PSPV, Compromís y Podemos disparan el gasto en 1.500M para encarar el año electoral

Los tres partidos que sostienen el Gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana han decidido darse un festín presupuestario para encarar el próximo ejercicio, año electoral en el que se jugarán la continuidad de sus proyectos políticos tanto en la Generalitat como en numerosos ciudades de esta autonomía. El PSPV-PSOE, Compromís y Podemos han presentado al Parlament unas cuentas para 2019 en las que superan por primera vez la cifra mágica de los 20.000 millones de euros de gasto (22.096, concretamente) y que elevan en un 9,9% (1.502 millones) el dinero consignado respecto de este 2018 si se excluyen las operaciones de amortización de deuda y gastos financieros (2.139 millones, +10,7%, con operaciones financieras).

El festín no será mayor que el de cualquier comunidad española, pues la valenciana seguirá gastando por debajo de la media española per cápita, según explicó el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler. Pero las cuentas autonómicas sí experimentan un notable crecimiento con respecto al año anterior en un momento trascendental desde la perspectiva electoral por la convovatoria de comicios autonómicos, municipales y, también, europeas.

Las cuentas basa su crecimiento en una estimación de ingresos cogida con pinzas y basada en derechos pendientes de reconocer por el Gobierno

Las tres formaciones que componen el pacto llegaron a la conclusión de que era mejor organizar un café para todos antes que sufrir el desgaste ante la opinión pública de pelear por las partidas en las Cortes Valencianas. Un 'win to win' en toda regla. Esto explica que Podemos haya arrancado, por ejemplo, un incremento de 127 millones de euros (+32,8%) en políticas de vivienda, una de su principales banderas, o que las consejerías de Compromís hayan experimentado los mayores incrementos presupuestarios, un 13% en el caso del departamento de Economía Sostenible (política industrial) o un 27,7% (331,7 millones) la macroárea de políticas sociales de la vicepresidencia que ocupa Mónica Oltra, algo que ella había exigido para sellar el acuerdo.

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha cedido a casi todas las peticiones de su socia de gobierno y de la pata de apoyo parlamentario que representa Podemos. El problema para todo ellos es que las cuentas "expansivas" y de "aire keynesiano", como las calificó el tituar de Hacienda, se sustentan sobre una previsión de ingresos que corre riesgo de tener menos solidez que los dos peces de hielo en un 'whisky on de rocks' que cantaba Sabina.

Para cuadrar las cuentas, el equipo de económico de la Generalitat ha presupuestado un incremento del 10,7% de ingresos de los cuales apenas 294 millones son endeudamiento adicional. El resto, 1.846 millones hasta los 22.096 millones en total, procede de una previsión muy voluntarista de la mejor evolución de los ingresos por impuestos directos (IRPF) e indirectos (IVA), bastante por encima del crecimiento económico en la Comunidad Valenciana, que la Generalitat sitúa en el 2,5% el año que viene, y de un catálogo de reivindicación de derechos económicos frente al Gobierno central cuya consecución no está para nada asegurada. "Hemos sido muy optimistas en los ingresos", admitió Soler.

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Uno de los ejemplos más claros de esta circunstancia es que la Conselleria de Igualdad de Oltra ha elevado en casi 260 millones las partidas destinadas a cubrir gastos de dependencia soportando el incremento en la Ley de Dependencia, que obliga a la Administración central a cubrir hasta el 50% del gasto de las autonomías cuando realmente hasta ahora apenas ha alcanzado una cobertura del 12%. En el encuentro que mantuvieron en Moncloa el pasado 3 de octubre, Sánchez se comprometió con Puig a elevar la aportación de su Gobierno y ha pactado elevar el gasto de la dependencia con Podemos, pero la contribución no alcanzará el 25% muy lejos de la mitad que marca la ley y que el Consell del Botánico ha presupuestado para el año que viene. "Lo vamos a pelear", afirmaban fuentes del equipo económico para defender su decisión de computar los ingresos de la depenencia tal como lo prevé la ley.

