batalla contra el gran comercio

Compromís va ahora a por El Corte Inglés y Carrefour por los horarios comerciales

La Generalitat espera un informe jurídico para liquidar las aperturas en festivos en Valencia y Alicante. Un hachazo al régimen de libertad de horarios

Foto: El 'conseller' de Economía, Rafael Climent, de Compromís. (EFE)
El 'conseller' de Economía, Rafael Climent, de Compromís. (EFE)

Compromís prepara otro golpe a los intereses del gran comercio en la Comunidad Valenciana tras el bloqueo de Puerto Mediterráneo, el proyecto millonario que impulsa el consorcio británico IntuEurofund. La Conselleria de Economía que dirige Rafael Climent, afín al ala nacionalista de la coalición, está a la espera de un informe del Consejo Jurídico Consultivo para dar un hachazo al régimen de libertad de horarios en festivos del que ahora disfrutan las grandes enseñas de distribución en las ciudades de Valencia y Alicante. 

Se trata de una batalla que viene de atrás. Desde que se produjo el cambio de Gobierno tras las elecciones autonómicas y municipales de 2015, la formación valencianista ha tratado de tirar para atrás la aplicación de la Ley de Comercio estatal, que declara las dos capitales como zonas de afluencia turística. En virtud de ese texto legislativo, la exalcaldesa popular Rita Barberá abrió la mano y declaró la libertad de horarios en varias áreas de Valencia, lo que en la práctica permitió a grandes superficies como El Corte Inglés o Carrefour abrir sus puertas todos los domingos y festivos.

Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en la última junta general de accionistas. (EFE)
Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en la última junta general de accionistas. (EFE)

Esta decisión fue el detonante de una polémica con las grandes superficies y centros comerciales del resto del área metropolitana, que denunciaban un trato discriminatorio y un ataque a la competencia. El Gobierno autonómico del PP de Alberto Fabra trató de mitigar el malestar ampliando los festivos aperturables a 10 para el resto de municipios e introduciendo una normativa propia para zonas turísticas. Sin embargo, esto no evitó que algunos centros comerciales recurriesen a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para denunciar una vulneración de la Ley de Unidad de Mercado. La CNMC incluso elevó una denuncia contra la Generalitat por impedir la igualdad en las aperturas entre los comercios de las ciudades y los de su entorno metropolitano.

Este es el escenario que se encontró Compromís cuando asumió la alcaldía de Valencia con Joan Ribó y la Conselleria de Economía y Comercio con Rafael Climent. Su voluntad desde el primer momento fue acabar con esa pugna entre grandes superficies por la vía de restringir horarios en las grandes ciudades. Así, promovió un primer acuerdo para reducir las áreas aperturables en Valencia y Alicante, cuyo alcalde, Gabriel Echévarri, del PSPV-PSOE, aceptó a regañadientes.

La paz acordada con las grandes superficies asociadas a la patronal Anged duró muy poco. Un informe de la Abogacía de la Generalitat alertó de posibles dudas jurídicas en los acuerdos, lo que tiró por tierra los compromisos. Esta situación motivó una crisis grave entre el 'conseller' de Compromís y su número dos, la socialista María José Mira, favorable a una liberalización pactada con los sindicatos. Mira ha terminado saliendo del departamento para trasladarse a Hacienda en la minirremodelación del segundo escalón que Ximo Puig y Mónica Oltra ejecutaron el pasado verano.

Compromís justifica su posición contra la libertad de horarios en la defensa del pequeño comercio y los derechos laborales de la plantilla del gran comercio

Climent y su equipo, principalmente el director general de Comercio, Natxo Costa, están a la espera ahora de un nuevo informe del Consejo Jurídico Consultivo (órgano independiente de la Generalitat) que les autorice a anular las declaraciones de zonas de gran afluencia turística (ZGAT), algo que podría ocurrir en pocas semanas. Su objetivo es limitar la libertad horaria de El Corte Inglés y el centro Maisonnave en Alicante y de los principales centros comerciales de Valencia, incluyendo los de la enseña que preside Dimas Gimeno y también a Carrefour o centros como Aqua, El Saler o Nuevo Centro. Según los planes que maneja Economía, sólo disfrutarían de libertad el centro MediaMarkt y el Hipercor que están en la zona de Ademuz y tienen una sentencia judicial a su favor. La permanencia de esta única ZGAT serviría de coartada para cumplir con la Ley de Comercio estatal.

