El ladrillo vuelve a elegir alcaldes y tumba pactos de izquierdas en la costa valenciana

El urbanismo ha vuelto a la política. No con el nivel de intensidad con que señoreaba en los ayuntamientos hasta finales de la pasada década, pero sí con la fuerza suficiente como para condicionar algunas alcaldías y pactos de gobierno municipales en localidades de la costa española. En la Comunidad Valenciana, que vivió contaminada por la influencia de la tentación desarrollista hasta que estalló la burbuja del ladrillo en 2008, un puñado de investiduras de alcaldes se han visto impregnadas de nuevo por el olor a hierba húmeda de los campos de golf y la fascinación por el dinero fresco que siempre parece acompañar a las grúas y las hormigoneras.

No es en puridad un nuevo ‘boom’. Al igual que ha ocurrido en otros puntos de España, las principales promotoras del país y empresarios locales del sector han reactivado el sector inmobiliario, pero de una forma relativamente ordenada, sin burbujas aparentes. La demanda tira de la oferta y no al contrario, hasta el punto de que a algunas promotoras les está costando cumplir con sus previsiones de entregas de viviendas porque no venden al ritmo deseado, sobre todo las que compraron el suelo más caro y ahora no tienen margen para competir en precio (Véase Neinor). Del mismo modo, el mejor control sobre el crédito inmobiliario por parte de las entidades financieras está contribuyendo a que no existan demasiados excesos ni un recalentamiento del sector pese al entorno de bajos tipos de interés, también para las hipotecas.

"Este año se han quedado 100.000 arrobas de naranja sin vender. La gente no mira con tan malos ojos el proyecto", dice el alcalde socialista de Pego

Se trata, por tanto, de un momento económico distinto. Una etapa en la que hay proyectos reales y otros que son meras expectativas de futuro, maquetas y filas de adosados pintadas sobre un plano sin cronograma definido. En Pego, en la frontera entre las provincias de Alicante y Valencia, hace años que se introdujo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la planificación del llamado PAI de Pego Golf, un proyecto de construcción de campo de golf asociado a hoteles y 1.300 viviendas. La iniciativa se concretó en 2005 por parte de un grupo de empresarios entre los que figuraba el promotor local José Manuel Zapata Sendra (Conzeta Inmobiliaria) con respaldo financiero del Banco de Valencia.

La sociedad creada para desarrollar el PAI, Inversiones Patrimoniales la Marina, está en fase de liquidación y apenas faltan unos meses para que caduque su condición de agente urbanizador. Desde que recayeron por el municipio alicantino representantes de algunos fondos de inversión a analizar el plan, hace meses que nadie se acerca al Ayuntamiento para interesarse por una iniciativa que cuenta con todos los parabienes administrativos. Sin embargo, el diferente enfoque de Pego Golf ha impedido que PSPV-PSOE y Compromís pudiesen trasladar al ámbito local de esta población de la comarca de la Marina Alta de poco más de 10.000 habitantes el llamado Pacte del Botànic II suscrito para la Generalitat valenciana y otras instituciones.

El plan de Pego ya fue motivo de alejamiento la pasada legislatura, cuando el actual alcalde, el socialista Enrique Moll, fue reelegido tras repetir el pacto de no agresión con el aspirante del PP y luego independiente, Carmelo Ortolà, que había servido para desbancar al independiente Carlos Pascual, condenado por delitos ecológicos. Las elecciones del pasado 26 de mayo arrojaron un nuevo escenario sin mayorías en el que socialistas y Compromís acercaron posiciones. Los valencianistas presentaron un documento con 75 puntos en común, pero sin ninguna alusión a Pego Golf. Y ahí se acabó la posible alianza.