En situación similar de ausencia de compromiso claro del Ejecutivo del PSOE se encuentran los 344 millones que Valencia reclama por el coste acumulado durante años por la atención sanitaria que reciben turistas desplazados de otras autonomías (FOGA) o los 1.325 millones de ingresos ficticios que desde 2015 incluyen el PSPV y Compromís en las cuentas autonómicas de forma consciente y pública y que atribuyen a la insuficiencia crónica que sufre la Comunidad Valenciana en materia de financiación. Se trata de una cantidad que se gasta sin respaldo real de ingresos corrientes y que año tras año se cubre con cargo a créditos extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Ministerio de Hacienda.

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El Consell del Botánico se considera "cargado de razones", en palabras de Soler, para incluir esta partidas irreales porque cree que tiene derecho a acercarse en niveles de gasto al resto de autonomías. "Tenemos las mismas obligaciones que Cantabria, que tienen 800 euros per cápita más", recordó el conseller sobre la atención sanitaria, educativa o de servicios sociales que debe prestar. La Comunidad Valenciana sigue siendo el territorio peor financiado en términos de habitante ajustado de España y este mismo miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmaba en el Congreso de los Diputados que esta legislatura no habrá reforma del reparto de fondos entre territorios por falta de tiempo y porque hay elecciones el año que viene.

El plan B para el equipo económico en el caso de que todos estos ingresos dudosos, que permiten cuadrar unas cuentas con un déficit previsto del 0,1% del PIB regional, dentro de los márgenes legales, es que la Administración central cubra una vez más a final de año los desequilibrios con FLA extraordinario. También podrían disfrutar de cierto margen extra si Sánchez saca adelante sus Presupuestos Generales del Estado, que amplían el déficit al 0,3% para las autonomías. En caso de ausencia de créditos la alternativa es tramitar acuerdos de no disponibilidad, que permiten paralizar la ejecución de partidas en ausencia de fondos. Sería la peor opción para el nuevo gobierno autonómico que surja de las urnas en mayo del año que viene, porque dejaría al descubierto que las cuentas que ahora tramitan las Cortes son papel mojado. A septiembre de 2018, por ejemplo, ya hay muchos departamentos con niveles de ejecución de inversiones por debajo del 50%, según el avance incorporado en el proyecto de ley presentado a las Cortes. Para 2019, está previsto que el capítulo de inversiones y trasferencias de capital crezcan de forma importante, un 25,2% y un 60,1%, respectivamente. Pero habrá que ver si hay crédito suficiente como para garantizar la ejecución de todos los proyectos.

Apuesta por las políticas sociales

Pese a los boquetes que presentan los Presupuestos autonómicos de 2019, las cuentas siguen mostrando la apuesta por las políticias sociales que ha caracterizado el Ejecutivo regional que dio el relevo al Partido Popular tras veinte años en el poder. Libros de texto gratuitos, incremento de becas y bonos-guadería, más beneficiarios de ayudas a personas en situación de dependencia, renta de inclusión para desafavorecidos o mayor dotación en prestaciones sanitarias destacan en las cuentas. Además, para 2019 habrá que sumar una nueva fase de ayudas a la política industrial dotada de 35 millones, un incremento de casi el 100% en la promoción exterior de la Comunidad Valenciana para favorecer las exportaciones, la mayor inversión en promoción turística o planes ambiciosos de transformación digital y atracción de inversiones de alto valor añadido, como la puesta en marcha del distrito digital previsto en Alicante, con más de 30 millones.

Las cuentas, según Oltra, dan continuidad a las acciones para "revertir la mala gestión del pasado y consolidar políticas de mirada larga que sirven para mejorar la vida de las personas". "Reforzamos políticas ambiciosas que iniciamos en 2015. Ampliamos derechos y consolidamos otros. Son políticas hechas con la cabeza y el corazón, garantía de progreso y felicidad que darán un fuerte impulso económico", insistió la vicepresidencia. Siempre que el dinero llegue, claro.