Urbanismo, prostíbulos, sicarios y un testigo: juicio al crimen del alcalde de Polop

Es 19 de octubre de 2007. El entonces alcalde de la localidad alicantina de Polop estaciona su Renault Laguna en la puerta del garaje de su domicilio, en la pedanía de Xirles. En ese instante, sobre las 21:20, dos sicarios se colocan sobre la ventanilla del vehículo y descargan tres disparos sobre la cabeza de Alejandro Ponsoda. Dos de las balas pasan rozando, pero una tercera impacta contra el frontal izquierdo de su cráneo. Ocho días después, tras una semana agónica, Ponsoda muere en una de las camas del Hospital General de Alicante. Tenía 54 años de edad, estaba separado y vivía con su padre, de 84 años. Sus dos hijas, María y Fátima, de 22 y 27 años, ya se habían independizado. La mayor estaba embarazada en el momento del asesinato.

El 'crimen de Polop', como fue bautizado hace ya 12 años, conmocionó a la opinión pública. Sin móvil definido, sin pistas claras sobre la autoría, sin rastro del arma homicida más allá de los tres casquillos, la investigación por la ejecución del político quedó aparentemente en vía muerta durante dos años. En ese tiempo, Juan Cano, que había formado parte junto al alcalde de la candidatura municipal del Partido Popular, tomó la vara de mando. Cano venía de pasar su travesía política del desierto. Unas grabaciones comprometedoras en las que pedía dinero a un empresario lo relegaron al puesto décimo de la lista local en las elecciones de 2003, fuera del consistorio. Sus intentos hasta 2007 de hacerse con la gestión de una oficina municipal de urbanismo resultaron infructuosos. Enfrentado con miembros de su propio partido, incluido Ponsoda, en las siguientes elecciones logró situarse como número dos de la lista, al controlar el comité electoral de los populares. Así fue como se hizo con la primera tenencia de alcaldía y la Concejalía de Urbanismo. La muerte del alcalde lo convirtió, pocos meses después, en su sucesor natural.

El relato del crimen de Polop y sus personajes son dignos de una novela de Rafael Chirbes

La investigación fue encargada a un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras meses sin noticias del caso y un trabajo por muchos bajos fondos, los investigadores dieron con el testimonio de un antiguo portero de un prostíbulo de Finestrat (Alicante) llamado Mesalina. Según el relato de la UCO, recogido tanto por la Fiscalía como por la acusación particular (las dos hijas) y el juzgado que decidió abrir juicio oral en abril de 2018 tras una accidentada instrucción, Cano y un empresario del calzado enemistado con Ponsoda llamado Salvador Ros recurrieron al dueño, Pedro Hermosilla, y al gestor del club, Ariel Alberto Gatto, para convencer a un expresidiario, Raúl Montero, y dos checos que habían trabajado como porteros para los empresarios del lupanar, Radim Rakowski y Robert Franek, para que ejecutaran al alcalde de Polop a cambio de 50.000 euros.

Según el auto de procesamiento, tanto Cano como Ros eran habituales del prostíbulo y otros clubes de alterne de la zona, al igual que los presuntos sicarios. "Tenían acceso al mercado ilegal de armas de fuego", señala además. El testigo protegido, de origen portugués y con pasado como mercenario, aseguró que fue el primero en recibir la oferta hasta en dos ocasiones para asesinar a Ponsoda a cambio de 35.000 euros, primero en un reservado de Mesalina, después en otro apartado de la zona vip. Despedido a los pocos meses, fue entonces cuando contactó con la UCO, que le ha proporcionado una nueva identidad y le ha facilitado un empleo en otra ciudad, según relata el periodista Artur Balaguer, que ha seguido el caso al detalle desde su origen.

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La Fiscalía y la acusación particular, representada por el abogado Vicente Guerri, reclaman 25 años de prisión por asesinato con alevosía para cada uno de los siete acusados. A Cano, Ros, Hermosilla y Gatto, como inductores del mismo, y a Montero, Rakowski y Franek, como autores materiales. Para estos solicitan, además, dos años por tenencia ilícita de armas, según los escritos de acusación. El juicio con jurado popular comienza la semana que viene, y aunque la lista de testigos es extensa, con 14 guardias civiles citados y otros 25 testimonios, es la comparecencia del testigo protegido, que llegó a denunciar ante la Policía amenazas e intentos de soborno para que cambiase su versión, la que sustenta todo el caso.

La acusación está convencida de que las defensas tratarán a toda costa de desacreditar el relato del antiguo portero del club Mesalina con el argumento, entre otros, de una enemistad manifiesta con el dueño y el gerente del puticlub, que prescindieron de sus servicios y lo despidieron un año antes de declarar ante la UCO. La baza de las defensas es que no hay armas, no hay testigos en el momento de la ejecución del crimen, ni huellas dactilares ni otras pistas más allá del supuesto 'rencor' de Cano hacia Ponsoda y el relato del mercenario luso. Lo que sí hay es muchos bajos fondos, unos personajes con vidas al límite dignas de una novela de Rafael Chirbes y una víctima que no pudo conocer a sus nietos.