Rebelión de los ‘lobbies’ de las tragaperras contra la ley del juego de Ximo Puig

Las asociaciones del sector del juego se han rebelado contra el cambio normativo lanzado por la Generalitat valenciana. El anteproyecto legislativo que regula esta actividad elimina las barreras a la posibilidad de que aparezcan nuevos operadores de casinos y rompe el monopolio por provincias del que ahora disfrutan Cirsa (Valencia), Acrismatic (Alicante) y Orenes (Castellón). Pero la nueva regulación también contempla un incremento fiscal para las máquinas de premio, las conocidas como tragaperras, y una medida conocida como 'descontingentación', lo que en la práctica es una liberalización que elimina los vetos a la entrada de nuevos operadores y el número de máquinas.

Los planes de la Conselleria de Hacienda, controlada por el PSOE a través de su titular, Vicent Soler, pero con la Dirección General de Tributos y Juego en manos de Eduardo Roca, afín a Compromís, pasan por aumentar la fiscalidad de este tipo de juegos y compensar la caída de algunas máquinas por la mayor presión tributaria, dando entrada a operadores alternativos a los licenciatarios actuales. “Con esta ley, pretendemos adaptar la regulación a las nuevas normas de juego, revisar los procedimientos y el régimen sancionador, suprimir rigideces de la normativa actual y aprovechar la normativa de otras comunidades autónomas, que han incluido nuevas regulaciones”, ha señalado públicamente Roca.

La Comunidad Valenciana cuenta con 25.500 máquinas de tipo B y C repartidas por distintos locales de hostelería y salones de juego que abonan a la Administración autonómica 3.200 euros anuales en concepto de tasa, a excepción de 1.551 dadas de baja temporalmente. La nueva ley eleva la fiscalidad de esas máquinas en 400 euros (hasta 3.600), introduce un gravamen del 10% por persona en las máquinas multijugador y eleva del 10% al 20% la tasa sobre el margen (cantidad jugada menos premios repartidos) en las terminales de apuestas deportivas.

Los actuales licenciatarios advierten de la entrada de "grupos especuladores extranjeros y de dudosa reputación empresarial y profesional"

Estas medidas han levantado en armas a los ‘lobbies’ del sector, agrupados en las asociaciones Anesar (salones de juego) y Andemar, Apromar, Asvomar y Avalju (tragaperras), que han presentado una batería de alegaciones conjuntas en que aseguran que la nueva ley “va a suponer un importante retroceso para todas las empresas que conforman la industria del juego privado en la Comunidad Valenciana”.

El documento, difundido a través de la revista 'Sector del Juego', asegura que la nueva norma pone en riesgo los 88 millones en ingresos fiscales que la Generalitat obtuvo de las máquinas tragaperras y de apuestas deportivas en 2016 y afirma que 30.000 establecimientos de hostelería obtienen un porcentaje importante de su rentabilidad de los ingresos que obtienen de las máquinas. “El anteproyecto [que salió a exposición pública a finales de julio] nos ha turbado el sueño de una noche de verano, pese a no dar crédito, tenemos que alegar a fin de evitar tener que reducir nuestras plantillas de trabajadores intentando que la ley del juego no se convierta en una ley antijuego”.

La Generalitat ha obviado a los argumentos de las patronales y ha introducido el incremento fiscal en la Ley de Acompañamiento de Prespuestos

Las asociaciones, que agrupan a los principales operadores nacionales (como Cirsa u Orenes, que también han alegado a través de la Asociación de Casinos) y también a licenciatarios locales, aseguran, entre otras cosas, que la “sedicente tasa fiscal-impuesto” que grava la explotación e instalación de tragaperras tendrá un efecto “perverso” contrario al deseado: “La tasa fiscal, lejos de suponer un aumento de la recaudación tributaria, supondrá su merma ante la inevitable baja definitiva de máquinas, porque muchas máquinas no cubrirán gastos fiscales y de explotación, quedando por debajo del umbral de rentabilidad aconsejable”.

Tras recordar que la recaudación se ha reducido un 49% entre 2008 y 2015 y que una medida similar en Andalucía provocó la baja de más de 9.000 máquinas y el desplome de los ingresos fiscales, las patronales proponen medidas alternativas como bonificaciones en el aumento fiscal a cambio de mantener sus plantillas (afirman dar trabajo a 4.000 personas) y reducciones en la tasa para rescatar a partir de enero de 2018 las más de 1.500 máquinas que ahora están suspendidas. Además, cargan contra el aumento de la presión fiscal sobre las terminales de apuestas deportivas, que, según dicen, supondrán “un negocio ruinoso por las inversiones realizadas”. "Hay un desconocimiento del funcionamiento del modelo de negocio”, dicen.

Problemas de orden público

Las asociaciones esgrimen estudios del profesor de la Universidad de Valencia Vicente Safón para oponerse a la liberalización de operadores y la 'descontingentación' de máquinas. Sostienen que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya sentenció que exista conculcación de principios de igualdad en la planificación del número de máquinas, tras el recurso de dos operadores que quedaron fuera. “Se justifica por el interés publico y por tratarse de un sector regulado, intervenido y fiscalizado administrativamente como es el del juego, que está excluido de la directiva de servicios”.

Y lanzan una advertencia sobre el tipo de operadores que podrían acceder al mercado de las tragaperras con la nueva ley: “La medida anunciada facilitaría la entrada de operadores que con total seguridad generarán problemas tanto en el ámbito recaudatorio como en el del orden público, lo decimos abiertamente si se nos permite la licencia, tratándose de grupos especuladores extranjeros y de dudosa reputación empresarial y profesional”.

Sin embargo, los argumentos de las patronales del sector han caído de momento en saco roto en la Generalitat, al menos los referidos el incremento fiscal. No solamente sigue adelante con la iniciativa legislativa, sino que en previsión de un posible retraso en la tramitación parlamentaria de la ley, ha incorporado la nueva fiscalidad de las máquinas a partir del 1 de enero a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2018.