casas de apuestas tributen sobre cantidades jugadas y no sobre margen neto. La patronal dice que lo jugado no es sinónimo de facturado

Foto: Juego 'online'.
Juego 'online'.

El nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Podemos se ha marcado entre sus objetivos endurecer la legislación sobre el juego. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo, ha dejado en manos del nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, las competencias en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego. El coordinador de Izquierda Unida ha nombrado subsecretario de su departamento a José Antonio García García, un alto funcionario de la Dirección General del Juego. Garzón ha visitado las dependencias de esa dirección, que en la estructura gubernamental, a la espera de nuevos decretos de organización funcional, sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

Por los anuncios que ha realizado hasta ahora el nuevo ministro, el Gobierno tiene como objetivo desarrollar la norma pendiente sobre publicidad del juego, con especial incidencia sobre el canal 'online', y estrechar el campo de juego de las casas de apuestas presenciales. Durante la campaña electoral, Unidas Podemos incluso planteaba clausurar hasta el 90% de estos establecimientos, que denuncia que han proliferado en barrios desfavorecidos y están generando problemas sociales y de adicción entre sectores de la población. El nuevo nombramiento hizo reaccionar con rapidez a la patronal del sector, Cejuego, que se ha mostrado partidaria de poner límites a la difusión pública de la actividad (también la que despliega la pública Loterías del Estado), pero ha reclamado "prudencia" a la hora de abordar las propuestas sobre los salones de juego.

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Uno de los aspectos en los que apenas se ha producido debate político en las polémicas en torno al sector del juego es el de la fiscalidad. La mayor parte de la presión tributaria se canaliza a través de las autonomías, encargadas de recaudar las tasas y tributos sobre esta actividad en casi todas sus vertientes presenciales (casinos, bingos, salones, máquinas…). La Administración central, por su parte, se reserva los ingresos sobre los juegos de Loterías del Estado, que aporta un buen bocado en ingresos, y las tasas administrativas. Además, ejerce un papel recaudatorio sobre el juego 'online', cuyos ingresos redistribuye luego entre las autonomías proporcionalmente a las cantidades jugadas en cada territorio tras el análisis local de las IP de los jugadores.

placeholder El baile de cifras jugadas y 'circulantes', según Cejuego.
El baile de cifras jugadas y 'circulantes', según Cejuego.

El juego 'online' ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años y está ganando cuota de mercado sobre el resto de modalidades. En 2018, último ejercicio del que ofrece datos de mercado la Dirección General del Juego, la actividad en red movió 17.349 millones de euros, un 30% más que en el año anterior. La Ley del Juego establece para los operadores de esta modalidad una tributación del 20% (el 10% en Ceuta y Melilla) sobre una base imponible ligada al llamado margen neto, es decir, la cantidad resultante de restar premios y bonificaciones. Es lo que en el sector denominan 'gross gaming revenue' (GGR), o margen bruto de la actividad, que en 2018 creció más de un 25%, hasta los 699 millones de euros. Pese a estos incrementos y el volumen de dinero jugado, la tributación apenas alcanzó los 60 millones de euros. El gasto en 'marketing' y publicidad superó los 300 millones.

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La clave de la baja recaudación para las cifras que maneja el sector está en el modelo de negocio, basado en devolver a los apostantes un porcentaje de premios que supera holgadamente el 90%. La patronal del juego sostiene que las cifras hay que matizarlas, porque de los 17.349 millones, salieron de verdad de los bolsillos de los jugadores 2.518 millones de euros. Los restantes 14.831 millones se definen por Cejuego como "cantidades circulantes" o lo que se juega y apuesta "en sucesivas manos". Aclarar cuál es exactamente el dinero que se mueve en España en las partidas de póquer o las apuestas deportivas 'online' es importante, porque las Cortes Valencianas están a punto de aprobar una modificación de su propia Ley del Juego que supone un giro de 180 grados en la fiscalidad del juego y que podría traducirse en una importante inyección de fondos para la Hacienda pública si Montero y Garzón deciden replicarla a nivel estatal.

placeholder Pinche para leer la enmienda socialista.
Pinche para leer la enmienda socialista.

El PSPV-PSOE ha presentado una enmienda que afecta de lleno a la tributación de la modalidad hermana del juego 'online', las llamadas apuestas presenciales de contrapartida y los juegos que se realizan en los salones y casas físicas, sobre las que tiene competencia. Estos operadores tributan ahora también el 20% sobre el margen bruto, es decir, sobre lo jugado menos los premios entregados. Pero el texto de la federación socialista que lidera Ximo Puig introduce una corrección importante: "En ningún caso, la base imponible resultante podrá ser inferior al 30% del importe total de las cantidades dedicadas a la participación en el juego". El cambio, por tanto, es que la presión fiscal estaría por primera vez ligada a la facturación y no al margen, lo que según los promotores de la enmienda se traducirá a corto plazo en un incremento de los ingresos fiscales para las arcas autonómicas que, en el caso de las casas de apuestas presenciales, apenas el año pasado alcanzaron los 12,9 millones de euros.

Tanto el portavoz de Hacienda y secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, como Miguel Mazón, investigador de la Unidad de Juego y Adicciones de la Universidad de Valencia, que ha asesorado en la elaboración de las enmiendas a la ley, sostienen que si el Gobierno de Sánchez e Iglesias introdujese un cambio similar en la fiscalidad del juego 'online', podría llegar a ingresar hasta 1.000 millones de euros. "No planteamos esta propuesta por afán recaudatorio. De lo que se trata es de obligar a las casas de apuestas a reducir el porcentaje de premios si quieren mantener sus márgenes netos, lo que a su vez reducirá el componente adictivo del juego", explica Mazón. "La propuesta es extensible a nivel estatal para el juego 'online', que no aporta actividad económica, no genera empleo y está provocando problemas en muchas familias", añade. "Está estudiado que una de las cosas que mayor gancho tienen en el juego es el tema del premio. Atacamos al gancho para desincentivar el juego", suma Muñoz.

El nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Podemos se ha marcado entre sus objetivos endurecer la legislación sobre el juego. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo, ha dejado en manos del nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, las competencias en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego. El coordinador de Izquierda Unida ha nombrado subsecretario de su departamento a José Antonio García García, un alto funcionario de la Dirección General del Juego. Garzón ha visitado las dependencias de esa dirección, que en la estructura gubernamental, a la espera de nuevos decretos de organización funcional, sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

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