Excelencia 'low cost' en Valencia: precariedad y fraude de ley en la Fundación La Fe

El próximo mes de julio, María Ángeles Tormo dará por concluida una etapa de cinco años como investigadora respalda por el programa Ramón y Cajal, una de las convocatorias del Ministerio de Ciencia e Innovación que financia currículums científicos de excelencia para el desarrollo de proyectos de investigación. El colchón que proporciona este tipo de contratos, 33.000 euros al año, menos de lo que cobra un médico del sistema público, ha permitido a esta microbióloga, instalada en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) de Valencia, liderar la puesta en marcha de proyectos de estudio en microbiología molecular enfocados a incrementar el conocimiento de cepas bacterianas especialmente presentes en hospitales, uno de los focos de infecciones que trae de cabeza al sistema sanitario.

Doctora en farmacia, premio For Women in Science de L’Oreal por su estudio sobre la bacteria 'staphylococcus aureus' y una de las pocas científicas españolas que puede presumir de haber publicado en la prestigiosa revista 'Nature' (por un trabajo sobre el genoma bacteriano), Tormo ha ido configurando equipos a su alrededor en el centro valenciano que se diluirán como un azucarillo si la dirección del centro no encuentra la manera de buscarle un nuevo acomodo como investigadora para estabilizarla y no perder además los 100.00 euros que aporta el programa para colaborar en contrataciones de apoyo.

En nuestro centro somos 369 trabajadores y solo 5 son indefinidos. Tenemos una tasa de temporalidad del 99%. Es algo insostenible

Como ella y el equipo de técnicos e investigadores que la acompañan, más de 350 personas conviven desde hace años con la precariedad y la temporalidad en uno de los centros de I+D biomédica más cualificados y reconocidos de España, con una treintena de grupos acreditados de investigación y constituido como una fundación adscrita al sector público valenciano. Pese a depender orgánicamente de la Conselleria de Sanidad, su naturaleza jurídica dispone un régimen laboral ajeno al del personal estatutario de la Generalitat.

Aquí desarrolla su actividad investigadora, por ejemplo, Guillermo Sanz, jefe de Hematología del Hospital La Fe, conocido ahora por ser el especialista que ha tratado la leucemia al exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Sanz, que tiene su plaza en el Hospital de referencia, colidera el Proyecto Harmony, una iniciativa de ámbito continental que busca crear un mapa europeo de miles de casos de tumores hematológicos y que está financiada con 40 millones de euros por el consorcio público-privado, Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI). Todos los colaboradores del hematólogo que dependen del Instituto asociado están en la misma situación de precariedad, encadenando contratos temporales, con salarios bastante inferiores a los que marca el régimen estatutario de la consejería.

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"En nuestro centro somos 369 trabajadores. Sin embargo, únicamente 5 son indefinidos, lo que implica una carencia prácticamente absoluta de plantilla estructural. Tenemos una tasa de temporalidad del 99%, algo completamente insostenible. En una empresa ordinaria, las autoridades estarían alarmadas y se movilizarían para corregir esta situación", escriben David Hervás y Sara Marín, presidente y secretaria del comité de empresa del Instituto en una carta remitida el pasado mes de noviembre al 'conseller' de Hacienda, Vicent Soler. (Consulte aquí la carta).

En un entorno general de incertidumbre laboral en el universo investigador español, a los que trabajan en la Fundación La Fe les ha tocado sufrirlo por partida doble. La relación de puestos de trabajo (RPT) apenas contempla siete plazas, incluyendo al director general y al científico, razón por la que resulta imposible legalmente habilitar nuevas contrataciones indefinidas si Hacienda no amplia la plantilla potencial y se convocan los puestos. Llevan años en la misma situación.

"En nuestro caso, como somos una fundación del sector público, lo que sucede es que tenemos una ley de estabilidad presupuestaria que impide la contratación o la conversión de contratos en indefinidos y que choca frontalmente, anulando todos nuestros derechos, con otra ley como es el Estatuto de los Trabajadores. Esta situación obliga a los responsables de los centros a contratar a personas para puestos de trabajo de carácter indefinido con contratos temporales potencialmente fraudulentos", señalan los trabajadores.

