Procesan a la empresa del Castor (ACS) y dos directivos por la ola de miniterremotos

Ocurrió el 5 y el 13 de septiembre de 2013. Tras una ola de primeros miniterremotos los días previos, Escal UGS, la mercantil gestora del depósito de gas natural ubicado frente a las costa de Castelló y Tarragona, intensificó la inyección de gas en el sistema de almacenamiento. La operación multiplicó la oleada de movimientos sísmicos, generando una fuerte alarma social, provocó daños en nueve viviendas y generó una situacion de "peligro catastrófico". Así lo considera el Juzgado de Primera Instancia 4 de Vinarós, que dictó este miércoles un auto de procedimiento abreviado para encausar a dos de los directivos de la adjudicataria del proyecto y a la propia empresa participada por la ACS de Florentino Pérez como persona jurídica por delito ambiental, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez instructor relata que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 con la fase de inyección de gas en la planta “a caudal nominal”, pese a que eran “conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear”, señala el auto comunicado el martes a las partes.

A partir del 5 de septiembre, esa primera actividad en el gasoducto provocó un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde. “En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas”, precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre “a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores”, insiste el magistrado.

Esa situación desencadenó una “gran serie de sismos en la zona” (hasta 519) que se prolongó hasta el 4 de octubre. Los miniterremotos causaron daños de consideración en nueve viviendas de Vinarós y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona.

TE PUEDE INTERESAR

Castor: el chollo para Florentino que vamos a pagar en la factura del gas hasta 2044

M. Zuil D. Brunat

En opinión del juez, los movimientos sísmicos generaron “una situación de peligro potencialmente catastrófico”: "Como consecuencia de dicha conducta se registraron en la zona un total de 519 sismos, y se produjeron daños de diversa consideración en infraestructuras civiles generando una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que finalmente por parte de la administracion se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesto alguno", dice el escrito.

El auto recuerda que “hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente”.

En otro auto dictado de forma paralela al anterior, el juez ha acordado el sobreseimiento libre de las diligencias para otras diez personas, todos ellos funcionarios del Estado que participaron en la tramitación de los permisos del Proyecto Castor. Entiende que no incurrieron en un delito de prevaricación medioambiental pues en la citada tramitación, que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable, se incluyó la firma de un convenio que, probablemente, permitió advertir el riesgo de peligrosidad sísmica que la actividad podía acarrear, “y muy probablemente, la realidad, sin dicha monitorización sísmica, después de los más de 500 sismos producidos en septiembre del año 2013, sería catastrófica”.