Del CSIC francés al paro: así está matando la burocracia a la universidad española

María José Sánchez tiene un currículo que epata. Tras licenciarse y doctorarse en Farmacia por la Universidad de Valencia con premio extraordinario, inició su travesía investigadora en el Centre Nacional de Recherche Scientifique (CNRS) en Estrasburgo, el CSIC francés, donde concentró sus esfuerzos en estudiar el comportamiento en el cerebro del párkinson y formó parte durante dos años de un equipo financiado por la Michael J. Fox Fundation. Habla castellano, catalán, francés e inglés. En su larga carrera de obstáculos por consolidar un puesto como docente e investigadora universitaria, en 2014 concursó con éxito para un puesto de profesora ayudante doctor (PAD) en la Universidad Jaume I de Castelló, donde estuvo 12 meses dando clases. Un año después, pensó que por fin podría volver a ejercer su profesión de neurocientífica en su tierra y probó suerte en un concurso para otra plaza de PAD en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia.

Esta es la historia de cómo un entramado administrativo puede tirar piedras sobre su propio tejado por un presunto 'garantismo'

Todo fue bien hasta que Sánchez Catalán se topó con el muro de la burocracia universitaria que, de golpe, ha cercenado su carrera como docente-investigadora en centros de enseñanza superior.

La suya es la historia de cómo un entramado administrativo puede paradójicamente tirar piedras sobre su propio tejado en aras de un presunto 'garantismo'. La investigadora, de 33 años, resultó ganadora en primera instancia en septiembre del año pasado del concurso para la plaza en Valencia al obtener mejor puntuación que otros dos aspirantes. Según explica ella misma, ante las necesidades de la Facultad de Farmacia, fue urgida a incorporarse a la docencia antes de que el concurso se resolviera de manera firme, por lo que tuvo que renunciar a su plaza en Castellón. El 26 de septiembre ocupó su puesto. Por delante estaba la expectativa de disfrutar de un contrato de cinco años previo a la consolidación definitiva del puesto.

Y la cosa empezó rodada. La doctora en farmacia no solamente comenzó las clases a más de 200 alumnos. También se sumó a un equipo de investigación del departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica que comenzó a estudiar cómo en determinados ratones las feromonas sexuales pueden activar los mismos circuitos cerebrales de transmisión de dopaminas que drogas como el alcohol. Este trabajo llevó al equipo a lanzar en marzo una publicación científica en la revista ‘Frontiers in Neuroanatomy’, un logro que incluso fue publicitado por la propia universidad a través de sus servicios de comunicación.

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Un mes antes, la propia oficina de proyectos internacionales (OPI) de la universidad había facilitado a Sánchez Catalán los certificados necesarios para solicitar una ayuda de casi 60.000 euros a la fundación de Estados Unidos Brain and Behavior Research que, sumada a otra de 15.800 euros de la Generalitat, le iban a permitir financiar sus investigaciones sobre los circuitos de la dopamina y sus efectos sobre el párkinson. Se trata de proyectos que se solicitan a título personal, según sostiene la investigadora.

Lo que no sabía Sánchez Catalán era que, mientras la mano izquiera de la universidad daba publicidad a sus trabajos y la respaldaba en su búsqueda de vías alternativas de financiación, la mano derecha, la administrativa, había sentenciado su salida. El 27 de diciembre, el departamento de Recursos Humanos había dictado una resolución en la que contradecía la decisión de la comisión de selección, que había rechazado además en octubre un primer recurso de otro de los aspirantes. Este segundo candidato había presentado un certificado de la Universidad Miguel Hernández de Elx con 261,5 horas de docencia impartida durante 48 meses en virtud de una beca-precontrato de Formación del Profesorado Universitario (FPU), lo que le daba más puntos en el concurso.

Sin embargo, el rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, no había firmado la resolución modificando el resultado del concurso hasta el 14 de marzo. Sánchez Catalán recibió la notificación de su cese ocho días después, el 22 de marzo, tres meses después de la resolución y, paradójicamente, el mismo día en que los servicios de comunicación universitarios se hacían eco de la publicación de su estudio científico.

“Tengo una enorme sensación de precariedad. Han arruinado totalmente mi trayectoria”, dice la investigadora Sánchez Catalán

Sánchez Catalán está ahora fuera de la universidad. Sin plaza en Castellón, a la que tuvo que renunciar, ni en Valencia. Su proyecto investigador sobre el párkinson estancado y la financiación de más de 75.000 euros solicitada se perderá porque no podrá aceptarla si se la conceden. Varias semanas después de su 'cese', esta doctora en farmacia logró encontrar un empleo en la Fundación Fisabio de investigación biomédica de la Generalitat, temporal y con condiciones económicas inferiores, pero ha visto cercenada de cuajo su carrera docente e investigadora-universitaria. “Tengo una enorme sensación de precariedad. Han arruinado totalmente mi trayectoria”, explica a El Confidencial.

La investigadora sostiene, además, que la resolución del departamento de Recursos Humanos no es válida porque los certificados de la Universidad Miguel Hernández que ha aportado el otro aspirante son irregulares. La Universidad de Valencia se limita a defender el procedimiento de selección y sostiene que no puede poner en duda un certificado que llega de otro centro. “Lo pone en el BOE; no se pueden dar más de 120 horas de docencia con una beca FPU. He puesto esto en manos de los tribunales en un contencioso-administrativo y no sé cuándo se resolverá. Yo voy a pelear lo que creo que es mío. Pero para entonces el daño ya será irreparable”, afirma Sánchez Catalán.