Puig aguanta al alcalde de Alicante por temor a una ola de causas por fraccionar contratos

La presión sobre el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, para que abandone su puesto está en máximos después de que la Audiencia Provincial haya confirmado su procesamiento por prevaricación en el llamado 'caso Comercio'. La segunda instancia ha rechazado el último recurso del dirigente político y lo ha dejado al borde del banquillo por el fraccionamiento de pagos por valor de 180.000 euros en diciembre de 2016. Las facturas se tramitaron como contratos menores a un mismo proveedor para sufragar la organización de una gala institucional, la creación de la imagen de los mercados municipales y la campaña de Navidad de la Concejalía de Comercio. También se sentarán en el banquillo por estos hechos dos asesores, a los que se atribuye, además, el delito de usurpación de funciones.

Los socialistas ponen como ejemplo el caso de Mónica Oltra, pero la vicepresidenta sí ha insinuado que el alcalde debe apartarse a un lado

Echávarri se ha negado hasta ahora a dimitir por esta causa alegando que se trata de un asunto menor y administrativo que obedece a una "denuncia política" del Partido Popular. Así lo ha calificado este mismo viernes la portavoz municipal, la también socialista Eva Montesinos. El enroque ha propiciado la ruptura del acuerdo de gobierno con Compromís y Guanyar Alacant (Podemos), que han pedido la renuncia del alcalde, y ha trasladado la presión al 'president' autonómico y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig. Tanto el PP como Ciudadanos le han pedido que fuerce la salida del alcalde.

Sin embargo, Puig ha optado hasta ahora por aguantar al alcalde alicantino. Fuentes socialistas alegan que podría darse la circunstancia de que, al dimitir Echávarri, las fuerzas de progreso perdiesen el control de la alcaldía. Lo cierto es que la relación entre los tres partidos que propiciaron el relevo del PP está muy deteriorada a nivel local y habría que ver si sin capaces de ponerse de acuerdo o sí Compromís y Guanyar aceptarían otro alcalde socialistas. En cualquier caso, populares y Ciudadanos ya se frotan las manos ante las encuestas que vaticinan la pérdida de la mayoría de izquierdas en unas próximas elecciones.

En las filas del PSPV señalan sus estatutos obligan a abandonar el cargo cuando se produce la apertura del juicio oral, un auto que todavía no ha llegado, pero que va a ser inevitable una vez rechazados los recursos en la Audiencia Provincial. En el entorno de la dirección socialista autonómica temen que la dimisión de Echávarri rompa el dique y se produzca una oleada de denuncias judiciales por fraccionamiento de contratos, algo que los conservadores liderados en la Comunidad Valenciana por Isabel Bonig ya han comenzado a hacer.

Gobiernos a la altura de los ciudadanos

Tal como relató El Confidencial, la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación contra la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, por fraccionar pagos en su departamento de Igualdad. Lo ha hecho tras una denuncia del PPCV. El caso es algo distinto al de Echávarri, porque se trataba de contratos menores sucesivos de servicios en centros de mayores a la espera de la tramitación administrativa de contratos abiertos con concurrencia. El Ministerio Público todavía no se ha pronunciando sobre esta cuestión, aunque ha pedido documentación. También de otros pagos, como los realizados por la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà (Compromís) en la llamada Primavera Educativa, una serie de actos festivos sobre educación.

El argumento de campaña de denuncias por parte de la oposición forma parte de las razones por las que, de momento, los socialistas no han pedido al alcalde de la segunda capital de la Comunidad Valenciana que de un paso atrás. Pero paradójicamente sí lo han hecho los que eran sus socios y este mismo viernes, la propia Oltra, en teoría afectada por una denuncia similar, ha lanzado un elocuente "los gobierno deben estar a la altura de sus ciudadanos". No es la primera vez que la número dos del Consell del Botánico lanza una mensaje a Echávarri. En octubre, cuando el juzgado de primera instancia cerró la instrucción ordenando el procesamiento ya consideró que el alcalde estaba en una "situación insostenible".