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los populares acorralan a la líder de compromís

Intervención avisó a Mónica Oltra en 2015 y 2016 de que fraccionaba pagos fuera de la ley

Una denuncia del PP por prevaricación obliga a la vicepresidenta valenciana a admitir que ordenó contratos irregulares para mantener servicios. La Fiscalía investiga la documentación

Foto: La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. (EFE)
La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. (EFE)

Una denuncia del Partido Popular por prevaricación contra Mónica Oltra ha puesto en tensión al Gobierno valenciano de PSOE y Compromís ante el riesgo de que la Fiscalía Provincial lleve ante el juez la gestión de su vicepresidenta y pueda resultar investigada (imputada). El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación (trámite automático cuando se recibe una denuncia en forma) para determinar si Oltra pudo cometer irregularidades al ordenar pagos fuera de contratos y sorteando la legislación por importe de 43 millones de euros desde que tomó posesión de su cargo en el verano de 2015. Entre los gastos recogidos en la demanda, firmada por la vicesecretaria regional del PP, Eva Ortiz, figuran varios relativos a contratas de limpieza en centros de mayores y también pagos realizados por la vía conocida como de 'enriquecimiento injusto', es decir, aquellos que se realizan habitualmente en el tránsito comprendido entre la finalización de un contrato y la tramitación del nuevo, cuando el servicio no puede dejar de ofrecerse por razones de urgencia o de necesidad.

En total, los populares, que han aportado un paquete de documentos y expedientes a la Fiscalía, sostienen que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, bajo control de Oltra, ha efectuado pagos presuntamente irregulares por importe de 43,7 millones de euros. La denunciante sostiene que la dirigente política actuó en fraude de ley y que "su actuación obstinada y reiterada de elusión de los procedimientos de contratación" pudo producir "un menoscabo a la Hacienda Pública de la Generalitat", según recoge el texto del escrito remitido a la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Confidencial. Ortiz reclama que se tome declaración, no solamente a la líder de Compromís, sino también a todos los integrantes del Gobierno valenciano, incluido su presidente, el socialista Ximo Puig, por haber autorizado de forma retirada en reuniones plenarias las órdenes de pago a empresas de servicios sociales sin mediación de contrato.

Uno de los informes de la Intervención sobre pagos fraccionados de la 'conselleria' de Mónica Oltra.
Uno de los informes de la Intervención sobre pagos fraccionados de la 'conselleria' de Mónica Oltra.

La apertura de diligencia por la Fiscalía, un trámite automático que no implica de entrada existencia de indicios penales, ha provocado una tormenta política en el ecosistema regional con derivadas nacionales. Tanto Oltra como sus socios de gobierno han salido a denunciar una campaña de descrédito por parte del PP enmarcada en una estrategia para tapar sus propios escándalos de corrupción. De hecho, la denuncia lleva fecha de 17 de enero, justo una semana antes de que Ricardo Costa confesase en la Audiencia Nacional la financiación ilegal del PP en las campañas de 2007 y 2008. "No van a conseguir meter el dedo en el ojo del 'Botànic' quienes han enfangado la comunidad y desfilan hoy en día por los tribunales. La Generalitat y Oltra están limpios como una patena", manifestaba este sábado Manuel Mata, portavoz socialista en las Cortes Valencianas. "Los resarcimientos que se han tramitado lo son por servicios respecto de los cuales se ha finalizado el contrato sin que haya dado tiempo a tramitar uno nuevo, por lo que las empresas que resultaron adjudicatarias en concurso público y en concurrencia continúan prestando los mismos. Los servicios esenciales necesitan seguir siendo prestados porque se trata de atención a personas", han explicado desde la 'conselleria'.

Oltra es aforada ante el TSJ como diputada autonómica, pero una denuncia de la Fiscalía complicaría mucho su situación política

El departamento de Oltra también ha asegurado que ninguno de los expedientes recogidos en la denuncia sorteó la ley porque no pueden ser aprobados con informe negativo de la Intervención. Sin embargo, la carga documental que acompaña la demanda del PP incluye varias advertencias de la Intervención que arrojan dudas sobre si Oltra ordenó pagos a sabiendas de que estaba vulnerando la ley de contratos públicos. En concreto, el texto recoge tres informes firmados por el interventor delegado, Jordi Esteve i Perales, fechados en octubre de 2015 y marzo de 2016, respectivamente, en los que se señala la existencia de fraccionamiento de contratos contrarios al articulado de la ley. Se trata de abonos a las empresas Servicios Integrales de Limpieza NET y El Rayo del Amanecer, por importes superiores a los 18.000 euros que marca la legislación para tener que someter a concurrencia los servicios. Estas advertencias se habrían repetido de forma sistemática en otros muchos pagos, sostienen los populares.

"El continuado fraccionamiento del objeto de los contratos administrativos a los efectos de su adjudicación directa sin procedimiento abierto a la concurrencia es práctica constante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y esta práctica ilegal ha sido sistemáticamente puesta de manifiesto por la Intervención de la Generalitat en los expedientes de los que esta denunciante ha tenido conocimiento. Existe una actuación reiterada consistente en la contratación por pequeños periodos y con las mismas empresas de servicios tales como el de limpieza de distintos centros sociales de la mencionada 'conselleria', siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor pero fraccionados en claro fraude de ley", insiste la denunciante Eva Ortiz.

Si la denuncia no llega ni siquiera a manos de la Fiscalía Anticorrupción, será un primer indicio del corto recorrido judicial de la investigación

Desde las filas de Compromís se niega cualquier irregularidad y se hace hincapié en la necesidad imperiosa de los pagos por la urgencia de los servicios prestados a la espera de completar los procesos administrativos de licitación. Menos aún, sostienen, se habrían producido delitos de prevaricación o prevaricación administrativa, como denuncian los populares. El problema para Oltra, sin embargo, es hasta dónde alcanzará la investigación de la Fiscalía Provincial y si tomará cuerpo en forma de denuncia ante los tribunales, lo que complicaría mucho su situación política. La líder de la coalición de izquierdas y nacionalista disfruta de aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como diputada autonómica, por lo que lo lógico es que si la Fiscalía Provincial, y tras practicar diligencias previas, percibiese indicios de delito remitiera el expediente a la Fiscalía Superior. De entrada, al tratarse de una denuncia por prevaricación administrativa, es muy probable que ni siquiera llegue a manos de Anticorrupción, lo que revelaría un escaso recorrido judicial a la denuncia.

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