Vivienda, lengua, taxi… Puig pide a Sánchez liquidar la batalla legal Moncloa-Valencia

El Tribunal Constitucional acaba de dar un varapalo importante a una de las leyes estrella del Consell del Botánico. El Gobierno valenciano integrado por el PSPV-PSOE y Compromís quiso mostrar su compromiso con las políticas de vivienda y contra la especulación aprobando una ley de función social de la vivienda antes de terminar la legislatura. La norma incorporaba en su articulado la posibilidad de expropiar el usufructo temporal de pisos en procedimientos de desahucio para evitar la expulsión de familias en situación de emergencia económica o establecía sanciones a bancos con inmuebles vacíos que comprendían desde multas económicas a la incautación temporal del activo para incorporarlo a la oferta de alquiler social.

Esta ley se aprobó en enero de 2017 en las Cortes Valencianas casi al mismo tiempo que otra contra la pobreza energética impulsada desde la Cámara autonómica por Podemos. Muy pocos meses después y tras la incapacidad para acercar posiciones en las comisiones bilaterales convocadas al efecto, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra las dos normas valencianas por considerar que eran contrarias a la legislación estatal e invadían sus competencias. El pasado 5 de julio, poco más de un mes después de la toma de posesión de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, el pleno del Tribunal Constitucional anulaba los artículos en discordia de la ley valenciana y dejaba noqueados a Ximo Puig y Mónica Oltra. Nadie en el nuevo Ejecutivo había caído en la cuenta de que el recurso podía resolverse en breve y se había planteado su retirada.

La sentencia del Constitucional contra la ley de vivienda valenciana ha sido un varapalo para el Consell de Puig. El Gobierno no retiró el recurso

La interposición de recursos por parte del Gobierno contra leyes autonómicas no es ninguna excepción en el caso valenciano. El Ejecutivo mantiene más de medio centenar de conflictos contra norma territoriales, según reveló en su comparecencia en el Congreso la nueva ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, que se comprometió a revisar los incidentes. La mayor parte corresponden a Cataluña, pero la Comunidad Valenciana ha acumulado también un buen número de choques legislativos desde que en 2015 se produjo el cambio político y el Partido Popular abandonó la Generalitat.

El Constitucional ya ha anulado parcialmente dos normas del Consell de izquierdas. La primera, la de sanidad universal, que contempla la extensión de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y fue mutilada el pasado mes de diciembre tras un recurso del Ejecutivo de Rajoy. La llegada de Sánchez a La Moncloa ha revertido esa situación, porque una de las primeras medidas de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha sido recuperar la universalidad para el conjunto del territorio español. Curiosamente, Montón ha rescatado para el Gobierno del PSOE la medida que el Constitucional le había tumbado en Valencia. Es la mejor prueba de la naturaleza política de este tipo de recursos de inconstitucionalidad, que no suelen cuestionar el fondo, sino el choque de competencias entre la norma estatal y la autonómica.

Esta es la razón por la que la Generalitat aspira a no encontrarse más sorpresas. La próxima que se está cocinando es la posible anulación de parte del articulado de la ley de pobreza energética. La norma valenciana corrige la estatal, al ser mucho más exigente a la hora de permitir a compañías energéticas los cortes en el servicio de electricidad o gas en caso de impagos. El Gobierno justificó su recurso en una posible intromisión en la legislación del Estado y solicitó su anulación. Por ahora, el nuevo Ejecutivo socialista no se ha pronunciado sobre una posible retirada del recurso y en Valencia temen que no llegue a hacerlo por la complejidad de tirar hacia atrás el trabajo técnico realizado por los abogados del Estado para argumentar su posición.

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Donde Ximo Puig quiere persuadir a los ministros de Sánchez, con quien se reúne este viernes en Castellón, es en la fase previa a la interposición de recursos. Cuando el Gobierno central detecta un posible conflicto competencial, enciende un protocolo administrativo que tiene como primer capítulo la convocatoria de una comisión bilateral de cooperación entre los dos niveles para negociar una posible solución que evite el recurso de inconstitucionalidad. Rajoy tenía abiertos con Puig varios conflictos que están ahora en la comisión de Cooperación Administración general del Estado-Generalitat, y que van desde la ley de horarios comerciales y las restricciones para abrir domingos y festivos para las grandes superficies hasta la ley del taxi, que pone trabas a las personas jurídicas para obtener licencias.

El Consell valenciano quiere convencer a sus colegas socialistas de que renuncien a los recursos ante el Constitucional o que modifiquen las leyes estatales para armonizar su contenido. Ese es el caso de las políticas de vivienda, ya anuladas, pero también de medidas incluidas en la ley de acompañamiento de los Prespuestos de la Generalitat de 2018, como la regulación de los complementos salariales por carrera profesional de los funcionarios autonómicos y de las universidades valencianas. Otro de los conflictos surgió a raíz de la norma lanzada por la Conselleria de Educación en materia de plurilingüismo en las aulas. El Partido Popular valenciano, con Isabel Bonig a la cabeza, presionó mucho al entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para que recurriese la norma, pero este encontró problemas para hacerlo porque realmente no vulnera la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo en materia de mínimos de castellano en horas lectivas.