El Tribunal de Cuentas pone la lupa en los sucesores de Fabra en la Cámara de Castellón

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado “indicios de responsabilidad contable” en la gestión económica de la Cámara de Comercio de Castellón tras haber recibido de la Sindicatura de Cuentas valenciana un informe elaborado por la exsecretaria general de la entidad castellonse en el que relataba posible pagos irregulares. Tras estudiar los documentos, el fiscal ha puesto los hechos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda, que debe ahora nombrar un delegado instructor para reclamar documentación a las partes y decidir si sigue adelante con este procedimiento, según han confirmado a El Confidencial fuentes del Tribunal.

La ex secretaria general de la Cámara, María Jesús Arenós, remitió en diciembre del año pasado un amplio escrito a la Sindicatura de Cuentas en el que detallaba trasferencias presuntamente irregulares de fondos en marzo de 2014 a una sociedad denominada Jesús Ramos Abogados, ligada al abogado que actualmente ejerce la labor de secretaría. El dinero salió de un préstamo de 200.000 euros otorgado por Bankinter y negociado por el propio Jesús Ramos, “que se iba a destinar para que la Cámara se pusiera al día en sus obligaciones con sus trabajadores, puesto que, durante un año, las nóminas no se han pagado de manera puntual”, dice el escrito presentado en la Sindicatura de Cuentas.

Ramos es una persona de confianza de la presidenta de la Cámara de Castellón, María Dolores Guillamón, que comenzó a colaborar con la institución tras la renuncia en diciembre de 2013 de Carlos Fabra como secretario general, después de ser condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda. Arenós fue su sustituta en el cargo, pero pronto comenzó a discrepar de algunas de las decisiones de Jesús Ramos, letrado contratado como asesor externo por decision del comité ejecutivo presidido por Guillamón, afín a Fabra.

La Cámara de Castellón niega las irregularidades y atribuye las denuncias de Arenós, despedida por razones disciplinarias, a un "despecho"

Entre otras cuestiones, los abonos realizados a una de las sociedades de Ramos llevaron a Arenós a comunicarse vía burofax con la entidad para la que trabajaba para dejar constancia de sus discrepancias, según su versión. “El problema que se presenta en este caso es el de la utilización de fondos de una corporación de derecho público para pagos a empresas afines y con los mismos administradores, sin ningún control”, según reza en el informe analizado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

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Víctor Romero. Valencia

La Cámara de Castellón niega la existencia de irregularidades y atribuye las denuncias de Arenós, a la que califica como "ex empleada despechada", a una revancha por su despido disciplinario y a un intento de condicionar la marcha de las demandas que ha interpuesto por modificación de condiciones de trabajo, despido improcedente y hostigamiento psicológico. La ex secretaria general sostiene que fue apartada del puesto por cuestionar las decisiones del comité ejecutivo (el propio Ramos ha terminado asumiendo el cargo de secretario general a tiempo parcial) y finalmente fue despedida el 9 de noviembre del año pasado con un expediente disciplinario.

Primer juicio perdido

Por el momento, el juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha rechazado el primero de sus requerimientos judiciales, en el que reclamaba que su degradación como secretaria general a técnico de base fuese considerada contraria a la legislación laboral.

La Cámara de Comercio de Castellón ha sido el último reducto del condenado Carlos Fabra. Cuando se vio obligado a abandonar su puesto como presidente de la Diputación por la presión política de sus causas judiciales, regresó a su puesto tras casi veinte años. Con Guillamón en la presidencia, Fabra recibió dos trasferencias bancarias en noviembre de 2012 y enero de 2013 al margen de su nómina por importe de 60.000 euros que la entidad atribuye a “anticipos salariales” y que asegura que devolvió seis meses después.

El propio Fabra admitió en su cuenta de Facebook esos cobros, que se produjeron cuando tenía los bienes embargados por orden judicial, y que justificó como "un préstamo a cuenta de mi sueldo", según publicó Levante-EMV. Ni Fabra ni la Cámara han detallado las condiciones en las que se produjo ese “préstamo” con dinero público y se han limitado a manifestar que se trata de una práctica a disposición de todos los empleados de la institución. Los anticipos de nóminas se produjeron en una entidad que tanto pocos meses antes como pocos después tuvo que acometer expedientes de regulación de empleo (ERE) ante su incapacidad para afrontar el total de sus gastos ordinarios.