El Estado se suma a la rebaja de penas a Correa por confesar y entregar fondos suizos

La Abogacía del Estado se ha sumado a la rebaja de penas planteada este martes por la Fiscalía Anticorrupción en la jornada de conclusiones del juicio por la financiación ilegal de las campañas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que se celebra en la Audiencia Nacional. Su representante en la vista oral, Edmundo Bal, ha apreciado como atenuantes para el delito contra la Hacienda Pública la confesión del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y el desbloqueo de los fondos que mantenía en cuentas en Suiza, dinero que servirá como "reparación" por los delitos de fraude de IVA e Impuesto de Sociedades de 2005 y 2007, por los que reclama ocho meses de cárcel y multas por cada uno de ellos. Correa hizo efectivo este martes el desembolso de dos millones de euros desde la cuenta de Ginebra de Credit Suisse, según desveló el propio juez José Manuel Vázquez Honrubia durante la sesión.

En conjunto, Anticorrupción ha reclamado siete años y tres meses de cárcel para Correa frente a los más de 22 años que exigía en su calificación inicial. Álvaro Pérez, 'El Bigotes', sale peor parado. Su petición de penas se reduce, pero hasta los 16 años. Por su parte, Ricardo Costa logra un rebaja sustancial hasta cuatro años y tres meses por tres delitos electorales y uno de falsedad documental, frente a los más de siete años que pedía inicialmente la Fiscalía. La fiscal Myriam Segura ha optado ajustar la responsabilidad del que fue número dos del PP valenciano, pero no lo ha justificado por un atenuante, al contrario que en el caso de Correa. "No se puede hacer el mismo reconocimiento a quien da un paso al frente al inicio del caso que a quien lo hace después", señaló en su intervención.

Correa hizo efectivo en la jornada en la que Fiscalía y Estado rebajaban su petición de cárcel el traspaso de dos millones desde sus cuentas de Credit Suisse

Si el juez dicta fallo condenatorio y atiende la calificación del Ministerio Público, Costa podría verse obligado a entrar en prisión. Las defensas de todos los anteriores y también de la de Pablo Crespo han aceptado la comisión de delitos y han renunciado a pedir la absolución, pero a la vez han solicitado mayores atenuantes al juez por sus confesiones, por su "colaboración con la justicia" o por haber entregado fondos para la reparación de daños. El letrado del pequeño de los hermanos Costa, por ejemplo, ha solicitado tres meses por cada uno de los tres delitos electorales y diez meses y quince días por el delito de falsedad documental.

Los acusados que no confesaron, como Vicente Rambla y David Serra, no se ven beneficiados por los atenuantes. No han confesado y han insistido en su inocencia durante el juicio, cargando la responsabilidad sobre Ricardo Costa. El primero se enfrenta a una petición de pena seis años y medio, mientras que el segundo arriesga siete años y nueve meses. Tanto Costa como Rambla o Serra pueden tratar de convencer al magistrado Vázquez Honrubia de que se ha producido "dilaciones indebidas" durante un procedimiento judicial que tuvo su origen en 2009 y cuyo juicio se ha celebrado casi diez años después. Si se tiene en cuenta este argumento podrían llegar a librarse de entrar en prisión. Así lo plantearán sus abogados defensores, según fuentes jurídica consultadas por El Confidencial.

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También los empresarios que participaron en la financiación irregular de actos a través de la entrega de fondos mediante la elaboración de falsificación de facturas se han adherido a la calificación de la Fiscalía. El pacto Myriam Segura se ha traducido en multas económicas sustitutorias de penas de cárcel. Los empresarios que se han conformado son Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, Enrique Ortiz, Antonio Pons, Alejandro Pons, Tomás y Rafael Martínez Berna, José Francisco Bevià y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

Las confesiones, las entregas de fondos y la sensibilidad de la Fiscalía y la Abogacía del Estado allanan el camino a una sentencia condenatoria en la que se pondrá en evidencia que el Partido Popular valenciano de financió de forma ilegal en las campañas autonómicas y municipales de 2007 y en las elecciones generales de 2008, en las que Mariano Rajoy fue candidato a la presidencia del Gobierno. Para pagar actos, los populares emplearon fondos de dinero negro y aportaciones de empresarios a Orange Market (la empresa de los cabecillas de Gürtel) justificados por trabajos que nunca se realizaron. Así lo recordó la fiscal en su intervención de conclusiones.

Estas son las penas que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para los principales acusados:

Francisco Correa: 7,3 años (antes 22 años)

Álvaro Pérez: 16,6 años (antes 27 años)

Pablo Crespo: 13,6 (antes 22 años)

Ricardo Costa: 4,3 años (antes 7,9)

David Serra: 7,9 años (antes 7,9 años)

Vicente Rambla: 6,3 años (antes 7,9 años)