Anticorrupción pedirá el procesamiento

La inacción de Génova aboca al PP a ser el primer partido procesado por blanqueo

Anticorrupción y el juez de Taula ultiman la instrucción para sentar en el banquillo a nueve concejales populares en Valencia y al partido como persona jurídica responsable del delito

Foto: La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con la presidenta regional del PP valenciano, Isabel Bonig. (EFE)
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con la presidenta regional del PP valenciano, Isabel Bonig. (EFE)

El Partido Popular va camino de ser la primera formación política española procesada judicialmente por blanqueo de capitales. Lo hará dentro del marco de la operación Taula, la macrocausa dividida en varias piezas que investiga una trama generalizada de mordidas, financiación ilegal y amaño de obras en la formación conservadora en la ciudad y en la provincia de Valencia, tanto a través del ayuntamiento como de la diputación.

El juez de primera instancia que instruye la operación Taula, Víctor Gómez, está a punto de cerrar la investigación de la pieza que reveló la existencia de una presunta trama de financiación irregular de las campañas de la formación conservadora en la ciudad de Valencia, desde la de 2007 hasta la de 2015. Por esta última, están imputados nueve concejales y varios asesores del grupo municipal por haber blanqueado presuntamente 50.000 euros de procedencia ilícita mediante falsas pequeñas donaciones de 1.000 euros por trasferencia bancaria que después les fueron retornados con billetes de 500 euros.

La Ley de Blanqueo de Capitales y su reglamento obligan a tomar medidas internas cuando hay sospechas de delito

El Juzgado de Instrucción número 18 está a la espera de un último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referente a la financiación irregular a través de la firma Laterne Product Council (LPC) de la campaña local de 2007 del PP, encabezada por la fallecida Rita Barberá. Una vez recibido este documento, comenzará a correr el reloj de la apertura de juicio oral, probablemente por transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, algo que podría ocurrir después del verano, según han señalado fuentes judiciales a El Confidencial.

Agentes de la UCO, con Alfonso Rus, cuando estalló la operación Taula en febrero de 2016. (EFE)
Agentes de la UCO, con Alfonso Rus, cuando estalló la operación Taula en febrero de 2016. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción procederá a elaborar su escrito de calificación como acusación principal. Y el PP, como persona jurídica con un único CIF, tiene todos los números para aparecer como encausado por blanqueo de capitales. No por haber sido ejecutor material del mismo (aunque sí beneficiario), sino por su inacción a la hora de prevenirlo, evitarlo y destaparlo, como establecen la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de 2010 y su posterior reglamento, publicado en el BOE en mayo de 2014. A estas alturas, solamente alguna maniobra jurídica de última hora del letrado del PP, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, podrá evitar que las siglas del partido de Mariano Rajoy se sienten en el banquillo.

Durante la fase de instrucción, ha quedado en evidencia que el expediente informativo que la dirección nacional del Partido Popular abrió a los concejales y asesores del grupo municipal de Valencia investigados en la causa fue un mero trámite político del que no se derivó ninguna consecuencia. No hubo indagaciones, ni interrogatorios y, menos aún, algún tipo de decisión disciplinaria por parte del comité de derechos y garantías. Únicamente se dio por buena la petición de suspensión cautelar de militancia solicitada por los propios investigadores. Los ediles siguen formando parte del grupo popular, y Génova solamente ha comunicado al instructor que tiene previsto tratar de desplazarlos de su puesto cuando se abra juicio oral, como establecen sus estatutos.

La exsecretaria del grupo popular en Valencia María Carmen García Fuster está en el centro de la trama.
La exsecretaria del grupo popular en Valencia María Carmen García Fuster está en el centro de la trama.

La actual presidenta regional del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, se ha posicionado a favor de que los imputados abandonasen sus puestos. Sin embargo, el fallecimiento de Rita Barberá pocos días después de pasar al grupo mixto en el Senado tras ser investigada a raíz de la misma causa, pero en el Tribunal Supremo (era aforada), congeló todos los procedimientos internos. Los populares llevan desde febrero de 2016 imputados por lavar la caja B del grupo que comandaban Barberá, su mano derecha, Mari Carmen García Fuster, y, anteriormente, Alfonso Grau.

Esta pieza se vio ampliada posteriormente cuando aparecieron nuevos indicios de financiación irregular en la campaña de Barberá en 2007 a través de la empresa de comunicación y eventos LPC.

La pieza de los zombis, a punto de caramelo

Otra de las piezas cuya instrucción está casi cerrada es la denominada de 'trabajadores zombis’ de la empresa pública Imelsa. El juez investiga delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental en la mercantil de la Diputación de Valencia por mantener en plantilla y pagar nóminas a un grupo de personas que no acudían a trabajar. Esta se perfila como la primera causa que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus y a gran parte de su equipo en la diputación provincial. Rus está siendo investigado también por la adjudicación de obras de la corporación que presidía y por el uso del equipo de fútbol Olímpic de Xàtiva para blanquear fondos. Además, otra de la piezas indaga en si se amañaron contratos de obras a cambio de comisiones de la empresa autonómica de construcción de colegios Ciegsa.

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