La renuncia a medias de Rodríguez abre en canal el PSOE valenciano y deja tocado a Puig

Gritos de "¡Jorge! ¡Jorge!" en la rueda de prensa en que Jorge Rodríguez, principal investigado de la operación Alquería, anunciaba este lunes su renuncia a la presidencia de la Diputación de Valencia. En una comparecencia sin preguntas ante los medios de comunicación, el alcalde de Ontinyent defendía su inocencia rodeado de sus subordinados detenidos la semana pasada en el marco de la operación Alquería. "Podremos haber metido la pata, pero no hemos metido la mano. Podemos haber sido torpes, pero no ladrones", afirmaba para admitir la existencia de posibles "irregularidades administrativas", pero a la vez negar responsabilidades penales. La dimisión no es completa. Rodríguez no entrega el acta de primer edil en su ciudad del interior valenciano: delega competencias en la teniente de alcalde, Rebeca Torró, con la intención de "preparar su defensa" y deja la puerta abierta a un regreso si logra salir indemne de la investigación judicial.

La escenificación de la renuncia al cargo como responsable de una institución provincial con cerca de 500 millones de euros de presupuesto venía pactada con el 'president' valenciano y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que el pasado jueves ya propuso su sustitución y la suspensión de todos sus cargos en el partido. Fue el paso previo para la suspensión cautelar de militancia decretada por el secretario federal de Organización, José Luis Ábalos. Escocida por la polémica fiscal del fugaz titular de Cultura Màxim Huerta, Ferraz quería atajar la crisis cuanto antes y dejar clara su determinación contra la corrupción. El también ministro de Fomento había reclamado la cabeza de Rodríguez. Y Puig fue igual de contundente, asesorado por personas de su entorno, orillando sus dudas iniciales.

"Me ha transmitido que ha hecho todo de acuerdo con lo que pensaba era legal", revela Ximo Puig sobre sus conversaciones con Rodríguez

Pese al rápido movimiento, tanto el impacto mediático de la operación jurídico-policial como la pérdida de una persona afín —que jugó un papel clave contra el aspirante lanzado por Ábalos y Pedro Sánchez en el pulso interno por el liderazgo del PSPV— dejan tocado a Ximo Puig en lo órganico y en lo político. El 'president' había hecho del esfuerzo por "levantar la hipoteca reputacional" de la Comunidad Valenciana por los casos de corrupción del PP uno de los ejes de su discurso. Será muy difícil que ahora, tres años después de la salida del Partido Popular de la Generalitat y otras instituciones valencianas, pueda mantener esa bandera con la misma legitimidad. Ha quedado desautorizado por un caso de presunto enchufismo en que se investigan delitos de prevaricación y malversación de fondos por parte de miembros de su partido, con una directiva del socio Compromís como posible cómplice. El argumento de que se trata de una cuestión antigua desestimada judicialmente, empleado para rebatir los informes que aluden a una posible financiación irregular a través de la agencia Crespo Gomar, no sirve para la operación Alquería.

El epicentro de los supuestos contratos irregulares bajo sospecha no es un lugar cualquiera. Divalterra, antes Imelsa, es la misma empresa donde trabajaba Marcos Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero', cuya gestión está en el origen del caso Taula, que se llevó por delante a la cúpula del PP de la provincia de Valencia, con Alfonso Rus a la cabeza, y que salpicó a la fallecida Rita Barberá.

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La velocidad a la hora de empujar a Rodríguez fuera del círculo institucional ha sido proporcional a los minutos de conversación que Puig mantuvo con él este fin de semana, una vez ya fuera del calabozo el joven alcalde. "Me ha transmitido que ha hecho todo de acuerdo con lo que pensaba era legal, y que ha actuado conforme a lo que pensaba era legal", le defendía públicamente este lunes.

El jefe de gabinete del expresidente de la Diputación de Valencia lleva dos días difundiendo teorías conspirativas sobre el dispositivo de la UDEF

El viernes, el dirigente socialista fue recibido en su ciudad con aplausos y consignas de apoyo, al tiempo que varios secretarios comarcales de la federación valenciana salían en su defensa y comenzaban a circular teorías diversas de la conspiración: desde un posible interés oculto de mandos de la Policía Nacional o los fiscales Anticorrupción por sobreactuar en el operativo, hasta la hipótesis de un deseo maquiavélico de Ábalos de debilitar la figura de Ximo Puig. Tanto es así, que el nuevo delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, afín al ministro de Fomento, acabó acusando la presión y se metió en un charco el viernes en su toma de posesión pidiendo mesura a los cuadros policiales para "no anticipar penas", en una crítica velada al cuerpo del que es máximo responsable en la Comunidad Valenciana por la condición de su cargo.

La operación "tenía que acelerarse"

El jefe de gabinete del dirigente socialista provincial, Ricard Gallego, también arrestado e investigado, difundió este fin de semana a través de su cuenta de Facebook supuestas conversaciones con los agentes de la UDEF en que estos le habrían dejado caer que tenían la consigna de que la operación Alquería "tenía que acelerarse", y aludía a "enemigos grandes y poderosos" de Jorge Rodríguez. Al tiempo, este criticaba la desproporción del dispositivo para una causa en la que se investigan 10 posibles enchufes de militantes. "La acusación de una malversación de dos millones de euros es una barbaridad. Es una desproporción absoluta. No puedo decir más", señalaba el viernes a la salida de la Ciudad de la Justicia, tras comparecer ante el juez y negarse a declarar mientras la investigación siga siendo secreta.

En clave interna, Puig propuso a Toni Gaspar como sustituto para evitar una nueva batalla contra el abalismo por ocupar el espacio institucional que deja Rodríguez. Se trata de una persona con la que el propio líder de los socialistas valencianos compitió por la candidatura a la presidencia de la Generalitat en 2014. Gaspar perdió por goleada aquel envite y mantenía un perfil secundario como vicepresidente de la Diputación provincial, sin estar muy marcado orgánicamente. No es una persona de la confianza de Puig, pero tampoco cercano a Ábalos, de ahí que el relevo de Rodríguez vaya a producirse de manera más o menos fluida y sin enfrentamientos internos en un escenario en el que cada vez es más evidente la batalla por la influencia entre el barón territorial y el ministro socialista.

El operativo de Anticorrupción, autorizado por el juez y con la UDEF como apoyo policial, es todo un aviso a navegantes. Los mismos fiscales que han destapado infinidad de casos de corrupción en las filas del Partido Popular (y que siguen haciéndolo) se han mostrado implacables ahora con un grupo de altos cargos del PSPV-PSOE y Compromís por un asunto considerado menor pero que parece ser transversal en todas las fuerzas políticas: el uso de las instituciones o empresas públicas para otorgar salarios a personas de su órbita o militantes sin justificación clara de su labor o aportación al servicio público. La posible responsabilidad penal en el caso de Rodríguez y su equipo de confianza viene dada por la existencia de una docena de informes que les advertían de la ausencia de legalidad en los nombramientos de 10 directores de área de Divalterra y por su nula respuesta a las quejas de empleados y personal de la sociedad pública, que llevó ante la Justicia las posibles irregularidades al igual que poco después, en abril de este año, hizo Ciudadanos.