Libertad para el presidente de la Diputación de Valencia tras dormir en comisaría

El instructor de la llamada operación Alquería, que investiga contratos irregulares de personal en la Diputación de Valencia, dejó este jueves en libertad a los seis investigados después de que estos pasasen la noche en el calabozo de la Policía Nacional. Tras pocos más de dos horas de comparecencia ante el juez, salía por la Puerta de la Ciudad de la Justicia el presidente de la corporación, Jorge Rodríguez, al que los socialistas han apartado de todos sus cargos a la espera de que se despejen las dudas sobre su gestión. El también alcalde de Ontinyent, que sale con la única obligación de responder ante el juez cuando sea requerido y sin más medidas cautelares, se acogió a su derecho a no declarar y criticó ante los medios de comunicación el despliegue y la actuación policial, que calificó de "desproporcionada". Los seis arrestados siguen investigados por malversación y prevaricación.

Los detenidos pasaron la noche en los calabozos de la comisaría del barrio de Zapadores de Valencia. Allí permanecieron durante toda la mañana hasta que fueron trasladados en furgón a las dependencias de la Ciudad de la Justicia. Pasadas las 17h30 comenzaban a salir por una de las puertas. El primero de ellos fue Xavier Simón, cogerente de Divalterra designado por el PSPV-PSOE. Seguidamente lo hizo el letrado de la Diputación de Valencia y secretario del consejo de administración de la empresa pública, Jorge Cuerda. Ambos, tras declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 9 de Valencia. Ambos salieron en libertad, al igual que Ricard Gallego, jefe de gabinete de Jorge Rodríguez. Al igual que este, recuperaban la libertad sin mayores medidas cautelares que comparecer ante el juez cada vez que así se les comunique. También permanecen imputados la cogerente nombrada por Compromís, Agustina Brines, y el asesor de Rodríguez, Manuel Reguart.

La operación Alquería conmocionó el miércoles al PSOE y a Compromís por el volumen del dispositivo, con la detención de los seis investigados por parte de agentes de la UDEF, la Unidad de Ciberdelincuencia y registros en la Diputación, el Ayuntamiento de Ontinyent y las viviendas particulares. A raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ordenó una operación para incautar expedientes relativos a una decena de contratos de alta dirección con personas vinculadas a PSOE y Compromís con varios informes jurídicos en contra.

"Le he dicho al juez que no se podía declarar en un caso bajo secreto de sumario; lo oportuno era esperar a conocer de qué se acusa", señalaba Rodríguez en declaraciones a Europa Press. El joven alcalde socialista calificó de "bastante lógico" que su partido le haya suspendido de sus cargos orgánicos y le haya apartado de sus responsabilidades institucionales al tiempo que calificó de "barbaridad" que pudiera haber habido una malversación de dos millones y medio de euros de fondos públicos, como sostiene Ciudadanos en una denuncia a la Fiscalía que forma parte de la que el Ministerio Público hizo contra los investigados.