ley de función de la VIVIENDA y ley de pobreza energética

Expropiación de pisos y sin cortes de luz: Valencia marca territorio a eléctricas y banca

El Consell del Botánico asume, tras una enmienda de Podemos, que la Ley de Función Social de la Vivienda puede colisionar con la legislación estatal y terminar en el Constitucional

Foto: Antonio Montiel, Ximo Puig y Mónica Oltra. (EFE)
Antonio Montiel, Ximo Puig y Mónica Oltra. (EFE)

Las Cortes Valencianas han marcado este miércoles el territorio a bancos y compañías eléctricas con la aprobación de dos leyes de carácter social que contemplan intervenir en el mercado en el caso de desahucios o intentos de cortes de suministro energético a familias en situación de vulnerabilidad.

El Parlamento autonómico ha debatido y aprobado la Ley para la Función Social de la Vivienda, que contiene en su articulado la obligación de bancos y grandes gestoras de pisos como la Sareb de aceptar alternativas de alquiler social en el caso de que hayan iniciado procedimientos de desahucio en vivienda habitual por impago de cuotas de hipoteca o de arrendamiento. Según el texto, “la Generalitat aplicará un alquiler social durante tres años, que no podrá superar el 25% de los ingresos de la unidad familiar salvo situaciones en las que los inquilinos no se puedan hacer cargo”.

El Consejo Jurídico Consultivo ha advertido de que la norma de Vivienda puede entrar en competencia con la ley estatal y acabar en el Constitucional

En el caso de que la entidad financiera se niegue a formalizar el contrato de alquiler con opción a compra, y la vivienda se quede sin ocupantes, “la Generalitat podrá iniciar un procedimiento expropiatorio del usufructo por interés social y necesidad de ocupación” por un plazo máximo de tres años y ponerla a disposición de sus ocupantes.

María José Salvador, 'consellera' valenciana de Vivienda y Obras Públicas. (EFE)
María José Salvador, 'consellera' valenciana de Vivienda y Obras Públicas. (EFE)

Estas medidas iban a quedar en suspensión ante la advertencia lanzada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC, el Consejo de Estado autonómico) de que podía entrar en contradicción con la ley estatal de Segunda Oportunidad aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy la pasada legislatura. Sin embargo, una enmienda presentada por Podemos ha eliminado esa suspensión del texto de la ley, lo que puede dar lugar a una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo central.

Este riesgo ha sido asumido por el Consell del Botánico de Ximo Puig y Mónica Oltra, que confía en que un PP en minoría se vea ahora obligado a aceptar “una Ley de Segunda Oportunidad” de verdad, señalan fuentes de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas que dirige María José Salvador.

Montiel: "Es vergonzoso que las Cortes debatan esta ley justo el día en el que está previsto que el precio de la electricidad supere los 100 euros"

La segunda ley aprobada este jueves en las Cortes y que afecta directamente a las compañías eléctricas y de distribución de agua es la llamada Ley de Pobreza Energética. El texto legislativo ha sido propuesto por Podemos y contempla, entre otras medidas, que las comercializadoras no puedan cortar el suministro a aquellos hogares que acrediten una situación de vulnerabilidad económica. Para poder hacerlo, deberán comunicar su intención al ayuntamiento correspondiente que, en colaboración con los servicios sociales, tendrá la última palabra.

En el caso de que la compañía eléctrica decida no someterse a este régimen, la Generalitat podrá acordar sanciones económicas que pueden ir desde los 3.000 a los 600.000 euros en el caso de cortes de suministro a familias acogidas a ayudas que no hayan pagado la factura, la no comunicación previa a los servicios sociales del corte o la reincidencia.

La nueva norma se ha aprobado con los votos a favor del PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos y la abstención del PP, que considera que la norma quedará en "papel mojado" al posponer todas las medidas previstas a un desarrollo reglamentario posterior en que se fijarán las ayudas que podrán recibir las familias que tengan problemas para hacer frente a las facturas de energía.

El líder valenciano de Podemos, Antonio Montiel ha calificado de "vergonzoso que las Cortes debatan esta ley justo el día en el que está previsto que el precio de la electricidad en el mercado mayorista escale por encima de los 100 euros" y ha criticado el “insostenible chiringuito de oligopolio” de las empresas.

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