imputa 43 delitos de imprudencia profesional

Fiscalía pide cárcel por homicidio para la gerente del metro del accidente de Valencia

El Ministerio Público acusa a Marisa Gracia y parte de su equipo directivo de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y reclama tres años y siete meses de prisión

Foto: La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia. (EFE)
La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia. (EFE)

La Fiscalía Provincial de Valencia ha reclamado tres años y seis mes de cárcel por homocidio por imprudencia profesional para la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y siete de sus directivos por el accidente de metro de Valencia sucedido el año 2006 que costó la vida a 43 personas. En su escrito de calificación previo a la apertura de juicio oral contra los acusados, el Ministerio Público solicita, además, una inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión del transporte de cinco años y seis meses. Además, considera que cometieron un delito contra la salud de los trabajadores por el fallecimiento del maquinista y otros 37 delitos de lesiones, también por imprudencia profesional.

El escrito sostiene que Gracia y su equipo eran conscientes de las "graves deficiencias" de seguridad existentes en el tramo entre las estaciones de Plaza de España y Jesús de la red metropolitana de Valencia y que la infraestructura "tampoco superaba los requisitos expuestos en la normativa comunitaria ni estatal".

"Las graves deficiencias expuestas eran conocidas por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la Seguridad (DASE) y debían haber sido controladas y, en su caso, objeto de sanción o seguimiento", afirma la Fiscalía.

Operarios reponen el nombre de la estación donde se produjo el accidente, Jesús, que el Partido Popular cambió tras el siniestro. (EFE)
Operarios reponen el nombre de la estación donde se produjo el accidente, Jesús, que el Partido Popular cambió tras el siniestro. (EFE)

Y añade: "Los acusados, desde sus puestos de responsabilidad, conocían o debían conocer las siguientes deficiencias detalladas y que ponían de manifiesto unos defectos muy graves de seguridad en la L1, deficiencias que no consistieron solo en la falta de implementación de medidas tecnológicas de control de la velocidad en la línea, sino también en deficiencias del material móvil rodante, deficiencias en la formación y selección del personal para la tarea de maquinista, así como, finalmente, en la inexistencia de plan de prevención de riesgos laborales en esta actividad de transporte que neutralizara los riesgos de velocidad, descarrilamiento y vuelco de los trenes por la L1. Todos ellos eran conscientes de que tales deficiencias detectadas en una actividad de transporte de personas conllevaba un riesgo muy grave para la seguridad de los trabajadores y para las personas, como así ocurrió a las 13’02 h del día 03 de julio de 2006", asesta.

El escrito de conclusiones provisionales, reprocha además a la empresa pública de la Generalitat que no abriese ningún tipo de investigación interna sobre las condiciones de la curva maldita en la que se produjo el siniestro.

Además de Marisa Gracia, entre los investigados se encuentran los exdirectivos de esta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo.

La causa irá finalmente a juicio después de doce años de procedimientos judiciales en los que las instancias superiores han reabierto en varias ocasiones el sobreseimiento dictado por la instructora Nieves Molina.

Comunidad Valenciana

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