Barrancos sucios y casas en los cauces: no todo en la DANA es culpa de la naturaleza

"La CHS trabaja desde ayer en la retirada de las cañas acumuladas en Molina de Segura”. Este sencillo texto, junto a otros similares lanzados en su cuenta de Twitter por la Confederación Hidrográfica del Segura, ha sido recibido por muchos internautas con fuertes críticas a la labor de prevención en barrancos, puentes y cauces de un río cuyo desbordamiento ha sorprendido y tiene en jaque a miles de vecinos poblaciones como Orihuela o Murcia. Un otoño más, la llegada de los temporales y sus efectos devastadores sobre viviendas, vehículos y urbanismo en la Comunidad Valenciana, Murcia o la Andalucía Oriental han reabierto el debate sobre si las Administraciones Públicas estaban preparadas para lo que venía y, lo que genera más controversia, sobre si los meses anteriores se han realizado las labores preventivas adecuadas.

La DANA (depresión de aire frío en niveles altos) que está azotando la costa este española está siendo este año especialmente virulenta. En Ontinyent, donde se ha desbordado el río Clariano, se ha roto el registro histórico de precipitaciones iniciado en 1917 con más de 300 litros por metro cuadrado. El Segura está dejando imágenes insólitas con sus desbordamientos en Orihuela y Murcia o la colmatación del embalse de Santomera. En Almansa también se vio superado el pantano por la acumulación hídrica.

Unidades de emergencia de distintas administraciones están trabajando de forma conjunta para paliar los daños, realizar rescates y anticiparse o subsanar el efecto de las avenidas sobre la población. Sin embargo, esta capacidad de coordinación entre las distintas agencias no tiene réplica en los meses previos entre las instituciones que deben velar por el buen estado de las cuencas, con sus barrancos, puentes, cauces, etc. En España sigue sin estar claro del todo a quién corresponde esa labor, lo que da lugar a numerosos litigios y confictos jurídicos entre ayuntamientos, administraciones regionales y confederaciones hidrográficas.

Este conflicto es especialmente sensible en la Comunidad Valenciana donde 600.000 personas viven en zonas con riesgo de inundación, según el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundaciones (Patricova), aprobado por primera vez en 2003 con el Partido Popular en la Generalitat y revisado al alza en cuanto a detección de zonas rojas en 2015 por el nuevo Consell de PSPV-PSOE y Compromís. Más de 270 municipios presentan espacios de riesgo de avenidas o inundaciones como consecuencia de la orografía del territorio, de menos a más altura desde la costa hacia el interior y numerosos barrancos naturales con cursos rotos o influenciados por la intervención urbanística.

No fue hasta la aprobación de este plan, que prohibe urbanizar en las zonas señaladas, que la autonomía contó con un instrumento para limitar la construcción en zonas de riesgo en los planeamientos municipales. Si no ha habido en la autonomía tragedias como la que el año pasado asoló localidades mallorquinas como Sant Llorenç des Cardassar, con trece fallecidos, es porque los municipios han tratado de evitar la promociones en áreas peligrosas y han funcionado las alertas y evacuaciones. Pero el riesgo existe y son numerosas las casas y edificaciones situadas en la trayectoria de los torrentes de agua cuando llegan las fuertes lluvias.

Elisa Díaz, diputada autonómica del Partido Popular, colaboró en el primer Patricova de 2003 cuando era directora territorial de la Generalitat en Alicante. "Desde su aprobación, en todos los planeamientos municipales se tenía que cumplir a rajatabla. Otra cosa son las construcciones ilegales. Todo lo que está fuera del Patricova no es legal, pero la vigilancia depende los ayuntamientos". Díaz sostiene que su partido trató de crear una agencia de disciplina urbanística de ámbito autonómico, una suerte de policía del urbanismo para controlar las edificaciones ilegales, una idea que Podemos apoyó en la nueva ley de urbanismo valenciana (Lotup), aunque todavía no se ha constituido. "Al final, sobre todo en los pueblos pequeños, se conocen todos o son primos y sobrinos. Nuestros alcaldes y portavoces nos trasladaron que era mejor que la vigilancia se hiciera desde la Generalitat".

El urbanismo y su encaje en los planes de inundabilidad son factores claves para evitar tragedias y minimizar daños materiales y personales cuando llegan las grandes tormentas de otoño. Pero igual o más importante es que el territorio esté preparado dentro de lo posible para que el agua pueda encontrar sus cursos naturales sin toparse con acumulaciones de cañas o vegetación que provocan embalsamientos que, cuando se rompen, aceleran la velocidad y el efecto devastador de las avenidas. Sobre el papel, la labor de mantener como corresponde los cauces y el grueso de los barrancos es de las confederaciones hidrográficas. En la práctica, el embrollo competencial provoca retrasos en las actuaciones, deja sustanciosas partidas económicas sin ejecutar y contribuye a que toda esa vegetación y basura que se acumula en los cursos de los ríos (muchos de ellos secos gran parte del año) reviente puentes, rompa petriles o provoce daños irreparables.

El senador de Castellón, Carles Mulet (Compromís), ha sido especialmente incisivo en exigir al Gobierno información y explicaciones sobre la labor de prevención de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero también de la del Ebro o el Segura. Solo en la cuenca del Júcar hay 50.000 kilómetros lineales de cauces y la CHJ admite que tiene que fijar prioridades, según señala en la última respuesta parlamentaria dirigida al senador, fechada en febrero de este año 2019. En esa misma respuesta se justifica en el mismo embrollo competencial el alcance de las actuaciones que debe realizar: "La información, el conocimiento y diagnóstico se hace directamente por la CHJ, con sus propios medios materiales y humanos, a través del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos. Este Servicio elabora regularmente informes específicos que, además, analiza el Área de Gestión Medioambiental, con el objeto de determinar si es preciso incluir en la ya explicada programación de conservación, actuaciones concretas. Al tiempo, se valoran las posibles solicitudes de actuación por parte de Administraciones, particulares, y entidades o colectivos (vecinales, ecologistas, Organizaciones No Gubernamentales, etc.). Las acciones y actuaciones analizadas, se incorporan, en su caso, dentro del programa conservación de cauces, en su doble vertiente -correctiva y preventiva-", afirma.

Es decir, la CHJ señala que trata de detectar los puntos calientes, pero que hay agentes terceros que hacen aportaciones. Entre 2016 y 2017 asegura haber destinado dos millones de euros anuales. "Ello, con independencia de otras vías de actuación alternativas de terceros, Administraciones y particulares que, previa autorización, pueden también actuar en labores de mantenimiento y conservación del dominio público hidráulico", añade.

"Muchas veces el presupuesto sí que está, pero no se está actuando", afirma Mulet. "Nosotros hemos presentado más de mil preguntas, una por cada barranco o cauce pendiente de arreglar. Pero no lo tenían informatizado y nos contestan con evasivas. Hay casos sangrantes como el río Vaca en Tavernes", dice sobre los problemas de mantenimiento de este cauce. "Hay un problema competencial fuerte porque te puede caer una buena multa por meter una tanqueta para limpiar cañas. Hay sentencias que dicen que cuando el río pasa por el casco urbano es competencia de los ayuntamientos, pero a veces no es fácil delimitarlo". El senador afirma que todos los años llega el temporal en otoño y surge el mismo debate. "Deberían dedicarse el resto del año a tenerlo en condiciones. ¿Quién hace el mantenimiento de los ríos", se pregunta.