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"Nuestra intención es volver a licitar el agente urbanizador cuando caduque el actual, que tiene una moratoria de un año. Compromís quería la reversión a rústico de los terrenos. Hablamos con los servicios jurídicos y vimos que eso era inviable, que podía enfrentarnos a juicios y querellas por lucro cesante", señala a El Confidencial el alcalde, elegido finalmente el pasado 15 de junio con los votos de Ciudadanos y Ciutadans de Pego (aunque habría salido en solitario como candidato más votado).

Moll niega tener un interés especial en Pego Golf, pero lo defiende como proyecto económico y confía en que al final acabe desarrollándose. “Más del 73% de la población ha votado a partidos que defienden el proyecto. Si las naranjas se pudieran vender a tres euros la arroba alguno se pondría enfrente. Pero este año se han quedado 100.000 arrobas sin vender. La gente no mira con tan malos ojos un proyecto así”, afirma. De nuevo el urbanismo aparece en el discurso como inevitable alternativa económica a la agricultura. Moll sostiene que las parcelas agrícolas están siendo abandonadas y que Pego Golf apenas representa el 7% del suelo cultivable del término municipal. “Ha pasado todos los filtros de medio ambiente de la Confederación Hidrográfica. En algún momento puede que alguien quiera invertir”, insiste.

También recuerda que hay otro proyecto urbanístico en el aire, Penya Roja, que forma parte de los activos en liquidación del concurso de Martinsa Fadesa. Se trata de una urbanización para 4.000 viviendas (todavía sin construir), con las calles y los servicios básicos ya ejecutados, que está ahora abandonada y ha sido objeto de todo tipo de pillajes.

Desde el grupo municipal de Compromís, Ángel Oltra, número dos de la lista, cree que Enrique Moll nunca tuvo intención de pactar. Admite que hay desconfianzas y un distanciamiento por distintos motivos, pero cree que el PAI del Golf de Pego es una excusa importante del alcalde para no haber querido suscribir un pacto de izquierdas. “El plan está paralizado. Le propusimos al PSOE no incluirlo en el acuerdo y si viniera alguna empresa que vaya al pleno y cada partido que vote. Pero el único proyecto que tiene el PSOE desde hace ocho años es ese. Decir que no a eso es no decir nada”, afirma el edil valencianista.

En Torreblanca, la alcaldesa socialista ha sido reelegida en minoría por las discrepancias con Compromís en torno al PAI Doña Blanca Golf

Torreblanca, en la costa de la provincia de Castellón, es otra localidad en la que un desarrollo urbanístico ha impedido un pacto de legislatura entre socialistas y Compromís. El municipio trató de resucitar la pasada legislatura el proyecto Doña Blanca Golf, bloqueado desde 2005, en el que tiene una posición de predominio la Sareb como principal propietaria del suelo. También participan el Sabadell, Altamira o el grupo empresarial local Facsa. La iniciativa original se compone de un campo de golf de 600.000 metros cuadrados, 4.400 viviendas, hoteles, campos de fútbol y centros comerciales.

Sin fisuras en Burriana

La alcaldesa Josefa Tena está dando pasos para acelerar la puesta en marcha del proyecto y que la Agrupación de Interés Urbanístico que lidera el banco malo lo reactive. Esto ha enfrentado a la primer edil con Compromís, que se ha negado a prestarle su apoyo en la investidura. Tena salió alcaldesa elegida en minoría como cabeza de la lista más votada, la del PSPV-PSOE.

Donde el golf no ha sido un escollo para socialistas y valencianistas es en Burriana. La socialista María José Safont será alcaldesa otros cuatro años por mayoría absoluta con el respaldo de sus diez concejales y dos de Compromís en virtud de un acuerdo de legislatura. En esta otra población de Castellón, el grupo inversor Highend Real Estate quiere relanzar el PAI Golf de Sant Gregori y ha presentado al consistorio los avales necesarios para rescatar la condición de agente urbanizador. El proyecto ocupa 2,5 millones de metros cuadrados y contempla 6.000 viviendas a desarrollar en una década, además del campo de golf.