Puig y Oltra abren la vía para reducir a la mitad las salas de juego y alarman al sector

Ofensiva de los partidos del llamado Consell del Botánico contra la proliferación de casas de apuestas y salones de juego. Las dos formaciones que componen el Gobierno valenciano, PSPV-PSOE y Compromís, aprobaron el pasado mes de octubre el proyecto de Ley del Juego con el que pretenden elevar los controles de acceso de los menores, ayudar a la prevención de la ludopatía y, además, consolidar un incremento de la fiscalidad para tragaperras y terminales de apuestas.

Según informó en su día el Ejecutivo autonómico, la ley incorporaba como una de las novedades un control de acceso a pie de calle en todos los locales de juego. Esta medida afectará principalmente a los salones de juego, puesto que la ley vigente hasta ahora únicamente establece una barrera de acceso a la parte acotada del salón en la que existan máquinas que dan mayores premios (3.000 euros), pero no fija un requisito de control de acceso en la entrada a la sala.

La patronal que agrupa a firmas como Cirsa, Orenes o Codere pide que la aplicación de las distancias entre salones de juego no sea retroactiva

Pero el texto ha pasado a la fase de enmiendas en las Cortes autonómicas, donde los grupos políticos han presentado, además, correcciones que refuerzan todavía más las restricciones a la instalación de máquinas y salones de juego o apuestas. Los socialistas han introducido una enmienda en la que fijan 700 metros como distancia mínima entre locales de apuestas y salones de juego y 150 metros el espacio entre este tipo de establecimientos y los colegios. Su socio de gobierno, Compromís, ha elevado la mano con otra enmienda que incrementa hasta 1.000 metros la distancia entre locales y salones, 1.200 metros entre bingos y 4.000 entre casinos o salas apéndice, además de fijar a más de 250 metros estos establecimientos de colegios e institutos. En ambos casos, la norma tendría efectos retroactivos, de forma que cuando una de las salas quiera renovar su licencia, tendría que ajustarse al marco legal. Si no cumple, se verá abocada a cerrar.

Estas y otras medidas son rechazadas por el sector, que teme que consolide una legislación contraria a sus intereses en un momento en el que la proliferación de casas de apuestas y salones de juego comienza a provocar rechazo y contestación social. La patronal Cejuego ha comenzado a hacer una labor de 'lobby' para tratar de acortar las restricciones y frenar su aprobación. Este lunes, mantuvo encuentros con los grupos parlamentarios para explicarles su posición, y a la vez convocó a los medios de comunicación para expresar su oposición a varios aspectos de la nueva legislación en trámite. El director general de la asociación de empresas, Alejandro Landaluce, y los representantes de Cirsa (Carlos Duelo), Orenes (Pedro García) y Codere (Luis Miguel Cabeza de Vaca), advirtieron de que la retroactividad de la norma puede abocar al cierre de hasta la mitad de los locales en los próximos años y denunciaron "inseguridad jurídica".

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"Los que llevan más tiempo, cuando les toque renovar la licencia, no podrán hacerlo. Esto no pasa en ninguna comunidad autónoma", afirmó Landaluce, que reivindicó los 7.000 empleos directos y los 30.000 indirectos que genera el sector en la Comunidad Valenciana y el 2,54% de aportación al producto interior bruto regional, según sus cálculos. Las empresas rechazan de plano los 1.000 metros de distancia que propone Compromís, pero aceptan los 700 metros siempre que se elimine el carácter retroactivo de la legislación.

Cejuego señaló que la norma se ha elaborado "sin tener en cuenta" al sector del juego privado ni a la hostelería, al tiempo que denunció manga ancha con el juego público que comercializa la estatal Selae y con la ONCE. En este sentido, se refirieron a una enmienda presentada por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos que libera tanto a la empresa pública como a la organización de ciegos de tener que solicitar licencia previa para instalar sus máquinas y terminales en cualquier lugar.

"Las reglas del juego deberían ser iguales para todos, tanto si es juego público como privado. Estamos a favor de un sector del juego planificado y ordenado, pero no parece lógico que la Comunnidad Valenciana quiera limitar el juego privado, que es precisamente el que más contribuye económicamente a la autonomía, para potenciar el juego de competencia estatal, y además prescindiendo de todo control sobre qué juegos se ofertarán y dónde se instalarán", afirmó Landaluce. "Esto podría hacer que en un futuro se instalen terminales con rascas de la ONCE o de quinielas, por ejemplo, en los comedores de las universidades o cualquier otro establecimiento público. No entendemos por qué la Comunidad Valenciana quiere prescindir del derecho a estar informada y a contar con un instrumento como es la autorización previa", insistió.

La fiscalidad también es motivo de discrepancia entre la patronal y la Administración valenciana. La irrupción del juego 'online', con un modelo de negocio basado en repartir entre el 90% y el 95% en premios y cuya tributación depende del Ministerio de Hacienda, está reduciendo la recaudación directa de las autonomías. El juego privado tradicional y presencial (salones, casas de apuestas, tragaperras, casinos, bingos, etc.) pasó de facturar 863 millones de euros en 2007 a 638 millones una década después en la Comunidad Valenciana. Ello ha minorado también la cuantía recaudada por las tasas sobre el juego, 137 millones el año pasado, segun Cejuego.

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La Generalitat valenciana ya introdujo cambios vía la Ley de Acompañamiento para aumentar la tributación de las máquinas tragaperras y las terminales de apuestas. El proyecto de ley consolida esa subida, hasta el 20% del 'win' o margen de cantidades jugadas menos premios. Pero además endure otro aspecto en lo referente a las máquinas para aumentar los controles en el acceso a menores: obliga a los responsables de bares y restaurantes a tener un activador de las máquinas, similar al de los expendedores de tabaco.

Dispositivos para activar tragaperras

Medida que sería también pionera en la Comunidad Valenciana y fija un plazo de tres meses para adaptar el dispositivo, algo que la patronal ve inviable. "Se tendría que enviar un parque superior a las 21.000 máquinas a fábrica, incorporar el dispositivo o fabricar máquinas nuevas, homologarlas, recibir la autorización y volver a llevarlas al local", señalan.

Lo cierto es que el sector privado del juego empieza a tener que nadar contracorriente frente a la opinión pública. Los informes que advierten sobre los problemas de adicción de jóvenes y menores con las nuevas formas de apostar, el aumento de personas inscritas en los registros públicos de vetados por ludopatía y los estudios que señalan la mayor presencia de locales en barrios y zonas urbanas con rentas más bajas presionan a las administraciones para elevar las restricciones. Cejuego se defiende en el caso de la Comunidad Valenciana. "De las cerca de 50.000 inspecciones, solo hubo una veintena de expedientes iniciados por faltas muy graves y no hay constancia de que ninguna fuera por acceso de menores", explica Pedro García. El representante de Orenes indicó que los casos de ludopatía están estabilizados en el 0,3% de las personas que juegan, aunque admitió que cada vez hay más jugadores, sobre todo a raíz de la irrupción del juego 'online'.