Gran coalición en Valencia... para blindar el sueldo de los expresidentes autonómicos

Socialistas y populares han votado este jueves conjuntamente contra una propuesta de Podemos para eliminar los privilegios de los expresidentes autonómicos y dejarles sin la posibilidad de ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu y, por tanto, disponer de salario público garantizado una vez fuera de su cargo. La negativa se produce después de varios meses de negociaciones entre las distintas fuerzas con presencia en las Cortes Valencianas, en las que este punto y el derecho a disponer de despacho y personal asistente han impedido el consenso.

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Víctor Romero. Valencia

La iniciativa para revisar el llamado Estatuto de Expresidentes había partido de Podemos y había llegado a suscitar acuerdos como el de suprimir cualquier privilegio en el caso de comportamiento poco ético o sentencia condenatoria. Sin embargo, la negativa de Podemos a renunciar a su posición de que los expresidentes no debían tener garantizado por ley un salario público, como le pedían el PSPV-PSOE y el Partido Popular, ha echado por tierra esos acuerdos. Finalmente, todos los grupos, incluidos Compromís y Ciudadanos, han votado en contra en la Cámara autonómica. Los podemistas que dirige Antonio Montiel también han rechazado su propia propuesta, por considerar que los cambios que se habían introducido en el texto eran insuficientes y no cubrían sus expectativas.

El actual régimen para los expresidentes autonómicos es producto de un acuerdo de 2002 negociado por el entonces responsable de la Generalita, Eduardo Zaplana, y su antecesor, el socialista Joan Lerma. La norma buscaba imitar otros modelos similares, como el que José Bono había aprobado en Castilla-La Mancha o el de la Comunidad de Madrid. Actualmente, solo Francisco Camps disfruta plenamente de estos privilegios, pues cobra un salario como miembro nato del CJC y dispone de coche oficial con chófer y secretaria. Mantener a Camps y sus dádivas cuesta unos 140.000 euros anuales al erario público. Alberto Fabra cobra como senador, al igual que Lerma, pero el último presidente del PP sí hizo uso de una parte de sus derechos y colocó a su antigua asesora y exsecretaria autonómica Esther Pastor con un salario de 48.000 euros.

El actual 'president', Ximo Puig, como también hizo su 'padre' político, Joan Lerma, siempre ha sido partidario de mantener el colchón para los expresidentes, por considerar que podían tener problemas para reubicarse una vez fuera del cargo por la legislación de incompatibilidades y porque cree que pueden jugar un papel institucional de respaldo a la Generalitat una vez fuera de su puesto.

La portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, lamentó que el texto haya perdido su "esencia" y la "oportunidad histórica" de acabar con los "privilegios" planteados por el PP y el PSOE para los expresidentes, como la "gran puerta giratoria" para pasar de la presidencia del Consell al Consell Jurídic Consultiu (CJC), señaló en declaraciones recogidas por EFE.

Del revanchismo a la puerta giratoria

El socialista Manuel Mata ha rechazado que el CJC sea ninguna puerta giratoria, pues si un 'expresident' no tiene otro salario público ni privado, no es "ninguna barbaridad" que esté allí. El diputado del PP José Juan Zaplana ha indicado que Podemos quiso legislar sobre el "revanchismo político" y ahora tiene que asumir su "derrota". Ha resaltado que habían llegado a varios acuerdos y solo existían dos puntos de disensión: el papel de los 'expresidents' en el CJC y la oficina permanente para estos.

Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha destacado que el "trasfondo" de este tema es definir primero el papel de los 'expresidents' y luego ver si necesitan retribuciones o medios. El parlamentario de Ciudadanos Antonio Subiela ha considerado que a los expresidentes no hay que buscarles una "jubilación encubierta"