La restricción horaria, que Compromís justifica en defensa del pequeño comercio y los derechos laborales de los empleados, ha sido también cuestionada por la CNMC en cartas dirigidas a la Generalitat y se producirá poco después de la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente, también controlada por Compromís (en este caso por los Verdes), de informar de manera desfavorable sobre Puerto Mediterráneo. Este proyecto es un megacentro comercial y de ocio de 860 millones de inversión que generaría 4.000 empleos, según sus promotores, el gigante británico Intu y el fondo de inversión Eurofund.

Simulación del proyecto Puerto Mediterráneo.
Simulación del proyecto Puerto Mediterráneo.

Los empresarios trasladan la queja a Ximo Puig

Este martes, el bloqueo burocrático de la iniciativa le ha valido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el reproche en privado y en público de la Asociación Valenciana de Empresarios, que lideran Vicente Boluda y Juan Roig. En rueda de prensa tras un almuerzo de trabajo entre la junta directiva del influyente 'lobby' patronal y el 'president' valenciano, Boluda ha explicado que los presentes se habían “quejado arduamente” de la decisión. “Rechazar 6.000 puestos de trabajo de la noche a la mañana es duro”, ha afirmado, para dirigir las baterías hacia Compromís al añadir: “La composición del Gobierno actual valenciano es una composición complicada”.

Ximo Puig sobre Puerto Mediterráneo: "Esas cosas pueden reconsiderarse si se consideran desde el inicio y se hacen de otra manera"

Puig ha tratado de sortear las quejas dejando una puerta abierta, al manifestar que el proyecto de inversión "ha acabado donde han dicho los técnicos que debía acabar". "¿Eso quiere decir que no para siempre? Yo creo que esas cosas pueden reconsiderarse si se consideran desde el inicio y se hacen de otra manera", ha agregado en declaraciones recogidas por Europa Press. 

IntuEurofund no renuncia a su proyecto. Ha invertido varios millones de euros en su preparación y cree que el emplazamiento es el adecuado. De momento, no descarta dar la batalla jurídica y reclamar las indemnizaciones correspondientes. El problema es que volver a la casilla de salida tiene unos costes y significa aplazar cualquier cronograma varios años hasta conseguir todos los beneplácitos administrativos.

"Hay una desviación de poder y un desprecio de la seguridad jurídica"

El inverso británico IntuEurofund emitió este martes por la tarde un escrito en que denuncia que la decisión de la comisión de evaluació ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de informar desfavorablemente al proyecto de Puerto Mediterráneo supone "una clara desviación de poder y un absoluto desprecio de la seguridad jurídica". El promotor rebate de forma técnica los argumentos que el departamento controlado de Compromís arguye para bloquear el proyecto y explica, por ejemplo, que ha realizado las modificaciones relativas a accesos que señalaron informes del Ministerio de Fomento y de la Conselleria de Vivienda. También niega que existan análisis técnicos que detecten efectos negativos sobre la calidad del aire derivados de la mayor intensidad de gráfico y sostiene que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar ha certificado que existe disponibilidad hídrica tanto para el abastecimiento humano como para atender la demanda de usos no potables, al contrario de lo que ha señalado la comisión de evaluació ambiental.

"Se ha emitido un memoria ambiental desfavorable de manera arbitraria, sin justificación técnica y en contra de los informes técnicos existentes en el expediente", asesta IntuEurofund, que admite que la Conselleria de Medio Ambiente todavía no le ha dejado acceder al dictamen. "No existen argumentos sólidos para concluir que la actuación no promueva un desarrollo sostenible"

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