La Ley Electoral General complica a Puig adelantar autonómicas antes de europeas

El posible adelanto electoral que baraja el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, para hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas el próximo 28 de abril puede encontrarse con un importante escollo jurídico. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) incorporó en 1998 una disposicion adicional que obliga a las autonomías que celebraron sus elecciones el cuarto domingo del mes de mayo de 1995 a hacer coincidir futuras convocatorias con las elecciones al Parlamento Europeo, siempre que la celebración de estas se haya previsto en un espacio de tiempo no superior a cuatro meses.

La ley electoral establece que las autonomías que se encuentre en esa situación deben expedir sus decretos de comicios autonómicos 55 días antes de la fecha de la cita de las europeas “en orden de asegurar la celebración simultánea”. Esta circunstancia impide en teoría al barón socialista adelantar la disolución de las Cortes Valencianas para hacer coincidir sus urnas con las de las generales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el último domingo del mes de abril, poco más de un mes antes del 26 de mayo en el que han sido llamados al voto los españoles para las municipales y europeas.

Ximo Puig se ha dado de plazo hasta este martes 5 de marzo (último día que podría hacrerlo) para decidir si anticipa la cita autonómica en virtud de la prerrogativa que le otorga el Estatuto de Autonomía en virtud de la reforma aprobada en 2007. Esa modificación permitió a la Comunidad Valenciana equipararse a las autonomías históricas (Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía) para fijar su propio calendario. Sin embargo, hasta ahora ningún presidente valenciano ha hecho uso de esa posibilidad y todos los comicios desde entonces (2011 y 20015) han coincidido con las elecciones municipales el cuarto domingo de mayo. Puig parece decidido a hacerlo, con la idea de aprovechar la movilización en favor del PSOE el 28 de abril a la que apuntan algunas encuestas y la percepción de que esperar al 26 de mayo puede perjudicar su intención de mantener la Generalitat.

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El PSPV afirma que el Estatuto es posterior a la Loreg y no se ve afectado por su limitación, mientras Puig parece decidido al adelanto

La duda jurídica estriba en si la facultad de disolución anticipada de las Cortes que otorga el Estatuto puede aplicarse en este caso, en lo que es un claro conflicto normativo con la Loreg. Una decisión premeditada de Puig sin informes consultivos previos podría dar lugar a un recurso de alguna formación política que suspenda cautelarmente el decreto de convocatoria de las urnas. De hecho, sorprende que el barón socialista esté meditando el anticipo sin haber tenido en cuenta esta incertidumbre jurídica. Fuentes del PSPV sostienen que lo tienen estudiado y que al tratarse el Estatuto de una norma posterior no se vería afectado por la Loreg. La disposición, según su exposición de motivos, nació para garantizar la coincidencia en las europeas y autonómicas de 1999. No obtante, la redacción es abierta y no especifica entre autonomías de régimen común o particular. Se limita a establecer una restricción temporal cuando coinciden las dos citas electorales. Para sortear cualquier duda, Puig debería haber hecho el adelanto con más de cuatro meses de margen. Aún así, todo parece indicar que asumirá el riesgo y adelantará las elecciones, según creen personas de su entorno.

El PSPV-PSOE vive inmerso en un debate interno sobre la conveniencia de adelantar los comicios autonómicos al 28 de abril, algo a lo que se opone frontalmente su socio en la Generalitat, Compromís, que entiende que sería perjudicial para sus intereses (por la concentración de voto de izquierdas en el PSOE que vaticinan los sondeos), pero también por los riesgos para una posible reedición del Pacto del Botánico. Hay que tener en cuenta que las formaciones de derecha han sumado mayoría absoluta en todas las elecciones generales desde 2008 si se analizan territorialmente en la Comunidad Valenciana.

Este mismo viernes, la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, advertía en rueda de prensa tras la reunión plenaria semanal del Consell valenciano, que no hay razones para el adelanto electoral. "Las elecciones se avanzan cuando hay razones políticas que normalmente suelen ser por la inestabilidad política, la falta de apoyo parlamentario o la imposibilidad de sacar adelante proyectos legislativos. Ninguna de estas tres razones concurren en este caso", señaló. En este sentido, aunque la facultad de proponer la disolución de las Cortes es del presidente autonómico, según el Estatuto, los consellers de Compromís podrían oponerse, lo que obligaría a Puig a ejercer su voto de calidad para forzar el adelanto y evidencia la división total entre los socios del Gobierno valenciano.