El fiscal y el Estado piden tres años de cárcel a Olivas y Cotino por defraudar a Hacienda
La acusación insiste en que el expresidente de Bancaja cobró 580.000 euros por trabajos no realizados el mismo año que el Grupo Sedesa canceló deudas millonarias con la caja
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado este miércoles tres años de cárcel para el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino por la comisión de un delito de fraude fiscal. En la jornada de conclusión del juicio contra ambos que se celebra en un tribunal de primera instancia en Valencia, la acusación ha insistido en que ambos consignaron como gasto deducible del Impuesto de Sociedadesdel Grupo Asedes (antigua Sedesa) una factura de 580.000 euros en favor de Imarol, una mercantil de Olivas y su mujer Mercedes Álvarez, por trabajos que nunca se realizaron.
De los testimonios de los encausados ha quedado en evidencia que Olivas ejerció de comisionista para los Cotino por favorecer sus intereses empresariales mientras compatibilizaba la presidencia de Bancaja, una entidad con la que Sedesa mantenía créditos millonarios. No en balde, algunas de las operaciones están siendo investigadas por después de que el equipo de José Ignacio Goirigolzarri en Bankia llevase a la Fiscalía préstamos y avales sospechosos de la etapa anterior a la nacionalización. LA Abogacía del Estado ha hablado de “favores inconfesables”, aunque en realidad no es esto lo que se ha juzgado, sino si el pago de 580.000 euros obedeció a una actividad real o no.
La causa surgió de análisis de la contabilidad de Sedesa en la investigación de pagos a Orange Market, la empresa del caso Gürtel comandada por Álvaro Pérez, por la presunta financiación irregular de actos del Partido Popular.
En su defensa para convencer al tribunal de que realmente la factura a Cotino estaba justificada, Olivas ha señalado que mantuvo encuentros con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, para negociar la venta del 45% de Proyectos Eólicos Valencianos, una firma concesionaria de parques eólicos en la Comunidad Valenciana, de la que Bancaja poseía el 20% y Sedesa (Asedes) otro 25%.
"Lo que estamos discutiendo no es que Sedesa quisiese deducirse gastos; Sedesa quería pagar al señor Olivas algo que no pueden confesar"
Finalmente fue Endesa la que ejercitó su derecho de adquisición preferente de acciones e igualó una oferta de Iberdrola (de la que Olivas era consejero). La operación se cerró en 2008 y generó a los Cotino una plusvalía de 39 millones de euros. “Pacté verbalmente con Olivas que si me ayudaba a conseguir un buen precio le pagaría medio millón de euros”, declaró Vicente Cotino en la primera jornada del juicio. El empresario confesó que recurrió a Olivas para desprenderse de su participación precisamente porque era consejero de la eléctrica y a la vez presidente de Bancaja.
En la jornada de este miércoles, el perito José Ándres Sánchez Pedroche, catedrático de derecho financiero y fiscal, ha defendido que no existe carga probatoria suficiente para afirma que Olivas cobró por nada. Para ello ha citado la existencia de correos electrónicos como prueba de que “el trabajo estaba justificado”. “No se ha identificado la infracción presuntamente cometida por Olivas”, ha señalado el catedrático en su testimonio solicitado por el acusado Vicente Cotino. Los abogados de la defensa han insistido en que las gestiones se realizaron y que la factura obedecía a las labores de intermediación con Ibedrola y Endesa.
Un exdirector de Agencia Tributaria como testigo
Sin embargo, los testimonios de los peritos han sido contradictorios. Los inspectores de Hacienda citados como testigos por la acusación sostienen justo lo contrario, que fueron terceras personas las que realizaron la gestiones de venta de la la participación en 2008 de Proyectos Eólicos Valencianos. “A Olivas solo le informaban por su cargo de presidente”, llegó a manifestar José María Meseguer, que fuedirector de la Agencia Tributaria y ha testificado convocado por la Abogacía del Estado. Un argumento que este miércoles ha reiterado la fiscal de delitos económicos en su exposición final. El abogado de Estado ha ido más allá: "Este no es un caso normal. Loque estamos discutiendo no es que Sedesa quisiesededucirse gastos;Sedesa queríapagar al señor Olivasalgo que no pueden confesar. Y la única formade pagar algo que no pueden confesar se tenía que documentar a través de un factura. Era la unica forma de justificarque saliera dinero de Sedesa y entrase en Imarol", ha manifestado dando a entender la existencia de un origen oscuro en la transacción.
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La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado este miércoles tres años de cárcel para el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino por la comisión de un delito de fraude fiscal. En la jornada de conclusión del juicio contra ambos que se celebra en un tribunal de primera instancia en Valencia, la acusación ha insistido en que ambos consignaron como gasto deducible del Impuesto de Sociedadesdel Grupo Asedes (antigua Sedesa) una factura de 580.000 euros en favor de Imarol, una mercantil de Olivas y su mujer Mercedes Álvarez, por trabajos que nunca se realizaron.