Las torres gemelas de Benidorm condenadas al derribo gastan la última bala: "Es horrible"

Un inversor de procedencia árabe acaba de comprar uno de los apartamentos de las torres Gemelos 28 en Benidorm. Ha puesto encima de la mesa de unos de los propietarios una oferta para hacerse con otra de las viviendas, una de las más grandes y mejor situadas, por 250.000 euros. El precio está muy lejos de lo que pagaron los actuales propietarios y de lo que la Generalitat valenciana tendría que desembolsar como indemnización para cumplir la sentencia judicial que anula el planeamiento de la promoción inmobiliaria y ordena el derribo de los dos edificios. Están en juego 100 millones de euros para las arcas públicas y el equilibrio emocional de quienes viven permanentemente o pasan temporadas de descanso en estos inmuebles al pie de la falda de Serra Gelada. Pero, en situaciones de crisis, siempre hay quien intenta sacar provecho.

El reloj corre en contra de esta promoción ocupada desde 2011 y que contaba con todas las licencias en orden cuando comenzó su construcción, cuando fue comercializada y cuando fue habitada. El problema es que el Tribunal Supremo dictaminó el año pasado que el planeamiento autorizado por la Consellería de Medio Ambiente, en la primera década de este siglo, contravenía la Ley de Costas. Los edificios exceden la parcela urbanizable sobre la que se asientan e invaden en cuatro metros la zona de servidumbre de paso de la fachada marítimo-terrestre. Pese a la oposición de la Generalitat y los vecinos, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha hecho suyo el dictamen del Supremo y ha ordenado la demolición.

Los recursos se han agotado, incluido uno presentado por propietarios representados por el despacho Bonet Abogados que defendía la inejecutabilidad del fallo por su elevado coste y por el escaso impacto de la medida. De hecho, la parcela, que si se ejecuta el fallo debería pasar a manos de la Generalitat, seguirá siendo edificable, incluso con más altura, y los vecinos de edificios posteriores que denunciaron porque les tapaba las vistas al mar podrán encontrarse con una nueva pantalla de ladrillo, incluso más alta que las 22 alturas que actualmente tienen las torres de Gemelos 28. Es el plan B de la Administración autonómica: subastar el suelo para nueva construcción con el fin de compensar el desembolso económico que supondrán el derribo y las indemnizaciones.

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El impacto ambiental de la demolición

Antes de llegar a ese escenario, la última baza de la Generalitat y los actuales dueños es alegar el elevado impacto ambiental de la demolición. Las torres se levantan a pocos metros de las siempre trasparentes aguas de Benidorm, en un solar estrecho rodeado por otras edificaciones a su espalda. Técnicamente es difícil que un derribo de edificios de 22 plantas no tuviese como consecuencia el desplome de escombros sobre el mar y que sea complicado recuperarlos. La Consellería de Política Territorial y Obras Públicas, que dirige el socialista Arcadi España, trabaja también en la posibilidad de ofrecer una solución técnica que impida la demolición completa, retranqueando los bajos de los edificios para liberar los cuatro metros de servidumbre de paso sin tener que tirar abajo las plantas superiores. "Estudiamos la posibilidad de reducir el espacio ocupado por las torres que afecta a la zona de dominio público con el fin de evitar el derribo total. Es decir, quitarle terreno y dimensión a la zona inferior de las torres sin acabar con ellas, siempre que esa sea una solución viable y segura. De hecho, es una solución que en otros casos similares sí ha servido. No hay que olvidar que el derribo de las mismas, además del gran coste que supone, no evitaría la construcción de otras torres similares en el mismo lugar", señalan desde la Consellería.

Pese a la losa que pesa sobre los edificios hay algún inversor comprando a bajo precio con la expectativa de que no haya derribo o le indemnicen

Se trata de una fórmula de muy difícil aplicación por las propias características constructivas de la promoción, según algunos vecinos. Alexei Sirocco, abogado de origen ruso y propietario de Gemelos 28, cree que la estructura monolítica de los inmuebles complica esa alternativa arquitectónica. "Creo que es un tema que debido a su peso debería tener una solución política más que técnica; estamos en un callejón sin salida", señala a preguntas de El Confidencial. La esperanza de que la última revisión de lindes marítimo-terrestres por parte del Ministerio de Medio Ambiente diese un respiro al conflicto cayó en saco roto. Las distancias fueron todas confirmadas, Gemelos 28 sigue ocupando cuatro metros de zona de servidumbre de paso.

"La situación es de angustia y malestar. Toda la gente que conozco que ha comprado lo hizo de buena fe, con todos los permisos y licencias otorgados", afirma Sirocco.

Las torres albergan 168 viviendas de las cuales entre el 20% y el 30% están ocupadas durante todo el año. Algo menos de la mitad están en régimen de alquiler y la comunidad de propietarios cuenta con un nutrido grupo de rusos, que decidieron invertir en estos edificios en su momento. Los españoles proceden, principalmente, de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha o la propia Comunidad Valenciana. Los dueños de la España interior buscaban el clima de Benidorm, unas vistas privilegiadas al mar y la ciudad. Para muchos de ellos, a estas alturas, la indemnización que recibirán no es una solución y la incertidumbre genera mucha confusión.

"Debería tener una solución política más que técnica; estamos en un callejón sin salida", dice Alexei Sirocco, propietario de origen ruso

Sirocco cree que la demolición tendrá un impacto importante en la imagen de Benidorm y de España en general en la comunidad rusa. "Aquí hay una comunidad rusa importante y la imagen que se va a dar de desconfianza en el mercado inmobiliario es importante. Lo peor es que te involucra todo en un proceso que parece que no tiene fin. Hay familias que han decidido vender y han perdido dinero por vender sus propiedades a la baja. También hay gente que aprovecha para comprar porque cree que nunca se derribará o para jugar con la indemnización, pero tenemos encima una espada de Damocles", dice el abogado.

Javier es portero de los edificios. Madrileño de Aluche, lleva varios años residiendo en Benidorm. Trabaja a diario para la comunidad propietarios. Conoce a casi todos los vecinos dueños de alguno de los apartamentos. Señala que varios llegaron a pagar 600.000 euros por su piso en primera línea de mar. "Están tranquilos porque saben que recuperarán su dinero, pero hay algunos con depresión, que creen que lo que está pasando es horrible porque planearon esto para su retiro y se han encontrado con esto. Se comenta a diario. Nadie gasta dinero en reformar o en comprar muebles", explica mientras saluda a inquilinos y vecinos que entran o salen. Coincide con Alexei Sirocco en que, paradójicamente, hay movimiento y algunos apartamentos cambian de manos. "Hay gente que quiere vender y gente que compra a la baja aún sabiendo que es ilegal y que no lo van a tirar nunca. Esto todo un disparate para la imagen de Benidorm", opina.

No hay fechas para la ejecución de la sentencia. La 'consellería' de España está en contacto con la Abogacía del Estado, muy poco activa durante el procedimiento pese a estar personada, para buscar apoyo a sus alternativas. También ha tratado de abrir una vía con los denunciantes de edificios traseros que han promovido el procedimiento judicial. Hay uno especialmente combativo, militar en la reserva, convencido de la necesidad del derribo. Pero hasta ahora los intentos de convencerle de que quizás sea peor el remedio que la enfermedad han sido en vano.