Los agujeros negros existen, son la ruina de los grandes proyectos de ocio valencianos

Radiografía de un pozo sin fondo. Así podría resumirse el contenido de los informes de auditoría de empresas públicas recogidos en la Cuenta General de la Generalitat valenciana que acaba de publicar la Conselleria de Hacienda. El retrato contable y financiero actualizado de los grandes proyectos arquitectónicos y de ocio que deslumbraron (algunos siguen haciéndolo hoy) al conjunto de los españoles por la audacia de sus diseños y la osadía de sus promotores no puede ser más desalentador. Pasarán años, puede que hasta dos o tres generaciones, antes de que las arcas autonómicas puedan digerir el volumen de deuda, quebrantos económicos y consecuencias judiciales de iniciativas que, incluso, están condenadas a desaparecer, como puede ser la Ciudad de la Luz de Alicante.

El principal icono de la ciudad de Valencia no escapa a ese diagnóstico, aunque su papel tractor en el sector turístico y el valor de eso que ahora llaman ‘posicionamiento’ quizás compense su mochila crematística. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, el complejo diseñado en su mayor parte por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, es un gran paquidermo enfermo enchufado al gotero de la asistencia financiera de la Generalitat. Detrás del color blanco y azul de sus edificios hay una cuenta de pérdidas y ganancias en números rojos que el año pasado alcanzó los 100 millones de euros.

Los auditores se han negado a emitir opinión sobre las cuentas de 2015 del Aeropuerto de Castellón, Proyectos Temáticos o la Ciudad de la Luz

Es lo que dice Auren Auditores, que ha advertido un año más que la sociedad pública (Cacsa) es un ‘zombi’ en términos mercantiles, pues su patrimonio neto es inferior a los dos tercios de su capital capital social. O lo que es lo mismo: la empresa está en situación de disolución o quiebra técnica. Con un fondo de maniobra negativo de 352 millones de euros, la supervivencia de Cacsa depende de las aportaciones periódicas de su accionista único y avalista, la Administración autonómica. Y lo que es más grave, el agujero no es producto exclusivamente de las obligaciones financieras y amortización de deuda. La Ciudad de las Ciencias, que cada año recibe a millones de visitantes, es incapaz de monetizar esa presencia. Su resultado de explotación sigue siendo negativo, con unos escasos 22 millones de euros de ingresos de cifra de negocio.

La Ciudad de las Ciencias presenta paralelismos con otro de los productos de los años de grandes inversiones con cargo a crédito barato de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. El Circuito de Cheste también ha sobrevivido al tsunami de la crisis, genera actividad y se ha hecho imprescindible en su segmento como sede de uno de los grandes premios de motociclismo. Pero su cuenta de explotación es otro sumidero por el que el año pasado se fueron 5,7 millones de euros de pérdidas tras ingresar apenas ocho millones. La sociedad se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial y el fondo de maniobra es negativo en 11,8 millones de euros. “Estas condiciones indican la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones”, se atreve a escribir Luis Alberto Moreno, socio de Auditoría de Auren.

El caso del Circuito, una referencia en el mundo del motor, es preocupante porque se desconoce cuáles son las consecuencias del incumplimiento del contrato de celebración de los grandes premios pactados con Formula One Administration Limited, la sociedad de Bernie Ecclestone, con la que Francisco Camps pactó varias ediciones del evento automovilístico. Las de 2013 y 2014 ya no se celebraron por insuficiencia presupuestaria pero el contrato con Valmor, cuyo traspaso al Circuito está siendo investigado por los tribunales, preveía sanciones de hasta 36 millones al año por ello. El auditor se confiesa incapaz de determinar qué consecuencias puede tener para la sociedad una bronca judicial con el patrón de la Fórmula 1.

El quebranto es de tal magnitud que pasarán varias generaciones antes de que la Administración autonómica pueda desprenderse de esta hipoteca

Por supuesto que el Circuito de Cheste no cerrará. Como señala Auren, la continuidad depende de las aportaciones periódicas que realiza la Generalitat, ahora en manos del socialista Ximo Puig y de Mónica Oltra, de Compromís, en cuyos planes no entra echar el cerrozajo al recinto.

Y Russell Bedford dijo: "Por aquí no paso"

Lo que sí está cerrado a cal y canto es la Ciudad de la Luz de Alicante. Tras el fracaso de la subasta ordenada por Bruselas tras considerar ilegales los 265 millones de fondos públicos recibidos, Puig y su conseller de Hacienda, Vicent Soler, han decidido disolver la sociedad y traspasar activos y pasivos a su matriz, la también pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV). El embrollo económico-financiero-jurídico de esta mercantil es de tal nivel, que su auditor, Russell Bedford, se ha negado a emitir una opinión sobre las cuentas de 2015.

Ya no se trata solo de que la participación en la Ciudad de la Luz, valorada en 95 millones, esté “totalmente deteriorada”, sino que además hay una considerable incertidumbre sobre el efecto que tendrá en los balances la inminente decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre los costes de las indemnizaciones que aún deben desembolsarse a numerosos expropietarios de terrenos sobre los que se construyó el complejo cinematográfico. Una sentencia de Tribunal Supremo de 2011 anuló las expropiaciones y queda por dilucidar el alcance de las compensaciones económicas.

Una situación similar ha experimentado Alejandro Martínez Gómez, socio de ATD Auditores Sector Público SL, que, a la vista de la insuficiencia de datos proporcionados por la empresa y las incertidumbres que genera en el valor de los activos la infrautilización de sus recursos, se ha negado a emitir una opinión de las cuentas del Aeropuerto de Castellón (Aerocas). Sobrevaloración de activos, cifras de pasajeros irrisorias y fuera de cualquier planificación, un fondo de maniobra negativo de 126 millones de euros y una situación de quiebra técnica parecen motivos suficientes como para que a uno le tiemble el pulso a la hora de firmar un informe de auditoría, que para eso ha superado las exigentes pruebas de censor de cuentas.