Magdaleno negocia con Broseta el pago de 4,7M y logra aplazar la entrada en prisión

Antonia Magdaleno, la abogada especializada en derecho concursal condenada a cuatro años de cárcel por estafar a Broseta Abogados con la facturación de la quiebra de Martinsa-Fadesa, apura sus opciones legales para pasar el menor tiempo posible en prisión. La letrada tiene previsto solicitar al Gobierno el indulto apoyándose en la recogida de adhesiones de apoyo a la petición de gracia entre profesionales y personalidades del universo legal. Uno de los requisitos para obtener el favor del Consejo de Ministros es cumplir con la multa por responsabilidad civil que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia tras haber sido denunciada por Broseta, un fallo ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo.

La sentencia consideró probado que la abogada escamoteó al bufete valenciano casi 4,7 millones de euros de los 7,8 millones y 1,45 millones que cobró por honorarios como administradora de los concursos de acreedores de Martinsa-Fadesa y Urazca, respectivamente, y la obliga a entregar esa cantidad al denunciante. Para poder atender a este desembolso, socias del despacho de Magdaleno llevan semanas negociando con responsables del bufete que preside Manuel Broseta para pactar la mejor forma de pago de la multa.

Mientras esto ocurrre, la letrada solicitó antes de acabar el año un aplazamiento de la ejecución de la sentencia. Lo justificó por razones personales (su marido falleció recientemente y tiene una hija menor a la que hay que buscar tutela) y para poder realizar las gestiones necesarias para liquidar su patrimonio y poder pagar a Broseta. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha aceptado su solicitud y ha aplazado el ingreso en prisión hasta el 23 de abril. La providencia es del 23 de enero y ni la Fiscalía ni la acusación particular se han opuesto, según ha podido saber El Confidencial de fuentes judiciales.

La Audiencia ha dado a la abogada hasta el 23 de abril para alcanzar un acuerdo con Broseta y resolver su situación patrimonial y personal

La de estafa no es la única denuncia que Broseta presentó contra Magdaleno, que tiene todavía otro juicio pendiente. También la demandó por la vía penal por alzamiento de bienes. La abogada resultó absuelta en dos ocasiones en primera instancia, pero la Audiencia ha obligado a repetir el juicio. Tras ganar un primer laudo arbitral en 2014, que obligó a la letrada a repatriar fondos desde una cuenta en Luxemburgo para abonar 1,7 millones de euros, Broseta denunció el traspaso de bienes inmobiliarios, coches y efectivo a una sociedad compartida con su marido. El acuerdo que alcance con su denunciante para deshacer su estructura patrimonial, liquidar bienes y afrontar la responsabilidad civil es clave poder pedir el indulto y para que Broseta puedo incluso respaldar su solicitud, como un gesto de pacificación en su larga batalla judicial. La firma del hijo del catedrático del mismo nombre asesinado por ETA reforzaría mucho la petición.

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Magdaleno está viviendo un verdadero descenso a los infiernos desde que tocó el cielo como 'dama de los concursos'. Por su manos han pasado importantes y millonarias quiebras como la de Marsans, Reyal Urbis o Llanera. Pero el fallo de la Audiencia de septiembre del año pasado fue un verdadero golpe personal, para su prestigio y para el de su despacho, donde ya ha renunciado como administradora, aunque sigue trabajando en él, pues no está inhabilitada. La sentencia llega además en un momento personal muy delicado, con el reciente fallecimiento de su pareja, con quien creó su despacho profesional.

El acuerdo económico con Broseta es clave para reducir su estancia en la cárcel. No solamente porque pagar la multa es condición requerida para poder optar a un indulto, sino porque sin el desembolso no podrá beneficiarse tampoco de ventajas penitenciarias una vez cumpla el tercio de la pena si no logra la gracia del Gobierno. El criterio de la Sala en la Audiencia Provincia de Valencia es que, en condenas menores de cinco años, sin delitos de sangre y con reos que no revisten peligrosidad y han asumido la responsabilidad civil, se otorgen aplazamientos de entrada en prisión de hasta un año mientras el Consejo de Ministros decide sobre el indulto.