El Consell valenciano creará un impuesto para bancos e inmobiliarias con pisos vacíos

La Generalitat valenciana endurecerá la presión sobre entidades financieras, inmobiliarias y grandes tenedores de viviendas desocupadas para facilitar su incorporación al mercado del alquiler. Es uno de los puntos consensuados por los socialistas, Compromís y Podemos en el documento político que servirá de hoja de ruta del Gobierno compartido a lo largo de la legislatura que acaba de arrancar.

Las tres patas del llamado Pacte del Botànic están cerrando los flecos de un nuevo acuerdo que otorgue estabilidad al Consell presidido por Ximo Puig durante los próximos cuatro años. Los negociadores tienen ya cerrado el qué, el texto con los principales objetivos de gestión, pero se han atascado en el cómo y el quién, es decir, la composición del Ejecutivo y sus integrantes, a poco más de 40 horas del pleno de investidura que se ha convocado en las Cortes Valencianas este miércoles para reelegir al barón socialista y que pueda nombrar el equipo de 'consellers'. Compromís decidió anoche levantarse de la mesa y esperar a una nueva reunión este martes para tratar de cerrar un acuerdo. "Somos los que más estamos cediendo", señalaban fuentes de esta organización. Los valencianistas creen que el PSPV-PSOE trata de vaciar sus conselleries para fabricar la pata de Podemos o ampliar su control sobre áreas como Igualdad (los socialistas quieren crear un Instituto de la Mujer) o Energía (Cambio Climático).

A la espera de concretar si finalmente el nuevo Consell ampliará hasta 12, 13 o 14 sus carteras, y cómo se distribuirá el segundo escalón (secretarías autonómicas y direcciones generales), del proyecto político han comenzado a conocerse algunas medidas. El documento está compuesto de seis ejes: 1) transición ecológica y lucha contra la emergencia climática, 2) feminismo, diversidad e igualdad de trato, 3) servicios públicos para continuar rescatando y cuidando personas, 4) empleo, modelo productivo e innovación, 5) calidad democrática y buen gobierno, y 6) financiación justa y fiscalidad progresiva.

La gran novedad de esta segunda legislatura de izquierdas en la Comunidad Valenciana es que Unidas Podemos, que hasta ahora prestaba apoyo parlamentario desde fuera, se incorporará a tareas ejecutivas compartidas con Esquerra Unida, su socio de coalición electoral. Los morados no han logrado su objetivo de incluir en programa la tasa turística o un impuesto al azúcar, a las que no se hace referencia en el texto pero cuyo debate podría regresar a mitad de legislatura. Podemos sí han puesto especial énfasis en introducir medidas de fomento del acceso a la vivienda, un área que aspiran a gestionar, si bien el PSPV-PSOE solo acepta cederla si se desgaja de Obras Públicas y Urbanismo, sobre las que pretende seguir manteniendo el control. Transparencia y Cooperación, ahora controladas por Compromís, sería el área asignada a EU, a la que se añadirían las competencias de memoria democrática.

Podemos aspira a gestionar el área de Vivienda, pero los socialistas quieren reservarse el control en Obras Públicas y Urbanismo

En el área de soluciones habitacionales, Podemos ha tratado de hacer incidencia en la adopción de medidas punitivas para aquellos "grandes tenedores" que acumulen inmuebles vacíos sin sacarlos al mercado del alquiler en zonas donde exista demanda. La Generalitat ya aprobó en febrero de 2017 una Ley de Función Social de la Vivienda que fijaba sanciones de entre 600 y 3.000 euros a propietarios de 10 o más viviendas que no comunicasen la ausencia de ocupantes. El texto fijaba la posibilidad de una expropiación temporal por parte de la Administración, pero el Tribunal Constitucional anuló esa parte del articulado tras un recurso del Gobierno del Mariano Rajoy.

Entidades financieras e 'inmos'

En el nuevo pacto, el texto consensuado contempla una fórmula que los socialistas creen que encaja con la Ley de Vivienda y para Podemos es el principio de un compromiso para imponer un impuesto específico a dueños de inmuebles vacíos. El texto pactado, al que ha tenido acceso El Confidencial, es el siguiente: "Gravaremos a los grandes tenedores de viviendas vacías, especialmente a las entidades financieras e inmobiliarias, que las mantengan desocupadas por un tiempo determinado sin causa justificada".

Los podemistas quieren crear un tributo similar al desplegado por la Generalitat de Cataluña desde 2015, que estuvo suspendido tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Abogacía del Estado. Lo consideraba una doble imposición y lo equiparaba al impuesto de bienes inmuebles. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha validado la norma catalana negando la existencia de una invasión de competencias y la analogía con el IBI. Para Podemos, se trata de un "incentivo" para sacar vivienda al mercado y ampliar la oferta dirigida al alquiler.

El candidato de Podemos, Rubén Martínez Dalmau, aspira a ser 'conseller' de Vivienda y además vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, con el fin de que se visibilice que se trata de un Consell de tres, con Puig de presidente y Mónica Oltra de vicepresidenta primera. Esa vicepresidencia sigue sin estar confirmada. Tampoco se ha despejado el número de integrantes del Consell ni si los socialistas serán mayoritarios en el Ejecutivo, con Puig como 'primus inter pares' con un 50% de las carteras para el PSPV (sin Puig) y el resto repartidas entre Compromís y Podemos (2). Este martes por la noche es el plazo límite para alcanzar un acuerdo 'in extremis', la tónica general en las negociaciones en las que participan los de Oltra, especialistas en apurar calendarios.

Compromís no se sienta a cenar

El tramo final de las conversaciones gira en torno a si el Consell se alinea con un 6-4-2 (con o sin Puig) o un 7-5-2 (+1), opción esta última que rechaza Podemos por considerar que supondría un exceso de 'consellers' y cuadros políticos. Sí hay consenso en que la anterior composición, de 10 carteras incluyendo al 'president', era insuficiente y que algunas 'conselleries' acumulaban demasiadas competencias, lo que ha lastrado su gestión. Es el caso de Educación con Cultura, que se plantea desgajar, o Turismo en Presidencia. También se descarta crear un área específica de Transición Ecológica con rango de 'conselleria', aunque es probable que se integre con una referencia clara en la Consejería de Medio Ambiente o en Vivienda y se coordinen políticas con la de Economía e Industria, especialmente a la hora de ordenar el aluvión de proyectos de energías renovables que están iniciando su tramitación en la Generalitat, tal como relató El Confidencial. Compromís se niega a ceder esta área, muy ligada al cambio climático y el mensaje ecologista, a una conselleria de Podemos.

Este lunes, Oltra y Dalmau se han lanzado mensajes cruzados, también con los socialistas como destinatarios. La primera ha advertido de que su formación es la única que ha sido "generosa" en la negociación, mientras que el líder de Podemos reclamaba que se visibilizase su presencia y representatividad. La prueba de que Compromís ha decidido estirar la cuerda para forzar un acuerdo final es que ni Oltra ni sus consellers han acudido a la cena de despedida organizada para todos los consellers del primer Botànic en el Palau de la Generalitat, con Ximo Puig como anfitrión. La ausencia tenía el claro objetivo de trasladar el malestar con cómo se está desarrollando la negociación, especialmente con el ala socialista. Sí han acudido al ágape las exconselleras que fueron designadas por el PSPV-PSOE, María José Salvador (Infraestructuras) y Carmen Montón (Sanidad).