POR LAS CAMPAÑAS DE 2007, 2011 y 2015

La tesorera del PP y Alfonso Grau, imputados por la financiación ilegal de Valencia

El juez sostiene, a partir de un informe de la UCO, que el número dos de Rita Barberá ideó un sistema empresarial para financiar campañas de forma irregular desde 2007

Foto: El exvicealcalde de Valencia, Afonso Grau. (EFE)
El exvicealcalde de Valencia, Afonso Grau. (EFE)

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha citado como imputado a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, por el presunto dopaje electoral continuado de las campañas del Partido Popular en los años 2007 y 2011. Además, el juez también cita al exconcejal Eduardo Santón, responsable de las fundaciones que habrían financiado campañas de la ex alcaldesa Rita Barberá, fallecida el año pasado. Ambos declararán el 6 de octubre. Además, el auto también cita como imputada a Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, actual tesorera del Partido Popular, y al exgerente provincial, José Moscardó, quienes declararán el próximo día 16 de octubre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La citación como investigados por parte del magistrado Víctor Gómez se produce después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aportase a principios de mes un informe, en el que acredita la supuesta participación de Grau en la organización y control de fondos opacos destinados a financiar las campañas electorales de Barberá y el PP de Valencia ciudad. El informe tiene como base la información aportada por el exasesor popular Jesús Gordillo, ex empleado de Laterne Product Council, la empresa utilizada para canalizar las donaciones ilegales de empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Laterne se encargaba a su vez de cubrir gastos de campaña de la candidatura popular, multiplicando por más de veinte los gastos declarados oficialmente en las distintas convocatorias electorales.

La UCO pone en duda la financiación de las campañas de la fallecida Rita Barberá, en especial la de 2007, en la que arrasó con mayoría absoluta. (EFE)
La UCO pone en duda la financiación de las campañas de la fallecida Rita Barberá, en especial la de 2007, en la que arrasó con mayoría absoluta. (EFE)

Según el auto (vea aquí el documento), que cita como fuente el informe policial, Grau y el empresario dueño de Laterne, Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último "para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros con motivo de las elecciones municipales de 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación del gasto, impidiendo de eso modo la fiscalización y permitiendo con ello que se superar el techo legal de gasto, sin reflejo de la contabilidad electoral".

La relación entre el grupo municipal del PP y Laterne se vistió de legalidad mediante la firma de un contrato estipulado en 150.000 euros. Sin embargo, la documentación interna de Laterna refleja que el gasto atribuido a esa primera campaña de 2007 ascendió finalmente a 2,58 millones de euros, pese a que los populares solamente declararon para toda la provincia de Valencia 133.762 euros. La UCO admite, no obstante, que aunque el contrato lleva el sello de Laterne no está firmado y que no se acreditado la entrega de los 150.000 euros estipulados mediante un cheque por parte de Mari Carmen García Fuster, otra de las personas de confianza de Barberá e imputada desde el principio de la Operación Taula por la trama de blanqueo de aportaciones en billetes de 500 euros de la campaña de 2015.

Para canalizar la entrega de dinero a Laterne, Grau utilizó entidades y fundaciones públicas como el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD), que habría hecho entregas a la empresa de Sáez con sede en Bruselas City Marketing Consell SPRL, Feria Valencia y Fivec, una fundación municipal dedicada a proyectos de innovación urbana.

Los empresarios, de testigos

La segunda vía de entrada de fondos en Laterne se producía a través de la presunta simulación de gastos y facturas con empresas contratistas de la Administración. Muchas de estas empresas también aportaron hasta 1,1 millones de euros a través de la constitución de empresa Product Management Council (PMC), que no llegó nunca a ejercer una actividad real ni a tener trabajadores en plantilla. Entre las empresas contratistas que participaron en este entramado, según la UCO, figuran Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Pavasal, Durantia, Luis Batalla, Edival, Grupo Secopsa, Ágora e Inmotec. También se solicita información de sociedades como Rover Alcisa, FCC, Nou Litoral o Construcciones Luján. Sin embargo, no cita a los empresarios como investigados por considerar que el posible delito de cohecho habría prescrito. Considera que deberán declarar como testigos.

El juez cita a los investigados para tratar de certificar que los hechos descrito en el informe de la UCO son ciertos. El magistrado sostiene que puede haberse producido blanqueo de capitales, pero también posibles hechos penados como malversación de fondos, cohecho y delito electoral. No obstante, entiende que no cabe imputar delito de financiación ilegal de partidos políticos, por ser los hechos anteriores a la tipificación del mismo. También ha dejado fuera del procedimiento que instruye al que fue presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, "por no resultar relevantes los indicios documentados".

La imputación de José Moscardó como ex gerente provincial del PP se explica por la posible comisión de delito de falsedad en la contabilidad, como administrador electoral en la campaña de 2007. No descarta citar al extesorero popular, Luis Bárcenas, en calidad de testigo, pues era adminstrador único designado por su partido para las campañas municiples de ese año.

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