Martínez Parra (Teconsa), contra De Cabo: la última batalla del liquidador de Marsans

Forman parte del 'star system' de villanos de los años del pinchazo de la burbuja del ladrillo, los concursos de acreedores multimillonarios y los grandes casos de corrupción. Pero una cosa es la velocidad de la vida real y otra la lenta rueda de la Justicia, que sigue facturando causas pendientes de aquella época en los tribunales. La última es la que ha sentado en el banquillo a Ángel de Cabo, el famoso liquidador de compañías como Viajes Marsans o el entramado corporativo de la familia Ruiz-Mateos, por un presunto delito de estafa de más de nueve millones de euros a los hermanos José Luis y Maribel Martínez Parra, hijos del fallecido empresario gallego afincado en León José Luis Martínez Núñez. El constructor fue fundador de Teconsa, una de las empresas utilizadas por la trama Gürtel para participar en concursos públicos, entre ellos, el de la escenografía de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, una causa pendiente de juzgar y para la que se ha fijado la vista oral el próximo mes de marzo.

Ángel de Cabo ha superado casi toda su travesía del desierto. Tras pasar casi dos años en prisión provisional por Marsans, alcanzó un acuerdo de conformidad y aceptó una pena de cinco año de prisión por el vaciamiento patrimonial del grupo del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Su última batalla la libra ahora contra los que fueron dueños de Teconsa, con los que comparte además banquillo en otro procedimiento en Galicia, y que le reclaman otros cinco años de prisión.

"No he vaciado empresas. No he estafado. Me deben nueve millones", afirma Ángel de Cabo sobre su relación con los Martínez Parra

La familia Martínez recurrió a De Cabo en el verano de 2009 para encargarle la gestión del concurso de acreedores de Teconsa y de su red de participadas. No lo hizo contratando sus servicios como responsable de un despacho (Aszendia) especializado en quiebras, sino empleando un mecanismo similar al que desplegaría Díaz Ferrán. Esto es: vendiendo por el valor de un único euro todo el grupo a una de sus sociedades pantalla, asumiendo con la operación el pasivo millonario de la compañía y con el compromiso de que afrontase la negociación con los acreedores y la reestructuración.

Tras ejecutar esa primera operación de traspaso de la propiedad, los empresarios leoneses recurrieron de nuevo al 'liquidador' para traspasarle otro paquete de empresas con problemas de solvencia. Entre estas compañías, estaban una patrimonial denominada Inversiones del Noroeste (Inorsa) y otras mercantiles propietarias de tres hoteles muy conocidos en Galicia: el Hotel San Martín de Ourense, el Gran Hotel de Santiago y el Gran Hotel de Lugo. En total, pasaron a estar bajo control de Aszendia y su filial AZ Procedimental sociedades con más de 150 fincas registrales, algunas de ellas hipotecadas y otras no.

Esta transacción por unos pocos euros dio origen en 2013 a la llamada operación Caballo de Troya. Agentes policiales detuvieron a los Martínez por orden de un juzgado de instrucción de Santiago de Compostela por presuntos delitos de insolvencia punible, alzamiento de bienes, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, poniendo en cuestión la venta a precios irrisorios de sus empresas a De Cabo. Esta causa se instruye en Galicia, con la familia de empresarios y el liquidador como investigados. También se detuvo a uno de los hijos de José María Cuevas, expresidente de la CEOE. La defensa de los empresarios afincados en León defiende que los acuerdos societarios fueron legales y que tenían por objeto profesionalizar la gestión de los concursos de acreedores que se avecinaban. Para ello, ha aportado a la causa informes periciales.

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El 23 de enero de 2013, cuando acababa de estallar en diciembre el caso Marsans, y pocos días antes de que los agentes de la UDEF irrumpiesen en los domicilios de Martínez Núñez y sus hijos, la familia interpuso en la Audiencia Nacional una querella por estafa contra Ángel de Cabo, que es la que este miércoles comenzó a juzgarse en Valencia. En su denuncia, que ha sido respaldada por la Fiscalía en el escrito de acusación, los Martínez señalan que De Cabo y dos de sus empleados, Jorge García Téllez y José Vicente Semper, aprovecharon su condición de apoderados de las empresas para constituir una hipoteca en favor de Aszendia Asociados de 9,2 millones de euros sobre 68 de las fincas libres de cargas, justificando esa operación por la existencia de una deuda por el mismo importe derivada de un contrato impagado de prestación de servicios. "Empecé a desconfiar por una conversación en la que propuso montar otra sociedad para ir pagando a los acreedores. Téllez y Semper firmaron una hipoteca sin mi consentimiento. Después de eso vino una nota registral de propiedades y detectamos que estaban todas las fincas hipotecadas. En diciembre, detuvieron a De Cabo y nos dijeron que iban a poner en garantía de la fianza [del caso Marsans] los hoteles y propiedades de Inorsa. Fue entonces cuando presentamos la querella", explicó José Luis Martínez Parra, que declaró este miércoles como testigo de su propia denuncia.

"Nunca se iba a pagar. Fue una relación de confianza", señala Martínez Parra tras afirmar que descubrió bienes hipotecados de sus empresas

La Fiscalía sostiene que De Cabo actuó con "la única finalidad de menoscabar el patrimonio ajeno, apoderándose finalmente de las referidas empresas y procediendo a vaciar su patrimonio, mediante la descapitalización de las referidas empresas en crisis o con dificultades, determinando, con ello, la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones con otros acreedores". Martínez Parra sostuvo que el contrato de prestación de servicios solamente tenía como objetivo garantizar contingencias que De Cabo pudiera sufrir por hechos anteriores a su toma de control de Teconsa y el resto del grupo de empresas. "Nunca se iba a pagar. Fue una relación de confianza", señaló tras admitir que el plan era que las sociedades volvieran a la propiedad familiar tras superar las insolvencias.

Sin embargo, la defensa del 'liquidador' sostiene que los Martínez incumplieron ese contrato, pese a la existencia de certificaciones, y que lo único que hizo De Cabo fue endosar esa deuda (que no ha llegado a cobrar todavía) al pasivo de Inorsa. Además, ha aportado a la causa un informe pericial del proceso que se sigue en Compostela en el que los antiguos dueños de Teconsa sostienen que los contratos con De Cabo eran correctos y grabaciones realizadas por la Policía en las que Martínez Parra, su abogado Leoncio Ciudad y De Cabo hablan sobre cómo reestructurar las sociedades. "Yo no vacío las sociedades. No he estafado. Me deben nueve millones", afirmó De Cabo en su declaración como acusado. Martínez Parra reconoció su firma en las renovaciones del contrato de prestación de servicios y la existencia de pagarés sin ejecutar en favor de De Cabo.

La estrategia de defensa del 'liquidador' pasa por defender su derecho a cobrar esa deuda y aportar datos de la causa gallega que contradicen la versión de los dueños de Inorsa. Sin embargo, el abogado de De Cabo no logró su objetivo de que el tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia que juzga el caso suspenda temporalmente el juicio a la espera de que se resuelva el proceso de Compostela. La acusación particular, que calificó de "treta procesal" y acción "de mala fe" esa posición de las defensas, tiene previsto explicar en sus conclusiones que Ángel de Cabo ya recibió sus honorarios aplicándose un salario en las empresas de Martínez Núñez como administrador único, y que por tanto el contrato de prestación de servicios que dio origen a la deuda era, en realidad, una simulación. Como la propia venta de cada una de sus empresas por un euro.