Residencias Cotino: diez años sin pagar IBI por no comunicar la construcción al Catastro

Tiene 3.800 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas sobre una parcela de más de 15.000 metros con jardín y aparcamiento. Todas las habitaciones cuentan con aseo completo propio. Hay salas comunes, salas de estar, comedor, biblioteca, cocina y gimnasio. Hablamos del Centro Residencial Savia de El Puig, a quince minutos en coche de Valencia por autovía. Este edificio, con una capacidad para 124 residentes, además del personal, y otras dieciséis personas en régimen de estancia diurna, es bien visible desde una de las travesías del municipio. Sin embargo, para el Catastro Inmobiliario no existe. El propietario de la parcela, la mercantil Geroncentros del Mediterráneo, no ha actualizado los datos relativos a las construcciones realizadas en la parcela de uso agrario sobre la que se asienta pese a que solicitó la licencia de primera ocupación en abril de 2006 y le fue concedida por la arquitecta municipal dos años después.

La consecuencia de este 'olvido', que no solamente ha pasado por delante de los ojos de Gerocentros, sino también del propio Catastro y del Ayuntamiento de El Puig, es que el centro residencial lleva más de una década pagando una cantidad irrisoria de Impuesto de Bienes Inmuebles, la que corresponde por ser suelo de uso agrícola, apenas 180 euros anuales, según el último recibo. El perjuicio para las arcas municipales es evidente. Una residencia de tamaño similar, gestionada por La Saleta, participada por el fondo de capital riesgo MCH Private Equity, desembolsa 19.000 euros. Su ficha catastral es bien distinta a la de Savia, con una descripción de sus construcciones de uso "benéfico-sanitario".

Gerocentros del Mediterráneo es la empresa con la que los empresarios Vicente Cotino y Enrique Ortiz optaron a la concesión de plazas concertadas para mayores en el programa que promovió Juan Cotino, tío del primero, cuando fue 'conseller' de Bienestar Social de la Generalitat. Bajo la marca Savia, Gerocentros fue de una las grandes beneficiadas de un modelo que todavía hoy perdura y que permite a las concesionarias de geriátricos atender personas mayores con cargo a fondos autonómicos, a la vez que clientes privados. Cotino abandonó Gerocentros hace varios años, cuando los problemas económicos de Sedesa le abocaron al concurso de acreedores y a realizar desinversiones. Sus socios en la compañía, Ortiz y también el Grupo Fuertes (El Pozo) han terminado por asumir sus participaciones en esta empresa con más de veinte geriátricos repartidos por la Comunidad Valenciana.

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El grupo municipal de Sí que es pot El Puig, la marca de Podemos en esta población, ha remitido un escrito en el que reclama a la alcaldesa, la socialista Luisa Salvador, que inicie los trámites para resolver las irregularidades ante la evidencia, no solamente de que la situación catastral (cuya valoración sirve de base para calcular el IBI) no es correcta, sino que además ha pasado por delante de todos los equipos de gobierno desde que comenzó a operar la residencia, con el PSOE en la alcaldía. Tampoco los dos gobiernos municipales del popular José Miguel Tolosa parecieron advertir la merma de ingresos que les estaba suponiendo la irregularidad formal de Savia. "Yo llevo solamente dos años en el cargo. Cuando llegué debían tres años de canon (Savia debe abonar también 30.000 euros al año por disfrutar de una Declaración de Interés Comunitario que le permitió construir en suelo rústico) y ahora ya están al día. Eran 90.000 euros", se justifica Salvador ante las preguntas de El Confidencial.

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Sobre la irregularidad catastral, la alcaldesa admitió que no ha sido hasta "hace unos días" cuando ha ordenado enviar una nota al Catastro advirtiendo de la situación del complejo geriátrico de Gerocentros del Mediterráneo, un movimiento que coincide con la investigación realizada por los concejales de Podemos. Salvador aseguró que tiene previsto hacer lo posible por recuperar los tributos atrasados, aunque admite que solamente podrá reclamar los de los últimos cuatro años, como marca la ley.

La empresa asegura que sus servicios jurídicos han procedido a regularizar la situación catastral "o que lo harán próximamente. Que no haya duda"

Por su parte, el director general de Gerocentros, Arturo Alario, aseguró, a preguntas de El Confidencial, que los servicio jurídicos de la empresa han procedido a regularizar la situación y que, si no lo han hecho ya, "lo harán proximamente. Que no haya ninguna duda".

La residencia de Savia en El Puig no es la única que es un fantasma para la Direccion General de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. También en La Nucia (Alicante) se ha producido una circunstancia similar, según publicó Valencia Plaza. Este centro geriátrico fue inagurado en 2003 y desde entonces no ha pagado el IBI que le corresponde porque para el Catastro los 4.000 metros construidos son un patatal rústico.

El mismo patatal que figura en el caso de la residencia de Paiporta, donde Gerocentros del Mediterráneo pagó 72 euros en su último recibo del IBI, según ha denunciado el grupo municipal de Podemos. Como en el caso de El Puig y La Nucia, el centro se ubicaba originalmente sobre suelo rústico, pero hoy es un complejo de más de 4.000 metros cuadrados construidos sobre una percela de 8.000 metros con capacidad para acoger 140 clientes invisible para el Catastro.

En total, Geroncentros del Mediterráneo puede haberse ahorrado cientos de miles de euros en más de diez años al no haber actualizado su situación catastral. Y lo grave es que podría haberlo hecho con la complicidad de técnicos o responsables municipales. En el caso de El Puig, la arquitecta municipal concedió la licencia de primera ocupación dando por hecho que había presentado lo que se conoce como Modelo 902, un documento que acredita el alta en el IBI. Sin embargo, los concejales de Podemos aseguran que ese documento no aparece en el expediente y que el único que figura es el llamado Modelo 903, que solamente certifica el cambio de titularidad de un inmueble o parcela ante la Dirección General del Catastro.

De igual forma, el consistorio de La Nucia, gobernado por el popular Bernabé Cano desde 2003, solamente ha movido ficha para reclamar la regularización de la residencia de Savia cuando se ha producido una denuncia política del grupo de Ciudadanos.

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