Informe BDO: la Generalitat se juega 283 millones con el bloqueo de Intu Mediterráneo

La Generalitat valenciana ha perdido una primera e importante batalla como consecuencia del pulso que Compromís mantiene contra el proyecto de centro comercial y de ocio de Intu-Eurofund en Paterna (Valencia). El Tribunal Superior de Justicia anuló el pasado mes de octubre la resolución de la comisión de evaluación ambiental que denegaba al inversor británico la posibilidad de desarrollar su iniciativa por razones de impacto medioambiental. El complejo de Intu contempla una inversión de más de 700 millones de euros y la generación de 4.000 puestos de trabajo, según sus propios números. Su puesta en marcha acumula varios años de retraso por el pulso que la coalición que lidera Mónica Oltra, contraria al proyecto, mantiene con los promotores, que tienen comprometido más del 90% del suelo donde se ubicaría y no han desistido de sus planes.

El fallo del tribunal no solamente tumba los argumentos de los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente en materia de recursos hídricos, afección sobre carreteras o sonoridad, sino que traza un límite por el cual despoja a la citada comisión de la competencia para tumbar el conjunto del proyecto, cuya memoria ya fue aprobada como Actuación Territorial Estratégica (ATE) en 2014. La sentencia insta a los técnicos a elaborar un nuevo informe de evaluación que señale las incorreciones que el plan presentado por Intu puede contener para que sean corregidas y el procedimiento pueda seguir su trámite, pero no paralizarlo. "Ninguna de las 16 cuestiones mencionadas tienen la suficiente entidad para denegar totalmente la actuación; pero todas ellas son consistentes para imponer condiciones, restricciones y determinaciones a la actuación propuesta", dice.

La decisión judicial cayó como un jarro de agua fría en Medio Ambiente. La Generalitat todavía no ha decidido si recurrirá el fallo. La Abogacía autonómica mantiene un debate interno sobre la conveniencia del recurso, con escasas probabilidades de prosperar ante el Tribunal Supremo en casación, pues no se dirime sobre ninguna ley de ámbito nacional, si bien en el seno del Consell presidido por Ximo Puig en coalición con Oltra y Podemos hay quien interpreta que la decisión judicial pone en cuestión la capacidad de la Administración autonómica de fijar su propios límites.

Intu-Eurofund ha ganado su primera batalla judicial: el TSJ ha tumbado la denegación que Medio Ambiente hizo del proyecto comercial de Paterna

El debate jurídico esconde también uno político: mientras Compromís insiste en buscar los mecanismos para vetar el desarrollo de la superficie comercial, los socialistas se encuentran cada vez más incómodos con una batalla que está poniendo en cuestión el respeto por la seguridad jurídica y la percepción que los inversores tienen de la Comunidad Valenciana y la administración regional. Es un pulso que tiene también su réplica en el proceso de ampliación del Puerto de Valencia, muy contestado por los econacionalistas, pero que los empresarios y la pata socialista del Consell consideran estratégico para los intereses económicos de la Comunidad Valenciana.

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El alcalde del municipio que albergaría Intu Mediterráneo, el socialista Juan Antonio Sagredo, es uno de los principales defensores de la iniciativa. Cargos de la Generalitat como el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, o la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, han participado recientemente en actos organizados por Intu para defender la sostenibilidad de su proyecto.

Sin embargo, al margen de las razones de enfoque político y concepción de la relación con los empresarios, la Generalitat se juega mucho más un tirón de orejas judicial con el bloqueo del proyecto comercial. Intu-Eurofund mantiene viva en el contencioso del TSJ valenciano una reclamación patrimonial millonaria por los retrasos en la tramitación de su iniciativa que en caso de prosperar tendría un notable impacto en las cuentas autonómicas. En concreto, por los tres años de demoras burocráticas que acumula el proyecto, Intu reclama 283,8 millones de euros en concepto de daños emergentes (gastos ya realizados) y lucro cesante.

La reclamación fue presentada en forma de alegación administrativa a la propia Generalitat, que la rechazó, y ha sido ya judicializada con una adenda en la que se detalla el impacto económico progresivo que va acumulando Intu como consecuencia del bloqueo y los estima en unos 50 millones de euros anuales.

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La base de la exigencia patrimonial es un informe pericial encargado a la consultora BDO que elabora un cálculo de los costes los que la promotora había incurrido ya hasta 2017 y también realiza una simulación de costes de construcción y puesta en marcha e ingresos de explotación y generación del negocio a través de las rentas por el alquiler de espacios. La pericial cifra en más de 5 millones de euros el importe desembolsado en cotizaciones, gastos de desarrollo o en compromisos adelantados con propietarios de suelo, entre los que figura la familia Ballester (Inmobiliaria Guadalmedina), con un contrato privado de venta pendiente de ejecutar de 13,2 millones de euros.

Los restantes 278 millones (hasta los 283 millones) salen de un pormenorizado análisis de los costes de urbanización y el beneficio industrial que Intu-Eurofund tendría que recibir por su condición de agente urbanizador (6%). A ello añade los costes por el desarrollo y construcción del centro comercial, gastos de marketing, seguros, licencias, permisos, derechos de superficie y todo tipo de gastos. Todas estas cantidades se descuentan de los ingresos que generaría la explotación del recinto, principalmente por las rentas recibidas por el arredamiento de espacios a terceros. "Se determina que el valor actual del lucro cesante o ganancia dejada de percibir asciende a un importe total de doscientos setenta y ocho millones trescientos dos mil trescientos treinta y dos euros (278.302.332 €)", señala Intu. Esta cantidad, no obstante, surge del informe elaborado por BDO con fecha 11 de octubre de 2017 y ha sido actualizada en el escrito presentado ante el TSJ para adendar un escenario temporal en el que cada año de retraso pueden suponer 50 millones de indemnización en favor de Intu. Y ya van tres.