La fiscalía y generalitat piden hasta 17 años para blasco

Niños explotados, mujeres con hambre: Cooperación es el peor caso de corrupción

Anticorrupción y la Generalitat reclaman más de 170 años de cárcel para la trama liderada por Rafael Blasco que creó un sistema para saquear cinco millones de los fondos destinados al Tercer Mundo

Foto: Rafael Blasco ya cumple pena de cárcel por una primera causa de desvío de fondos. (EFE)
Rafael Blasco ya cumple pena de cárcel por una primera causa de desvío de fondos. (EFE)

En el aluvión de casos de corrupción que han azotado a España en los últimos años hay mucha variedad. Los hay de guante blanco, tarjetas black, operaciones corporativas con parada en paraísos fiscales o financiación ilegal de campañas electorales con cargo a empresas contratistas de la Administtración. Pero en la clasificación de la lista de la vergüenza hay una causa que juega en la liga de campeones de la inmoralidad. Se trata del llamado caso Cooperación o caso Blasco, la trama vinculada al exconseller valenciano de Solidaridad, Rafael Blasco, acusada de saquear los programas de ayudas públicas al Tercer Mundo durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Proyectos contra la explotación sexual de niños y niñas en Malabo, contra la pobreza en África, o en favor del trabajo de la mujer fueron saqueados

La titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia ha cerrado ya la investigación de dos de las cuatro piezas y ha recibido los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat valenciana y el resto de acusaciones particulares, que reclaman la apertura de juicio oral y penas que suman más de 170 años de cárcel para una veintena de investigados por la comisión de presuntos delitos de organización criminal, malversación de cuadales públicos, prevaricación, frade en subvenciones, encubrimiento, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

El empresario encarcelado por el desvío de ayudas a países en desarrollo , Augusto César Tauroni, tras comparecer en el Juzgado de instrucción 21 de la ciudad de la justicia de Valencia por el caso Cooperación. (EFE)
El empresario encarcelado por el desvío de ayudas a países en desarrollo , Augusto César Tauroni, tras comparecer en el Juzgado de instrucción 21 de la ciudad de la justicia de Valencia por el caso Cooperación. (EFE)

Las acusaciones consideran que el empresario Augusto César Tauroni, con conocimiento y en connivencia con Rafael Blasco y sus colaboradores en su departamento del Gobierno valenciano, montó un entramado de organizaciones no gubernamentales y empresas pantalla controladas por testaferros al que desvió cerca de tres millones de euros que iban destinados a proyectos de cooperación internacional. La lista de iniciativas presuntamente saqueados sonroja porque incluye iniciativas contra la violencia sexual y explotación laboral de niños y niñas en Malabo; reduccion del nivel de contagio de VIH/Sida en la misma localidad de Guinea Ecuatorial; proyectos de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria para la mujer en República Dominicana y México; o ayudas para la salud y desarrollo de colectivos necesitados en África. La relación de expedientes corrompidos incluye las iniciativas que se proyectaron para colaborar en la reconstrucción de Haití tras el terromoto que asoló el país caribeño en 2010 y el frustrado proyecto para construir un hospital para el que iban a destinarse cuatro millones de euros. Este último suscitó además, una pieza separada contra la trama, que finalmente se ha unificado en un único de procedimiento abreviado.

Según las acusaciones, de más de 5,5 millones de euros otorgados en ayudas apenas llegaron a su destino poco más de medio millón de euros. Y de estos, 2,9 millones de euros terminaron en cuentas de una red de sociedades instrumentales administradas por testaferros ligados a Tauroni, varias de ellas domiciliadas en Estados Unidos, como New Castle Consulting Corporation, Quinto Centenario, Worldwide Training Resources, Desarrollo del Ecuador Inc o International Human Resources. Hay otra mercantil, Indra Holding and Investment Corp., dedicada a la actividad inmobiliaria, y a cuyas cuentas bancarias se derivaron presuntamente los pagos que las ONGD receptoras de las subvenciones hicieron al resto de sociedades instrumentales domiciliadas en EEUU. En dicha sociedad figuraba como presidente Augusto Tauroni Masiá y como vicepresidenta, su mujer, Alina Indiekina Lysenko. Tauroni llegó a comprar dos pisos en Miami y una embarcación de dinero con fondos procedentes de las ayudas al Tercer Mundo, según la instructora.

Diferencia entre dinero concedido y llegado a destino que recibió la trama de ONGs. (Abogacía de la GVA)
Diferencia entre dinero concedido y llegado a destino que recibió la trama de ONGs. (Abogacía de la GVA)
Según la investigación, la trama desarrollo un modus operandi basado en la concesión de ayudas a pequeñas ONG incapaces de asumir los proyectos, cuyas propuestas eran evaluadas y puntuadas al alza por una UTE externa liderada por Caaz con el jefe del área de la Dirección General de Cooperación, Marc Llinares, como cómplice. “Estas organizaciones no poseían trayectoria y, por consiguiente, tenían desconocimiento del ámbito de la cooperación (en la parte administrativa, y en la técnica de presentación y ejecución de proyectos). El Sr. Tauroni les animaba para que concurrieran a las convocatorias públicas dando suficiente garantía (por mor de concierto previo) en la aprobación de los proyectos que presentasen, proyectos en los que el Sr. Tauroni incrementaba el presupuesto a los efectos de obtener más ganancia” explica la Abogacía de la Generalitat en el escrito de la acusación remitido al juzgado.

Fiscalía reclama doce años de prisión y treinta de inhabilitación para Blasco por malversación más otros cuatro por asociación ilícita, 16 en total

Blasco y Tauroni ya cumplen pena de prisión por una primera causa de desvío de fondos. En concreto fueron condenados por la malversación de 1,6 millones que debían haberse destinado a proyectos de cooperación en Nicaragua y que, en parte, fueron a parar a la adquisición de pisos en Valencia. Ahora la Fiscalía reclama doce años de prisióny treinta de inhabilitación para Blasco por malversación más otros cuatro por asociación ilícita. La petición de pena es similar que la que exige la Generalitat como acusación particular: 17 años y cuatro meses en total. Para Tauroni, Anticorrupción exige 19 años de prisión por malversación, prevaricación, falsedad, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Para Marc Llinares solicita 16 años. En total, la Fiscalía sumar penas de más de 167 años a la sombra para una veintena de investigados.

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