El fundador de Factoo pide 6 millones a las inspectoras de Trabajo que quieren cerrarla

El fundador de Factoo, una de las cooperativas de facturación que el Ministerio de Empleo ha puesto en el punto de mira para tratar de echarles el cierre, ha abierto una guerra judicial contra las inspectoras que iniciaron el expediente para descalificar a la entidad con sede en Valencia. Un juzgado de esta ciudad ha citado a Chema Escrivá y a las dos responsables de la Inspección Provincial de Trabajo para este 3 de julio después de que el primero presentase una demanda de conciliación previa a una querella por prevaricación, revelación de secretos e injurias y calumnias.

En su escrito, el promotor de Fidelis Factu Sociedad Cooperativa, que también figura como querellante, reclama a ambas funcionarias que depositen seis millones de euros en concepto de “indemnización por daños y perjuicios y gastos ocasionados a los actores, para el caso de no proceder a la paralización inmediata de todos los expedientes, así como la no apertura de nuevos, cuanto menos hasta que haya resolución judicial que así lo indique”.

La demanda remitida a los juzgados, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se sustenta sobre los escritos remitidos por la Dirección General de Inspección de Trabajo a los cooperativistas en los que acusaba a Factoo de montar una ficción cooperativa y de funcionar en realidad como una gestoría para facturar y no como una cooperativa real de trabajadores. Además, señalaba que Escrivá empleaba empresas pantalla e interpuestas como Data Plattform para refacturar por servicios prestados a Factoo.

Escrivá afirma en el escrito que las inspectoras trasladaron a las personas a las que abrieron expediente por usar la entidad para facturar trabajos el mensaje de que Factoo es una “estafa” y que su promotor estaba “engañando a sus socios cooperativistas”. Trabajo, de hecho, ha abierto expediente a varias decenas de trabajadores vinculados a la cooperativa para obligarles a darse de alta en el régimen de autónomos y pagar las cuotas atrasadas. Ha habido casos en que los expedientados han tenido que pagar a la Seguridad Social cantidades mucho más altas de lo que facturaron a terceros a través de Factoo.

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La demanda de Escrivá busca contrarrestar la acción de los funcionarios de la Inspección de Trabajo que iniciaron en el verano del año pasado un expediente de descalificación (la anulación de la condición de cooperativa) contra Factoo. La entidad sigue funcionando, aunque con menos inscritos y menos facturación, mientras los tribunales resuelven un recurso contencioso-administrativo contra la decisión gubernamental de clausurarla. A la vez, la Inspección ha advertido a los cooperativistas ya expedientados de que abrirá actas de sanción si reinciden en emplear Factoo para facturar trabajos a terceros sin haberse dado de alta.

En paralelo a la batalla judicial que libra con Trabajo, Escrivá ha promovido la creación de una nueva cooperativa denominada CoopArt, con base en Andalucía y destinada teóricamente a músicos, interpretes y otras personas interesadas en facturar actividades artísticas. Esta entidad se suma a una tercera, denominada Tecnicoo. El pasado mes de mayo, Factoo remitió un comunicado a sus asociados en el que informó de que estaba implementando "mejoras" en su plataforma e invitaba a darse de alta en las nuevas cooperativas. En junio comunicó también que Factoo dejará de trabajar progresivamente en los sectores artísticos y técnicos e invitaba a usar las "cooperativas hermanas".

La demanda de Escrivá ha puesto en una situación delicada al cuerpo de funcionarios de la Inspección de Valencia hasta el punto de que el Ministerio de Empleo salió al paso para mostrar "su apoyo total a las inspectoras", señalan fuentes del departamento de Magdalena Valerio a El Confidencial. Según señalaron, el fundador de Factoo puso una demanda inicial por la vía penal que no fue admitida y ahora ha optado por la vía civil, informa Javier G. Jorrín.

Compromís pide salvar a los cooperativistas

Mientras se resuelve la situación jurídica de Factoo, la Inspección mantiene los expedientes a asociados de la cooperativas a los que obligó a darse de alta en el RETA y pagar cuotas atrasadas. La mayor parte ha pagado pero ha presentado alegaciones contra esta decisión. Algunos han acudido a los tribunales para tratar de recuperar las cantidades exigidas. En ese sentido, Compromís presentó una proposición no de ley en las Cortes Valencianas en la que reclama al Ministerio de Empleo para paralice las sanciones a los trabajadores que han empleado cooperativas como la de Chema Escrivá para facturar a terceros porque han "acudido con buena fe a empresas legalmente en funcionamiento que ofertan un servicio muy específico desde hace años". "Mientras estas cooperativas no sean ilegalizadas, las personas usuarias están acudiendo a una empresa legalmente establecida que oferta un servicio determinado", señala la formación política para exigir que "abandone la campaña de persecución y sanción" a los cooperativistas.