recuerda que camps acudió al juicio como testigo

La "desazón" del juez de la Gürtel de Camps porque "no están todos los que son"

El magistrado expresa su decepción por no haber podido juzgar a todos los señalados y recuerda que Camps estaba en la causa como testigo. Identifica a Correa y los suyos como un "grupo criminal"

Foto: Camps, en una declaración en la Ciudad de la Justicia de Valencia. (EFE)
Camps, en una declaración en la Ciudad de la Justicia de Valencia. (EFE)

La sentencia que acredita la financiación ilegal de las campañas del Partido Popular valenciano en 2007 y 2008 identifica claramente a la cúpula de la organización política como responsable y coorganizadora del sistema de pagos con dinero negro o mediante la falsificación de facturas. Al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y sus subordinados, a los que el juez José Manuel Vázquez Honrubia, describe sin complejos como una "organización criminal" dedicada a cometer delitos económicos, les atribuye un evidente ánimo de lucro. A los políticos, por contra, los señala por su "pura ambición política de alcanzar y permanecer en el poder", deseo que empujaría su ánimo delictivo y que explicaría la ausencia de indicios de intentos de enriquecimiento personal en la causa investigada.

En términos de rédito electoral, en principal beneficiario de la inyección de votos suplementarios que pudo aportar la sobre financiación de la campaña electoral de las autonómicas de 2007 fue una persona que ni estaba procesada ni ha resultado condenada. No es otro que el que fue cabeza de lista del PP a la Generalitat, el entonces 'president' Francisco Camps. Honrubia cita a Camps hasta en 28 ocasiones en su sentencia de 137 páginas y no deja de lanzar insinuaciones sobre su papel en la trama condenada al hacer varias alusiones a la confesión realizada por Ricardo Costa en la que señaló a su superior como conocedor e instigador del sistema de pagos ilegales.

Francisco Corra y Ricardo Costa, los dos concenados por delito electoral y falsedad documental.
Francisco Corra y Ricardo Costa, los dos concenados por delito electoral y falsedad documental.

"No puede omitir este juzgador que varios de los acusados han apuntado la existencia de otras responsabilidades en concreto los Sres. Fco. Camps y Víctor Campos, pero es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto, formalmente, porque en este juicio comparecen como testigos por lo que es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta, por otra parte, los hechos se remontan a 2007/2008 por lo que dada la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave, sus actos, por supuesto en principio y sin perjuzgar, habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna", señala el magistrado de la Audiencia Nacional.

La declaración de Campos y Camps, ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen

En otro pasaje de la sentencia expresa lo que parece una cierta decepción por no haber tenido sentados en el banquillo a muchos de los señalados al dar por buena una de las afirmaciones de El Bigotes cuando decidió confesar en su turno de la vista oral. Así, Honrubia manifiesta literalmente su "desazón" por "la frase pronunciada en juicio por el lenguaraz Álvaro Pérez de que son todos los que están ( en este juicio) pero no están todos los que son".

En ese sentido, lanza lo que parece un reproche a los testimonios tanto de Camps como del que fue su vicepresidente, Víctor Campos, también señalado por Costa y Álvaro Pérez como conocedor y cómplice del sistema de financiación irregular. "La declaración de Víctor Campos y de Francisco Camps, ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos enjuiciados, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen", dice el magistrado.

Lo cierto es que la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida, acredita toda una sucesión de irregularidades en la contabilidad del Partido Popular valenciano desde el año 2006 hasta 2008. La formación conservadora se benefició de actos financiados fuera de la ley en las campañas de 2007 autonómicas y municipales por valor de 1,1 millones y 78.878 euros respectivamente. Para las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy era el candidato a la Moncloa, el dinero negro que circuló superó los 800.000 euros. El fallo considera probado que se pagaron con dinero opaco 26 actos electorales de aquellas generales, además de anuncios en prensa y radio. Además, Orange Market organizó otros actos polítcos fuera de períodos electorales que los populares pagaron también con dinero negro por valor de 508.051 euros en 2007 y de 918.012 euros en 2008.

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