Un pacto judicial y una ballena asesina libran a Puig de pagar 48 M a Parques Reunidos

Un acuerdo judicial entre la Generalitat y Parques Reunidos finiquitó el cruce de reclamaciones económicas millonarias entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y el fue gestor del Oceanogràfic de Valencia hasta que fue relevado por Avanqua, firma participada por Aguas de Valencia y el Acuario de Vancouver. El 19 de diciembre de 2016, la empresa autonómica y también operadora, entre otros muchos, del Parque Warner y el operador de Atracciones de Madrid firmaron ante notario un acuerdo transaccional que cerraba tres años de litigios judiciales en torno a las liquidaciones económicas del contrato.

Parques Reunidos asumió en 2002 la gestión del acuario valenciano por un periodo de 10 años y firmó varias prórrogas hasta el año 2015 en virtud de un complejo contrato mercantil por el que intercambiaba flujos económicos con la sociedad pública Cacsa en función del pago de cánones y entrega de ingresos de taquilla o productos de 'merchadising'. En 2014, la filial Parques Reunidos Valencia inició una demanda contra la firma de la Generalitat por impago después de que, a partir de 2009, esta dejase de abonar la deuda neta. Además, comenzó a exigir judicialmente el pago de facturas rectificadas. En conjunto, llegó a reclamar a Cacsa más de 48,6 millones de euros.

Parques Reunidos aceptó condonar a la empresa de la Generalitat más de 11 millones de euros y compensar 41 por facturas pendiente de cobro

Lejos de aceptar las exigencias de Parques Reunidos, que a partir de 2014 ya estaba de salida del mayor acuario de España, la Ciudad de las Ciencias presentó a través de la Abogacía de la Generalitat una demanda de reconvención en la que exigía a su vez al operador 6,8 millones de euros por inversiones pendientes en las instalaciones para su correcto funcionamiento y un lucro cesante de alrededor de 33,6 millones de euros por el incumplimiento "de incorporar orcas al Oceanogràfic", a la vez que invocaba créditos a su favor por liquidaciones por importe de 41,3 millones de euros frente a Parques Reunidos Valencia.

El recurso a las orcas hacía referencia a un antiguo compromiso negociado por el gestor del Ocenogràfic con la Administración del Partido Popular de Francisco Camps. Su entonces vicepresidente económico, el hoy diputado en el Congreso Gerardo Camps, llegó a anunciar en 2007 un acuerdo para trasladar desde el parque Marinelan de Antibes, en Francia, dos estos cetáceos, bautizada por los balleneros como 'ballena asesina' por su carácter depredador con otros mamíferos marinos. Sin embargo, los animales nunca llegaron a Valencia porque Parques Reunidos adujo problemas de espacio en las piscinas y el delfinario (el Oceanogràfic sí tiene ballenas beluga, que son emblema del parque).

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Cotizalia

En 2016, tras muchos meses infructuosos en busca de un pacto, Parques Reunidos modificó su posición. Inmersa en un proceso de venta por parte de su principal accionista, Arle Capital Partners (ahora Miles Capital), decidió eliminar de su balance las incertidumbres sobre el proceso judicial y propició un acuerdo confidencial con la Generalitat para dar por concluido el litigio. El abogado de la Generalitat, Francisco Raimundo, y el de Parque Reunidos Valencia, Andrés de la Quadra Salcedo, presentaron ante el juzgado de primera instancia de Valencia número 21 un escrito conjunto con los detalles del pacto transaccional.

En ese escrito, firmado ante notario, y al que ha tenido acceso El Confidencial tras una solicitud formal a través de los servicios de Transparencia de la Generalitat, Parques Reunidos se comprometió a realizar una condonación y cancelación de 11,6 millones en importes facturados a Cacsa correspondientes a los ejercicios entre 2006 y 2016. Tras la citada condonación y cancelación, se acordó que cada una de ellas abonara el importe de su deuda pendiente de pago a la otra parte. Se ajustaron bases imponibles y se hicieron coincidir las cifras pendientes hasta 41,39 millones, justo la cifra que Cacsa reclamaba al gestor. "Cacsa y PRV acuerdan expresamente que los respectivos créditos recíprocos queden definitivamente extinguidos por compensación convencional, y cualesquiera créditos que pudieran existir entre ellas incluso aunque no estuvieran reflejados en los listados anexos a este acuerdo", señala el texto.

Fuentes de la Generalitat admiten que el recurso a los cetáceos fue "un farol" difícil de defender en caso de haber llegado a juicio

Con ello se daban por liquidados, satisfechos, pagados y extinguidos todos los créditos y, además, ambas partes renunciaban a cualquier reclamación relacionada directa o indirectamente con el proceso de contrato de gestión o de cualquier otra índole tanto del Oceanogràfic como del resto de edificios, instalaciones, activos o actividades de la Ciudad de las Ciencias de Valencia. El acuerdo, por tanto, blindaba a la empresa pública de posibles recursos contra la nueva adjudicación de la gestión del acuario a Avanqua.

La confidencialidad no sirve

¿Influyó la reclamación por lucro cesante por la no llegada de las orcas en la decisión de Parques Reunidos de condonar su deuda? Fuentes de la Generalitat admiten que el recurso a los cetáceos fue "un farol" difícil de defender en caso de haber llegado a juicio. El expediente del acuerdo con el gestor del Ocenogràfic incluye un informe de la Abogacía de la Generalitat relativo a los primeros borradores del acuerdo transaccional en el que se admite que la reclamación tuvo "una finalidad puramente estratégica". "Si bien es cierto que tal compromiso existió, no lo es menos que, salvo escasas reclamaciones iniciales y además de difícil acreditación, ningún requerimiento formal hizo Cacsa durante los más de 10 años de duración del contrato". Y añade: "Siendo esto así, la viabilidad de esta segunda reclamación es más bien escasa, más aún después de que la juzgadora de instancia haya rechazado en la audiencia previa al juicio toda la testifical propuesta por esta parte para acreditar las débiles reclamaciones a PRV de incorporar orcas a Oceanogràfic".

El Consejo de Transparencia apela a la labor de control ciudadano y a la evaluación de la gestión pública para hacer público el expediente

Tras alcanzar el pacto, las partes lanzaron un comunicado de prensa consensuado en el que no ofrecieron detalles económicos del mismo. Parques Reunidos impuso una cláusula de confidencialidad que llevó a la Generalitat a consultar con el operador sobre la petición de información de este periódico. El gestor se negó en redondo a dar publicidad al acuerdo y presentó alegaciones contrarias a que El Confidencial pudiera tener acceso a él. Tras ello, Cacsa elevó una nueva consulta al Consejo de Transparencia, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que fue contundente: "Ningún límite que pueda amparar una limitación que impida al peticionario el acceso a la documentación que solicita, puesto que el derecho de acceso es una manifestación del derecho fundamental a recibir información", afirmaba. En su resolución, el presidente del órgano supervisor, Ricardo García Macho, sostiene que el contenido de las cláusulas económicas que sustentaron el acuerdo extraprocesal "no puede detraerse del normal acceso a la información, en tanto que el eventual control que se puede realizar de las actuaciones públicas no solo está en el hecho de que las actuaciones se ajusten de manera fehaciente a la legalidad vigente, sino también en el hecho de que la ciudadanía pueda evaluar las actuaciones de los entes públicos con total normalidad".

La resolución instó a Cacsa a entregar a este periódico el expediente, a la vez que sentó un precedente en cuanto al derecho a la información y acceso de los acuerdos de la Administración autonómica con terceros.