El barrio rico que se ha rebelado contra un pelotazo de Joan Ribó y el PSOE en Valencia

Este conflicto tiene su origen en 2005, cuando el ayuntamiento entonces dirigido por Rita Barberá alcanzó un acuerdo con una de las principales promotoras de la ciudad, Inmobiliaria Guadalmedina (IGSA), para que le cediese el deteriorado edificio de la antigua fábrica de tabacos de Valencia (la Tabacalera), un edificio de inspiración modernista declarado bien de relevancia local. El consistorio proyectaba rehabilitar el inmueble para reconvertirlo en dependencias municipales y administrativas. Para lograr su objetivo, firmó un convenio de permuta con la que entonces era su propietaria, la inmobiliaria de la familia Ballester, para entregarle a cambio el suelo de un segundo edificio en la cotizada calle de Navarro Reverter y recalificarle dos solares traseros del propio complejo de la vieja fábrica construida en 1909, considerados de uso industrial.

La operación salió redonda para el promotor. A cambio de entregar al ayuntamiento la Tabacalera, que previamente había adquirido al 100% a Altadis, se hizo con tres solares edificables en dos de las mejores zonas de la ciudad. De los tres, edificó sobre dos, con una promoción de viviendas para mercado ‘prime’ local en la calle Micer Mascó y la construcción de un nuevo inmueble tras derruir el antiguo de Navarro Reverter que hoy alberga la residencia de algunos de los empresarios más ricos de Valencia.

El acuerdo del ayuntamiento contempla recalificar un solar educativo para permutárselo a Guadalmedina y que pueda construir viviendas

La operación Tabacalera no tardó en suscitar fuertes críticas del que entonces era el principal partido de la oposición, el PSPV-PSOE. Las acusaciones de “pelotazo histórico” tras calcular en 100 millones de euros los beneficios que Guadalmedina había obtenido de la permuta de suelo público a costa del patrimonio municipal derivaron en la interposición de un recurso contencioso en el TSJ valenciano por parte de Salvem Tabacalera, un colectivo afín a los socialistas.

El 30 de octubre de 2015, con dos de las promociones de Ballester terminadas y el edificio de Tabacalera ya rehabilitado por el ayuntamiento y con un millar de funcionarios desplazándose por sus pasillos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal dio la razón a los denunciantes: la permuta y el convenio eran contrarios a derecho. De nada sirvió el recurso presentado por IGSA ante el Tribunal Supremo, que lo desestimó. El fallo dejaba el reconvertido edificio administrativo municipal en un inmueble sobre suelo industrial y las dos promociones de Ballester construidas y vendidas fuera de ordenación.

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Para cuando llegó la ratificación del Supremo, muchas cosas habían cambiado en ese ayuntamiento. El Partido Popular había sido desalojado del poder, Barberá había fallecido en la soledad de la habitación 315 del Hotel Villa Real de Madrid y Joan Ribó (Compromís) y los socialistas se repartían al poder municipal con Podemos de tercera pata del gobierno local.

Sin embargo, una reclamación patrimonial por valor de 45 millones al consistorio de Guadalmedina, que reivindica la vigencia del convenio urbanístico y su derecho a disponer de 16.000 metros de techo por el tercer solar todavía sin ejecutar, ha llevado al gobierno de izquierdas a aprobar una modificación puntual del PGOU que no solamente consolida el “pelotazo” denunciado en su día por el PSOE. También contempla una nueva permuta para transformar en zona verde pública el solar ubicado tras Tabacalera propiedad de IGSA que quedaba pendiente de desarrollar en la calle Micer Mascó y recalificar parte de una parcela de uso educativo en el barrio de Penya-Roja, junto a la Alameda de Valencia, para entregárselo al promotor con el fin de que pueda construir un edificio de viviendas.

Este plan, pendiente de ratificar por la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat, ha levantado a los vecinos del barrio afectado por el cambio. El conjunto del distrito de Penya-Roja es una trama urbana heterogénea de clase media. Pero el solar educativo que se pretende recalificar se ubica en el centro de una manzana de edificios de viviendas que destacan por ser de las más caras de Valencia, las que tienen fachada a la Alameda y a la Avenida de Francia, en primera línea del Jardín del Turia. Es fácil encontrar en estas edificaciones pisos a la venta por más de un millón de euros. “Dicen eso de que somos una zona rica y que no tenemos derecho a quejarnos, pero ya tenemos doscientos asociados y hemos hecho tres manifestaciones con más de 500 personas. Estamos hartos de ese prejuicio. Tenemos muchas familias con hipotecas”, afirma José Tárrega, presidente de la Plataforma de Vecinos por Penya-Roja.

Los vecinos están a la espera de conocer si la Generalitat da luz verde a la modificación del PGOU para llevarlo a los tribunales

Los vecinos han inundado el registro de entrada de alegaciones contra el plan de modificación puntual del PGOU para legalizar lo que el TSJ anuló en su sentencia de 2015. Sostienen que les ha tocado la peor parte de ese nuevo arreglo urbanístico avalado por el secretario municipal, Manuel Latorre, porque perderán suelo dotacional educativo y verán levantarse en lo que ahora es un espacio abierto un edificio de más de diez plantas. La parcela que se ha ofrecido a Guadalmedina para cumplir con la edificabilidad es el vértice de un triángulo sobre el que la promotora podrá edificar más de 7.000 metros de techo. Además, el plan contempla entregarle un segundo suelo de 1.680 metros cuadrados (8.000 de techo) que ahora está considerada zona verde en la calle Tres de Abril de 1979, junto a las conocidas como Naves de Cross.

“Aquí no vamos sobrados de dotaciones. El centro de salud, por ejemplo, está en la calle Trafalgar y tiene cinco horas de espera en urgencias. No hay un centro de mayores ni una biblioteca”, insiste Tárrega, para quien la valoración económica que se ha hecho del acuerdo con Guadalmedina “no se ajusta a la ley”. Los vecinos están a la espera de conocer si la Generalitat da luz verde al cambio del PGOU para llevarlo a los tribunales. El acuerdo con la familia Ballester regresaría de nuevo al TSJ para iniciar otro largo e incierto proceso. Cenas de gala, rifas y loterías y aportaciones de los socios financiarán la batalla jurídica vecinal, representada por el abogado Alberto Llobell.

El equipo de gobierno municipal defiende la actuación porque cierra el conflicto con el promotor inmobiliario tirando parcialmente de un suelo dotacional municipal en el que la Conselleria de Educación no contempla por ahora construir ningún colegio. “Tenemos solares edificables, pero significaría perder un patrimonio que podemos subastar y poner en valor”, señalan fuentes cercanas a Urbanismo.