La UCO investiga el sobrecoste (+70%) de Acciona en la Ciudad del Deporte de Xátiva

La operación Taula sigue viva y en fase de investigación por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Agentes de la UCO, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se personaron este lunes en el Ayuntamiento de Xàtiva para reclamar contratos y expedientes de obras públicas de la etapa en la que era alcalde el expresidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Alfonso Rus. Durante varias horas, desde las 11:00 hasta las 20:30, los investigadores escrutaron documentos relacionados con varias empresas contratistas, entre ellas el gigante español de la construcción y la ingeniería Acciona.

Según ha podido saber El Confidencial, los agentes reclamaron en concreto los expedientes relativos al contrato de la denominada Ciudad del Deporte, una obra que el consistorio valenciano adjudicó a Acciona en el año 2007 con un presupuesto inicial de siete millones de euros, pero cuyo impacto sobre las arcas municipales terminó disparándose a 12 millones de euros, con un sobrecoste superior al 70%. Los últimos desembolsos, por un millón de euros, tendrá que hacerlos en breve el consistorio setabense, ahora en manos del socialista Roger Cerdà, si se confirma una sentencia que le obliga a pagar un millón de euros a la adjudicataria por certificaciones de obra heredadas de la etapa de gestión de Rus, que la empresa había reclamado por vía judicial al anterior alcalde. De hecho, las actuaciones de la UCO han cogido por sorpresa a Acciona, que no ha recibido todavía notificación ni le ha sido reclamada ninguna documentación.

La acción policial se enmarca en la instrucción de las piezas de la operación Taula​ que todavía siguen secretas. Fiscalía y la UCO investigan el alcance de una trama de mordidas a cambio de contratos de obras y servicios públicos liderada por Rus que presuntamente cobraba el 3% del importe de adjudicación, un dinero que habría servido para financiar de manera irregular al Partido Popular de la provincia de Valencia.

La plaza de Toros y Llanera

Entre los expedientes que los agentes de la UCO reclamaron en el registro de este lunes, figura también el contrato de limpieza viaria que el ayuntamiento entregó en 2012 a la firma Ingeniería y Diseños Técnicos (Inditec), una sociedad participada por el madrileño Grupo Ortiz, que no tiene vinculación con el empresario alicantino Enrique Ortiz. De hecho, este conglomerado empresarial ganó un pleito al empresario alicantino por el nombre de la compañía que obligó al también procesado en el caso Gürtel a modificar su denominación corporativa a Grupo Cívica. Inditec no ha recibido todavía ninguna comunicación ni requerimiento de documentación por parte de la UCO o la Fiscalía.

Inditec se hizo en 2012 con este servicio, que hasta entonces y durante casi una década había prestado en la ciudad FCC. La firma ahora en manos de Carlos Slim tampoco se ha librado de verse salpicada por los tentáculos de la trama Rus. Tal como relató El Confidencial, un empresario que aspiraba a albergar en sus terrenos un macrovertedero en la localidad valenciana de Llanera de Ranes ha implicado en un caso de intento de soborno al delegado de FCC en la Comunidad Valenciana, Salvador Otero, y ha denunciado que personas del entorno de Rus le pidieron tres millones de euros por garantizar que ganaría su oferta, algo que finalmente no ocurrió.

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Víctor Romero. Valencia

Otro de los expedientes que han suscitado el interés de la Guardia Civil es el de la polémica reforma de la Plaza de Toros de Xàtiva, en que participaron empresas de la familia Gallego (Llanera), la construcción de un centro cultural, la instalación de césped artificial en el campo Paquito Coloma o la construcción del aparcamiento de la plaza de La Bassa. Del mismo modo, los nombres de empresas como Franjuán o Asfaltos Guerola figuran en los expedientes requisados por los investigadores.

Alfonso Rus está imputado (ahora investigado, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en varias piezas de la operación Taula en las que se investigan los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. En mayo del año pasado, fue suspendido de militancia del PP y abandonó la presidencia provincial del partido, al ser vinculado con el supuesto cobro de comisiones ilegales. El pasado 26 de enero fue detenido -y puesto en libertad provisional dos días después- en el marco de la operación Taula contra la corrupción en varias administraciones controladas por el PP, un caso que ya tiene un centenar de imputados en sus distintas piezas.