Tenemos contabilizados entre 100 y 150 contratos que estarían en claro fraude de ley

Con las convocatorias de empleo temporal también paralizadas por el Consell que preside el socialista Ximo Puig, los trabajadores del centro se han hartado. En asamblea, decidieron el pasado 21 de diciembre presentar una denuncia por fraude de ley ante la Inspección de Trabajo si en un mes no se resolvían las irregularidades laborales, plazo ya superado, sin haber obtenido una respuesta. "Tenemos contabilizados entre 100 y 150 contratos que estarían en claro fraude de ley. Es obvio que están ejerciendo labores de gestión y de plataforma o personal estructural de los grupos de investigación", explica Hervás a El Confidencial. "Hay otros casos en una escala de grises, con veinte años encadenando proyectos", añade.

Javier Burgos, director gerente del Instituto de Investigación de La Fe, se confiesa incapaz de dar una salida a la reivindicación de los más de tres centenares de personas a su cargo. "Si ampliaran la relación de puestos de trabajo (RPT) podría hacer un concurso competitivo en función de los perfiles que se necesitaran. Pero hay que hacerlo vía solicitud de la Conselleria", explica a preguntas de El Confidencial.

—¿Lo ha solicitado usted?

—Lo he trasladado al patronato. Pero aumentar o disminuir la RPT no corresponde al patronato (que preside la 'consellera' de Sanidad, Ana Barceló). Nos lo tiene que pedir Hacienda para ajustarnos a la masa salarial. Somos un ente instrumental y nos regimos por unas normas. Los representantes del organismo y el patronato no pueden hacer contratos indefinidos a no ser que sea por sentencia firme.

Burgos, que lleva menos de un año en el cargo, admite que el centro ha crecido exponencialmente en los últimos ejercicios gracias a su capacidad competitiva para captar proyectos, de financiación privada, pública o mixta. Su presupuesto alcanza los 20 millones de euros de los que apenas 300.000 provienen de inyección directa de las arcas de la Generalitat.

Sobre casos como el de María Ángeles Tormo, explica que hay contratos de excelencia de los programas Ramón y Cajal, Miguel Servet o Juan de la Cierva que van a vencer, pero que, a la espera de que pueda modificarse la RPT, ha negociado con el hospital La Fe para que puestos indefinidos de personal facultativo que han ido quedando liberados se abran a investigadores, que tendrán que volver a evaluarse para poder competir por ellos y ganarlos para que no se pierdan los proyectos de I+D biomédica que tienen en marcha. "No podemos contratar a dedo a nadie. Tiene que haber concurrencia", afirma.

En el CSIC la gente está establecida y funciona por proyectos de investigación. El 43% de la plantilla es fija

Sobre la necesidad de consolidar trabajadores, Hervás no cree que la creación de una plantilla estable vaya a repercutir en su capacidad de conseguir nuevos retos investigadores. "Cualquier empresa funciona por proyectos. No hay ninguna empresa que funcione sin clientes y ninguna tiene una temporalidad del 98%. Si no buscamos clientes no puedes mantener el personal. ¿Esto significa que no pueden estabilizarlos? No. Si demuestras que tienes una actividad constante, que consigues nuevos clientes y proyectos, esa plantilla sigue siendo fija. En el CSIC la gente está establecida y funciona por proyectos de investigación. El 43% de la plantilla es fija", argumenta Hervás.

La solución que reclaman los trabajadores del Instituto no será inmediata. Los Presupuestos de la Generalitat para 2019 ya han sido aprobados, con la correspondiente masa salarial. La intención de la plantilla es iniciar movilizaciones y empezar a hacerse notar para hacer reaccionar a las autoridades. "Muchos hemos rechazado ofertas mejores de empresas. Somos investigadores por vocación, con publicaciones en las revistas número 1 de cada especialidad. Aquí se abordan estudios sobre enfermedades cardiovasculares, enfermedades raras o cáncer pediátrico, algunas de las patologías de mayor mortalidad. Lo que hacemos es por la salud de los ciudadanos", asesta la plantilla del Instituto valenciano.