Archivan una de las causas de los contratos de Zapatero con la agencia del PSPV

El juzgado de instrucción número 43 de Madrid ha dado carpetazo a una las causas abiertas por los contratos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la agencia de comunicación señalada por participar en una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y Compromís. El juez ha decretado el archivo provisional de la investigación del proceso de adjudicación de una campaña de 184.138 euros a la agencia Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en el año 2008.

En concreto, el juez indagaba sobre el encargo de una creatividad sobre consumo responsable y tomó declaración a la que que era directora general de Consumo en el momento de la adjudicación, Etelvina Andreu, que un año antes, en 2007, había sido candidata a la alcaldía de Alicante por las siglas socialistas. También figuraban como investigados Susana Pagés, subdirectora general de administración financiera del departamento entonces dirigdo por Bernat Soria, y dos abogados del Estado, un interventor que formaban parte de la mesa de contratación.

"No se aprecia ninguna irregularidad en la determinación de las valoraciones que dan lugar a la adjudicación final", dice el juez

La base de la apertura de la causa fue un informe pericial elaborado por la Intervención del Estado en el que se ponían de relieve posibles irregularidades en la tramitación de la licitación convocada por el ministerio. Crespo Gomar no presentó la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, pero los criterios técnicos elevaron su puntuación en la baremación final y se quedó con el contrato, presupuestado inicialmente en 200.000 euros.

El informe de la Intervención fue enviado a los juzgados de Madrid desde el juzgado de instrucción 21 de Valencia, después de que su titular no apreciase motivos suficientes para abrir una causa por delito electoral, que consideraba prescrito en cualquier caso. La inhibición en Valencia dio lugar a la cuatro causas nuevas por presunta prevaricación en la concesión de contratos públicos a Crespo Gomar, una en Gandia, otra en Benidorm, una tercera por un contrato con el Ministerio de Vivienda por el que está investigado parte del equipo de Beatriz Corredor y un cuarto por la adjudicación de Sanidad y Consumo, ahora archivada.

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El juez, tras estudiar el expediente y tomar declaración a los investigados, considera en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, que no existen irregularidades en el proceso de contratación. "Han explicado la razones por las cuales adoptaron las decisiones que se consideran irregulares en el informe pericial, estimándose que de las mismas no resultan indicios de delito", dice el magistrado sobre los miembros de la mesa de contratación. En concreto, el auto indica que "no se aprecia ninguna irregularidad en la determinación de las valoraciones que dan lugar a la adjudicación final, esto es, la económica y la técnica". "No se puede concluir que haya existido ninguna irregularidad en la puntuación final asignada a la empresa Crespo Gomar SL, 46’80 puntos, superior a las otras empresas participantes en el expediente", añade.

Sobre Etelvina Andreu, la resolución juicial, que no es firme y puede ser recurrida tanto por la Fiscalía como por el Partido Popular, personado en la causa, señala además que comenzó a trabajar en el ministerio cuando el expediente de la campaña de Crespo Gomar ya estaba iniciada. "Su participación posterior en la adjudicación contractual se limita a la suscripción del certificado de realización de la campaña contratada", argumenta el auto.

Los contratos de Crespo Gomar y los indicios de que la agencia pudo colaborar en la financiación irregular del PSPV-PSOE en las campañas de 2007 están siendo empleados por el Partido Popular para tratar de reforzar su oposición tanto a Pedro Sánchez como a Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. Los populares incluso quieren que el barón valenciano y Zapatero comparezcan en la comisión de investigación del Senado sobre la financiación de partidos políticos. Tras conocer el archivo, el PP anunció que tiene previsto recurrir el auto como acusación popular representada por los diputados autonómicos Jorge Bellver, Luis Santamaría y Rubén Ibáñez. Tienen cinco días para ello.