Varapalo judicial al (tímido) intento de Puig y Oltra de recortar la enseñanza concertada

El Gobierno valenciano no gana para resoluciones favorables positivas en su política de enseñanza. La Conselleria de Educación se ha visto obligado a tener que dar marcha atrás y ajustar su modelo de introducción del plurilinguïsmo en las aulas tras una suspensión cautelar ordenada por los tribunales. Ahora acaba de recibir un nuevo golpe en forma de sentencias (todavía no firmes) del Tribunal Superior de Justicia contra el decreto de conciertos educativos que reducía el número de unidades en algunos colegios e institutos de capital privado. En concreto, el departamento que dirige el nacionalista Vicent Marzà acumula ya ocho fallos contrarios por otros tantos recursos interpuestos por el Centro Educativo San Juan de la Cruz, el Colegio el Armelar, el Sindicato Independiente en nombre del Colego Aitana de Elx (Elche), el Centro Sagrado Corazón de los Maristas de Alicante, La Purísima de las Franciscanas de Valencia, las Escuelas Cristianas La Salle y el Colegio Parque Santa Ana, todos ellos en la Comunidad Valenciana.

Estos y otro grupo de centros docentes habían visto reducido (no suprimido totalmente) el número de unidades concertadas en infantil o bachillerato, dependiendo del caso, para el curso 2017/2018, que ahora está a punto de terminar. La justificación legal de la 'conselleria' para reducir por decreto los conciertos es que las necesidades de escolarización eran atendidas suficientemente por los centros públicos, que la relación de alumnos presentada por los centros determinaba la supresión de las unidades por esta por debajo de las ratios mínimas y que los alumnos matriculados en el centro era insuficientes para el mantenimiento del concierto, unos argumentos que, tal como fueron expuestos, no convencieron a los jueces.

El Consell de izquierdas no ha lanzado un ataque masivo contra la enseñanza concertada, pero aún así se ha topado con una fuerte resistencia

No es que la Generalitat de Ximo Puig y Mónica Oltra haya lanzado un ataque masivo contra la enseñanza concertada. Más bien ha buscado ajustar el reparto de unidades y recursos acompasando la demografía en favor de los centros públicos. Sin embargo, la respuesta judicial de los centros afectados, la movilización de la asociaciones de padres y madres vinculadas a estos colegios de primaria y secundaria y la agitación por parte de la oposición del Partido Popular y Ciudadanos contra la gestión educativa del Consell de izquierdas han terminado bloquear no solo los movimientos iniciales, sino cualquier otro objetivo de mayor alcance si es que lo hubo en algún momento.

Los ponentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano, cuyo tribunal ha estado compuesto por Miguel Ángel Olarte Madero, Edilberto José Narbón y Manuel José Domingo Zaballos, han coincidido en que la Generalitat valenciana no está obligada por sistema a concertar (sufragar con fondos públicos) plazas educativas en centros privados. Pero en aquellos en los que ya existían conciertos y tocaba renovarlos debía ceñirse a lo que marca la normativa estatal.

En concreto, los distintos fallos se remiten a la Ley Orgánica de Educación que dicta que los conciertos, una vez extinguidos los períodos de planificación, como era el caso, podían renovarse si se cumplían los requisitos establecidos para ello. Y en este punto, todas las sentencias coinciden en que la Conselleria de Educación no ha motivado de forma suficiente su decisión de eliminar las unidades en cuestión. Es decir, sus informes sobre el cumplimiento de ratios en las aulas o la existencia de plazas en los centros públicos han sido insuficientes, por más que los jueces entienden que en el caso de las aulas de bachillerato suprimidas no existe obligación de financiar con fondos públicos. "Los conciertos en vigor no pueden extinguirse por decreto mientras el concierto siga vigente. La Administración, mientras se cumplan los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos", dice una de las sentencias, que llega a calificar de "defectuosa e insuficiente" la motivación de Educación para recortar unidades. Todos los fallos obligan a Educación a desembolsar el dinero del concierto correspondiente al curso 2017-2018 y la Generalitat ha anunciado que recurrirá.

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Los demandantes no han arrancado, no obstante, un estimación a la parte de sus recursos que trataba de situar el debate judicial en una cuestión en torno al artículo 27 de la Constitución y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral de acuerdo con sus convicciones. El fallo no les da la razón en esta cuestión, al entender que la retirada de algunas unidades concertadas no vulnera tal derecho.

Problemas con los centros públicos

La resistencia judicial de los centros concertados y asociaciones de padres de colegios católicos contra la política educativa del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ha bloqueado una parte importante de sus tímidos planes para reorganizar el mapa educativo autonómico. El problema para el llamado Gobierno del Botánico es que tampoco está logrando un balance positivo en lo que se refiere a la recuperación y refuerzo de la enseñanza pública. Tras años de gestión del Partido Popular basada en favorecer los conciertos educativos al tiempo que se congelaban situaciones sagrantes en centros públicos con alumnos dando clases en barracones de alquiler, las promesas para dignificar estos centros tampoco se están cumpliendo e plazos.

Tres años después del cambio político, la Generalitat ha sido incapaz de inaugurar un colegio nuevo y visibilizar su apuesta por la eliminación de barracones. Centros que se habían convertido en iconos de la lucha de padres y madres por una dignificación de las instalaciones, como el CEIP Emilio Lluch de Náquera, el 103 de Valencia o el Ciutat de Cremona de Alaquàs, siguen en obras o con los expedientes en tramitación, sin garantías de estas terminados antes de que finalice la legislatura.

Es cierto que la Administración autonómica valenciana sufre problemas de financiación y déficit de recursos en comparación con otros territorios, pero en ocasiones tampoco ha dado la sensación de que los cuadros políticas en Educación hayan apretado dentro de sus posibilidades a la maquinaria administrativa para desatascar entuertos burocráticos y agilizar expedientes.